Desde Periodismo de Izquierda conversamos con Mary Lara, mamá de Jonathan Maldonado, que en el 2013 fue golpeado por guardias de seguridad frente a dos policías y falleció unos meses después producto de esa golpiza; y con Claudio Malizzia, papá de Yamil Malizzia, quien falleció producto de una persecución policial. Ambos son parte de la Comisión Federal contra la Violencia Institucional y denuncian la grave situación de impunidad en Río Tercero frente a numerosos casos de violencia institucional.
Sostienen que la problemática “es muy profunda, muy grande y nos afecta a todas y todos. En el sentido de que son muchos casos, hay muchos casos, cada cual con sus matices porque no todos son gatillo fácil, pero sí están contemplados dentro de lo que entendemos como violencia institucional. Son casos de persecución, de golpizas que terminan en muerte y otros que están ligados al poder, donde no participan directamente las fuerzas policiales, pero tienen que ver con el encubrimiento, el entramado, que son sectores de poder, de alto poder adquisitivo, empresarios que están muy ligados y cuentan con la protección del poder judicial”.
El círculo de la impunidad
El dolor de haber perdido a sus hijos se profundiza cuando la respuesta del Estado es el encubrimiento, la revictimización y la impunidad. Claudio y Mary insisten en hablar en términos de violencia institucional y así lo explican: “Nosotros seguimos sosteniendo lo de la violencia institucional porque para nosotros es violento tener que recurrir a las instituciones, que las instituciones no nos respondan, que no nos contemplen, que no nos brindan respuestas. Estamos hablando de todas las instituciones, no estamos hablando solamente de la policía. La policía cumple su trabajo, su rol por lo cual cobran, que es adoctrinar, aleccionar a la sociedad, mantenerla atemorizada para que no levante la mano, para que no se queje, para que no reclame. Ellos hacen ese trabajo y bueno, lo suelen hacer bastante bien, en el sentido criminal de atemorizar a la gente, que de hecho la gente no se anima a denunciar”.
Con el paso del tiempo, en la lucha por obtener justicia se encontraron con un entramado político, policial y judicial que trabaja permanentemente para encubrir a los asesinos y garantizar la impunidad: “A los asesinos de nuestros hijos los mantienen en sus cargos, ni siquiera son imputados, los ascienden, les dan la posibilidad de seguir trabajando”.
Con fragmentos de información que van descubriendo a cada paso, reconstruyen el círculo de la impunidad en Río Tercero y los casos que parecían aislados se unen en un mismo relato: “Después del asesinato de Lucas Funes, Luciano Carnero -el asesino de Lucas Funes- es ascendido, o sea que pasa a ser jefe de Investigaciones, con lo cual tiene la investigación del caso a cargo. La investigación, los detalles, las pericias, absolutamente todo en sus manos, en manos del asesino”.
“Luciano Carnero, el asesino de Lucas Funes, no solamente tenía a cargo la investigación del propio asesinato que había cometido, sino que después tenía a cargo la investigación del asesinato de mi hijo, donde tenía que investigar a Javier Belmonte, que había participado en el asesinato de Lucas Funes con él”, denuncia Claudio y agrega un dato que ilustra el cinismo y el maltrato al que se enfrentan desde hace años: “Luciano Carnero tenía que investigar a Manuel Azcona por el asesinato de Yamil, pero en el año 2019 junto a Juan Manuel Azcona brindaban charlas sobre seguridad en los barrios de Río Tercero”.
A todo esto, agregan numerosas denuncias de hostigamiento y persecución que padecen los familiares que se animan a reclamar justicia por sus seres queridos asesinados.
El rol de los medios de comunicación
Pero la Justicia no fue la única que les dio la espalda a sus reclamos. Los familiares de las víctimas de violencia institucional de Río Tercero refieren también a la negativa de la prensa a comunicar estos casos: “No tenemos el apoyo de los medios de prensa, y cuando decimos apoyo no significa que tienen que hablar bien de nosotros, sino que tienen que darnos la oportunidad de hablar, de manifestar, de expresarnos, porque vemos que todo esto tiene características mafiosas, de crimen organizado, donde el sistema hace que la policía haga su trabajo de matar, la justicia su trabajo de encubrir, la política baja las órdenes y los medios ocultan, silencian”.
Crímenes no resueltos en Río Tercero
Los familiares destacan las dificultades que tienen para llevar adelante esta lucha por justicia en localidades alejadas de la capital provincial y la alarmante cantidad de casos que esperan justicia desde hace años en Río Tercero en particular: “Hay una cantidad de casos que han sido desatendidos y no han tenido respuesta nunca, han sido olvidados”.
A continuación, reproducimos la lista de víctimas por las que reclaman justicia:
1995 – Tania Soledad Bruno (IMPUNE)
2006 – Gastón López (IMPUNE)
2007 – Walter Peralta (IMPUNE)
2012 – Lucas Funes (IMPUNE). Con la particularidad de haber sobreseído en dos ocasiones al principal imputado, rechazada esta medida en otra instancia superior por la Cámara del Crimen de Villa María en virtud de la cantidad de pruebas obrantes, obviadas por la justicia de Rio Tercero.
2013 – Jonathan Maldonado. Asesinado en una discoteca por personal de seguridad ante la mirada de la policía (IMPUNE)
2014 – Mirta y Alejandro Villalón (IMPUNE). Con la particularidad de un juicio minado de irregularidades, ANULADO (hecho inédito) por el TSJ de la provincia donde se ordena un nuevo juicio fuera de la jurisdicción de Río Tercero.
2015 – Ismael Sosa (IMPUNE)
2018 – Yamil Malizia (IMPUNE)
2019: Luciano Butassi (IMPUNE)
Carlos Nieto (IMPUNE)
Jonathan Morales (IMPUNE)
Rodrigo C. (IMPUNE)
Aukha Bustos: atropellado por un policía alcoholizado en libertad tras asesinar a dos personas (Masacre Flia. Villalón).
2020 – Lorenzo Rodríguez (IMPUNE)
2020 – Julieta Dolman (IMPUNE)