En la sesión del 11 de diciembre y de manera exprés se aprobó la creación de una nueva Procuración Penitenciaria en la provincia. Es su respuesta ante las graves denuncias de violaciones a los derechos humanos en contextos de encierro. El PJ y aliados aprobaron esta ley controversial con el único apoyo del legislador libertario y las críticas de organizaciones de la sociedad civil y el Comité Nacional de Prevención de la Tortura. Así, Córdoba sigue sin mecanismos de prevención de la tortura acorde a los estándares nacionales e internacionales.
Con menos de una semana de debate, la Legislatura de Córdoba aprobó la creación de la Procuración Penitenciaria Provincial, un organismo nuevo en el marco del poder judicial con competencia en los establecimientos penitenciarios y otros dispositivos de privación de la libertad. El proyecto se presentó el viernes 5 en medio de las críticas de la mayoría de los bloques de oposición y el miércoles 10, las comisiones de Seguridad, de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General de la Unicameral emitieron un despacho de mayoría para crear este organismo que debería tutelar, promocionar y proteger los derechos de los detenidos bajo jurisdicción provincial. Ese despacho ya contenía algunas modificaciones del proyecto original para intentar negociar con la UCR y otros bloques que igualmente presentaron su propio proyecto como despacho de minoría.
Sobre este apuro oficialista para aprobar el proyecto la legisladora del MST en el FIT-U Luciana Echevarría señaló: “Cuesta no tomar este proyecto como una falta de respeto, yo tengo dos pedidos de informes sobre el tema que hace meses están dando vueltas sin ningún tipo de respuesta y otros bloques también han presentado iniciativas importantes referidas a esta problemática que no han tenido ningún tratamiento. Y ahora aparece este proyecto de un día para otro, despacho en tan solo dos reuniones de comisión y que no cumple con ningún requisito de los necesarios para un Mecanismo Local de Prevención (de la Tortura). Pero la discusión es ¿Por qué no estamos tratando eso? Es lo que estamos obligados por ley (la Ley Nacional 26827) como provincia”. Y recordó las repetidas recomendaciones del Comité Nacional de Prevención de la Tortura (CNPT) para que Córdoba cree este tipo de organismo, ya que es una de las únicas 6 provincias en el país que no cuentan Mecanismo Local de Prevención de la Tortura (MLPT).
Qué se aprobó y qué hace falta
Se crea la Procuración Penitenciaria Provincial que tiene facultades para llevar adelante inspecciones y requerir medidas o hacer sugerencias sobre la situación en establecimientos penitenciarios, complejos carcelarios, alcaidías, y cualquier otro dispositivo de detención o privación de la libertad. También tiene legitimación para presentar recursos como “amigo del tribunal” y denuncias. Habrá una Procuraduría Penitenciaria General, y la ley le da al gobernador la facultad de crear hasta cuatro adjuntas y dos secretarías técnicas. En todos los casos designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura. Estos funcionarios cobrarán altos sueldos equivalentes a los de cargos judiciales: como un vocal del Tribunal Superior de Justicia el Procurador General (cerca de 15 millones de pesos mensuales) y como el defensor General y juez de primera instancia los adjuntos y secretarios respectivamente. Aunque el proyecto era en principio que sean inamovibles como los jueces, finalmente durarán 5 años con posibilidad de ser reelegidos. Esto en el marco de que al mismo tiempo el gobierno de Llaryora propone para el presupuesto 2026 aumentar los aportes jubilatorios de los empleados públicos y un casi congelamiento salarial, por la delicada situación económica. Pero para los sueldos multimillonarios de nuevos funcionarios de la casta judicial, parece que sí hay recursos. La denuncia del exfiscal Carlos Ferrer es que juegan un “tetris del poder”, y crean estructuras para acomodar amigos.
La ley aprobada también crea una comisión de seguimiento de la actuación de la procuraduría integrada por los presidentes de las comisiones de seguridad y derechos humanos de la Legislatura y un representante de las universidades que funcionan en la provincia.
