Una adolescente de 15 años fue a denunciar abuso sexual a la policía y el efectivo que tomaba la denuncia también la violó.
Sucedió el 8 de junio, en la ciudad de La Carlota, Córdoba, donde la joven fue a denunciar a su padre biológico por abuso sexual cometido durante años.
Los dos hombres acusados están detenidos por los delitos de “abuso sexual con acceso carnal, reiterado, calificado y agravado por el vínculo” y “abuso sexual con acceso carnal agravado por la edad de la víctima”.
Este hecho no es un caso aislado sino que refleja la realidad a la que están expuestas las mujeres, en donde las fuerzas de seguridad son autores o cómplices de la violencia patriarcal, y la reproducen en vez de proteger a las víctimas. Como sucedió en otros casos, como el femicidio de Úrsula Bahillo en Buenos Aires o el de Ivana Módica en La Falda, cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad.
En lo que va del año, el informe actualizado del Observatorio Lucía Pérez registra 121 femicidios, es decir, uno cada 22 horas. Además durante todo el 2020 se recibieron 108.403 denuncias, con casi 300 llamados al día de los que solo 29.706 tuvieron alguna intervención del Estado¹. En otras palabras, solo el 27% de las víctimas obtuvieron respuesta, aunque no se informa si esas situaciones fueron resueltas.
Estas cifras demuestran que el gobierno no da soluciones concretas ni respuestas a las medidas urgentes y no destina el presupuesto necesario para garantizar las leyes que ya existen; por lo que las mujeres y disidencias pasan a ser ciudadanos de segunda. Tampoco alcanzan los cursos de género ni Ley Micaela para la policía si no se acompañan de una profunda democratización de estas instituciones, con control de organismos de DDHH, para que se cumplan.
¹https://www.argentina.gob.ar/generos/linea-144/informacion-estadistica
Trinidad Fernández