Encubrimiento, impunidad y una lucha que sigue abierta. Este viernes 6 de agosto se cumple un año del asesinato de Valentino Blas Correas a manos de la Policía de Córdoba. Sin embargo, la causa permanece abierta y continúa desnudando un entramado de encubrimiento y complicidades entre la policía, la Justicia y el gobierno.
Los hechos
En la madrugada del 6 de agosto, unos amigos salieron en un Fiat Argo desde la zona sur hacia plaza España en la capital cordobesa. Blas estaba en el auto. En el camino, el conductor se equivocó de ruta por Av. Vélez Sársfield. Cuando se dio cuenta del error decidió doblar en “U” sobre la avenida, en esa maniobra le corta el camino a dos motociclistas que iban detrás. Se produjo allí un intercambio y uno de los motociclistas pateó y rompió el espejo retrovisor del vehículo, después de eso siguieron camino y los chicos retomaron la ruta hacia el centro.
Luego, se encuentran con un control policial que deciden evadir. Al pasar el control, a las 00:17 horas, dos oficiales descargan 6 disparos apuntados a la luneta del auto en lugar de las ruedas, y uno de ellos termina hiriendo fatalmente a Blas. Los amigos siguen camino para pasar por la Clínica Privada Aconcagua, donde se niegan a atender al herido. Finalmente, el auto es interceptado en Chacabuco y Corrientes; para ese momento, Valentino Blas Correas ya había fallecido.
El encubrimiento policial
Desde esa misma madrugada, después de haber baleado el auto de los jóvenes, los policías involucrados en la balacera, cabo Javier Alarcón; cabo Lucas Gómez; Wanda Esquivel y Yamila Martínez estuvieron en contacto con comisarios y superiores a cargo del operativo. Recién pasadas las 5 am se hace entrega del procedimiento, horas después de la balacera. En plaza Las Américas, junto con los oficiales al mando, plantaron un arma no registrada. En la comisaría reinventaron los hechos. Declararon que los chicos del Fiat Argo habían querido asaltar a los motociclistas que se cruzaron en el camino y que iban armados. Luego, anotaron que un testigo desde un Ford Kinetic habría visto que los jóvenes “arrojaron algo” desde el auto sobre la rotonda de plaza Las Americas. Incluso la mamá de Blas denunció que se encontraron más de 50 oficiales limpiando la escena sin ningún perito o control de agentes de la Justicia.
Estos actos, contados por los oficiales, estuvieron bajo supervisión y dictado de tres altos jefes de la policía de Córdoba: comisario inspector Walter Soria, el comisario inspector Jorge Ariel Galleguillo y el subcomisario Enzo Gustavo Quiroga. Mentiras que fueron tiradas abajo por las declaraciones de los testigos y por distintas pruebas técnicas de video, llamadas, testimonios y confesiones que dejaron en evidencia toda una red de encubrimiento al interior de la policía y un método de funcionamiento verdaderamente mafioso.
Por estos hechos imputaron a más de 17 agentes de la policía de Córdoba, entre ellos varios jefes, por colaborar con el encubrimiento. Sin embargo, varios ya han sido sobreseídos de la causa, como el ex-comisario Gonzalo Cumplido, jefe de zona durante el asesinato de Blas, que hoy se presenta como precandidato a diputado nacional.
El silencio de Schiaretti
Frente a hechos tan graves y resonantes como los del asesinato de Blas, se esperaría no solo un avance rápido de la Justicia contra los responsables sino que también se tomen medidas integrales para acabar con los entramados mafiosos y de impunidad que atraviesan de punta a punta la institución policial. Sin embargo, desde el Panal el gobernador Schiaretti se mantuvo en silencio respecto al caso y se ha limitado a lanzar un nuevo protocolo de uso de armas de fuego, según el cual recién ahora se le avisa a la policía que disparar es solo para casos excepcionalísimos; se formó un nuevo organismo de “control policial” con funcionarios que ya eran parte de la policía y que a partir de ahora cobrarán lo mismo que los jueces del poder judicial: la policía controlándose a sí misma y con sueldos de privilegio. Por último, se reemplazó a la cúpula policial por una nueva jefa, Liliana Zárate, como una renovación de rostros a cargo del aparato policial. Medidas más que insuficientes ya que, como denuncia la propia familia de Blas, este no es el primer ni el último caso de gatillo fácil. Queda claro que esta forma de actuar de las fuerzas de “seguridad” no son excepcionales sino una política institucional y de Estado.
La salida que necesitamos
El caso de Blas conmociona. A un año de su asesinato continúan surgiendo nuevos cómplices y responsables del encubrimiento frente a un hecho dramático como lo es el Gatillo Facil, ya que a quienes delegamos nuestra seguridad y cuidado son quienes nos matan. Todo el entramado de corrupción alrededor de esta causa deja en evidencia que el problema no es el de uno o dos oficiales desubicados o mal- formados, sino que se trata de toda una institución que actúa de esta manera.
Por lo tanto, no alcanza con nuevos protocolos o con cambios de funcionarios. Hay que desmantelar toda esta organización mafiosa, haciendo que los comisarios y también los jueces y fiscales sean electos por voto popular y sean revocables si incumplen sus funciones. Necesitamos una fuerza preventiva, no represiva. Para ello, debe estar bajo estricto control de las y los vecinos, y organismos de Derechos Humanos. Se debe prohibir por ley la represión a la protesta social y castigar a quienes incumplan. Solo así vamos a alcanzar justicia por Blas, para que ningún pibe más sea víctima de la policía.
Justicia por Blas
A un año del asesinato de Blas, sin respuestas contundentes para la causa y con varios de los involucrados siendo sobreseidos, necesitamos redoblar la lucha por justicia en las calles. Por ello este viernes marchamos desde Colón y Gral. Paz a las 18 horas.
Lautaro Allassia