El proyecto fue criticado por la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia de Córdoba como la CNPT, el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) y la Red de Derechos Humanos en Contextos de Encierro de Córdoba. Los puntos más señalados fueron la necesidad de un debate más amplio, que los cargos sean elegidos por el gobierno sin concurso de oposición y antecedentes, la falta de independencia funcional (por ser parte del Poder Judicial) y de autarquía financiera. El organismo creado tampoco tendrá participación efectiva de la sociedad civil ni en su conformación ni en el funcionamiento ni es multidisciplinario, ya que sus integrantes deben tener título de abogado. Lejos de lo que hace falta como señaló Luciana Echevarría: “El corazón de cualquier organismo que quiera velar por los derechos humanos es la autonomía y este aspecto central, el proyecto en tratamiento lo vulnera en su esencia. Hay una regla básica: el controlado no puede elegir a su controlador. Si quienes van a estar a cargo de la Procuración van a ser elegidos por el Ejecutivo con acuerdo del Legislativos… Bueno, ya sabemos cómo termina ese cuento. Tenemos el ejemplo del Fuero Anticorrupción. Pero la falta de autonomía no solo se da por los nombramientos. Sino del hecho de depender del Poder Judicial, uno de los responsables del fracaso completo de todo el sistema penitenciario junto con el Ejecutivo.” Y agregó que este proyecto lo que busca es: “…desplazar la responsabilidad de los funcionarios de no cumplir o de no hacer cumplir la ley. No solo no va a resolver nada, sino que por el contrario es un proyecto para encubrir y para lograr impunidad. Y por eso no han querido hacer un debate y un abordaje serio. Porque sabían que si lo hacíamos esto no prosperaba de ninguna manera”.
Una votación vergonzosa para una situación vergonzosa
También Echevarría denunció que no es casual el apuro en tratar este proyecto “quizás a raíz de un caso que ha tomado estado público que involucra a diez guardiacárceles mujeres contra un varón trans1. Ese caso no ocurrió en un cielo despejado. En Córdoba la tortura y la violación de los DD.HH. es poítica de Estado. Esto está documentado en los informes del CNPT que detalla que registra personas en aislamiento durante 15 días y casi 100 muertes entre 2020 y 2023. Entre 2013 y 2023 hubo 89 investigaciones y solo 11 terminaron en condena, lo que hay es impunidad estructural. Además de las situaciones de hacinamiento, la falta de acceso al agua, a la atención de salud y salud mental, al derecho al trabajo y la educación”.
Ante la negativa del oficialismo de modificar aspectos centrales del proyecto o frenar el tratamiento y devolverlo a comisión el conjunto de las bancas de la oposición se retiraron para intentar dejar sin quórum la sesión. La excepción fue el legislador libertario, Agustín Spacessi, cada día más cómodo como aliado del PJ cordobés, seguramente a cambio de algún favor. Así, aunque votó en contra, le aseguró al oficialismo el número para que aprobaran el proyecto.
Sigue la pelea
Como dijo Luciana en la sesión no hay en este proyecto ni un atisbo de participación de las organizaciones ni activistas de derechos humanos ni alguna manera de control y seguimiento externo. Y son esos activistas y familiares quienes estuvieron rechazando este proyecto de maquillaje del oficialismo y que seguirán peleando contra la impunidad y las violaciones de los derechos humanos.Porque señaló la legisladora del MST en el FIT-U lo que necesita Córdoba es un verdadero Mecanismo Local como lo reclaman las organizaciones, para acercarnos a una solución. Y finalizó diciendo que la cuestión penitenciaria, la ejecución de la pena privativa de la libertad es esencialmente una cuestión social que debe ser abordada de manera integral, de manera colectiva y es a esas organizaciones y familias que han sido víctimas que tienen una trayectoria acumulada a quienes hay que escuchar.
- La investigación del caso se inició a partir de la denuncia realizada por la propia víctima, quien fue atacado el pasado 23 de noviembre en el complejo carcelario de Bouwer. Este hombre privado de la libertad alojado en el pabellón de mujeres había iniciado su proceso de transición durante la detención. Luego de manifestar su decisión de transiconar fue agredido físicamente por parte de varias agentes penitenciarias. Del expediente judicial se desprende que las guardiacárceles lo emboscaron y encerraron en un cuarto, donde se turnaban para entrar a golpearlo. Este caso se suma al asesinato de Samuel Tobares por parte de dos policías en Villa Parque Siquiman, al grito de “puto de mierda” ↩︎
