A raíz de una denuncia presentada hace más de un año por nuestra compañera Luciana Echevarría junto a las familias de las víctimas del crímen vial, el fiscal federal Maximiliano Hairabedian imputó por enriquecimiento ilícito al ex ministro y ex legislador del PJ y pidió su detención. Ahora que finalizó la feria, el juez interviniente ordenó que se haga efectiva la prisión preventiva, aunque -por la edad- le dio el beneficio de que sea domiciliaria con tobillera electrónica.
La declaración jurada del ex ministro y ex legislador oficialista muestra un patrimonio incompatible con los ingresos de alguien que vive de la función pública desde la década del ‘90. Además varios de los inmuebles declarados se cotizaban a precios irrisorios (por ejemplo, un lote en las sierras por valor de cinco centavos), por lo que Luciana junto a las familias y sus abogados, realizaron una denuncia penal por presunto enriquecimiento ilícito, evasión fiscal agravada y lavado de activos. La cereza del postre: varios de esos bienes fueron transferidos a sus hijos después del siniestro vial, para evitar tener que responder con su patrimonio en el juicio.
En primera instancia (a finales del 2022) presentó la denuncia a la justicia provincial que lo derivó a la fiscalía del fuero anticorrupción, conocida por “cajonear” todas las investigaciones que involucran a los poderosos. Esta vez no fue la excepción, el fiscal Francisco Mondino no impulsó la investigación sobre González. Por este motivo, Luciana presentó un pedido de recusación contra el fiscal, señalando conflictos de interés y llevó la denuncia a la justicia federal.
En base a esa acusación, el 27 de enero de este año, el fiscal federal Maximiliano Hairabedian comunicó la imputación al exministro y elevó un pedido de detención. En ese contexto, la legisladora del MST en el FIT-U con el patrocinio del abogado Lucas Cocha, presentó el 3 de febrero un escrito ante el juez donde solicita que se haga efectiva la prisión preventiva para Oscar González, en una cárcel común. Y señaló “No puede estar libre ni un minuto más. Después de tantas y tan obscenas muestras de impunidad por parte de Oscar González, su detención es clave para que no siga manejando los hilos para garantizar su total impunidad”.
Ahora, finalmente el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja resolvió hacer lugar al pedido de prisión preventiva aunque lamentablemente le da el beneficio de la domiciliaria con una tobillera electrónica. El abogado defensor ya adelantó que cree que se trata de “un error” del fiscal y que “el fiscal no se ha enterado debidamente que yo contesté las intimaciones que me hiciera” y que se trata de un problema administrativo de los empleados que no le avisaron al fiscal. De todas formas, estamos ante un hecho realmente histórico. Por primera vez uno de los “intocables del PJ” termina preso por corrupción.
El crimen vial de las Altas Cumbres
Todos estos delitos son incomparables con el peor hecho criminal en que está involucrado González. El sábado 29 de octubre de 2022, en la ruta provincial E-34, a la altura del paraje Niña Paula, cerca de Mina Clavero protagonizó un crimen vial. Con el BMW X1 negro que manejaba, se adelantó en un tramo de doble línea amarilla e impactó de frente contra un Renault Sandero en que viajaba la docente Alejandra Bengoa, acompañada por su hija y por una amiga de ésta, ambas de 14 años. Alejandra murió en el choque y las jóvenes sufrieron graves heridas que aún hoy requieren tratamiento. González usaba para un viaje personal a Traslasierra un auto destinado a uso exclusivo de la actividad como legislador. El vehículo, fue cedido por el poder judicial en guarda a la Legislatura junto con otros ocho. El auto en cuestión había sido incautado por robo y tenía patente “melliza”.
Además González circulaba con un carnet vencido y expedido por el municipio de Las Tapias, aunque no tiene domicilio allí. Y hay testigos que señalan que el caudillo peronista llevaba bolsos con una importante suma de dinero para intervenir en la elección de autoridades de la cooperativa de servicios públicos de Villa Dolores.
En el marco del choque, Luciana, que acompaña desde el primer momento a las familias de las víctimas, denunció a González por malversación de recursos públicos y falseamiento malicioso de documentos públicos al utilizar ese auto para un viaje personal.
¿Quién es González?
El crimen vial de Traslasierra trajo a la luz una trama de corrupción, manejos turbios e impunidad: autos de alta gama otorgados discrecionalmente, licencias de conducir por fuera de la ley, bolsos con dudoso contenido y una interminable cadena que involucra al poder judicial, la policía, el PJ y también a la oposición macrista y radical.
Lo que desnudó el accidente es una parte de la trayectoria de González: fue un funcionario clave del menemismo en el área de Telecomunicaciones, justo después de la privatización de ENTEL. En 2003 fue candidato a gobernador enfrentando a la fórmula De La Sota- Schiaretti, y apoyó la candidatura presidencial de Menem. Y hay múltiples vínculos con CBI, la financiera que lavaba dinero del narcotráfico y cuya trama oscura salió a la luz por el suicidio de su vice presidente Jorge Suau, un protegido de González en épocas menemistas y del gobierno de De la Sota. Clientes de la financiera señalaron al ex ministro como habitué de la misma. González estuvo en la gestión pública hace más de 30 años en numerosos cargos ministeriales y legislativos. Y usó sus influencias para hacerse millonario y también para mantener su impunidad; protegido desde el gobierno, la Legislatura y el poder judicial. El mismo poder que le entregó 9 autos que repartió discrecionalmente, entre ellos el BMW negro con el que causó el choque en las Altas Cumbres. Por eso se explica que no estuvo preso ni un día por el asesinato de Alejandra y las lesiones a las menores.
La protección de la Legislatura
González era un peso pesado en la Legislatura: presidente provisorio de la cámara e integrante del Jury de Enjuiciamiento. Luego de que se conocieran las numerosas antes, durante y después del accidente, el PJ y también desde el macrismo y el radicalismo trataron de protegerlo y le dieron una licencia como si se tratara de un caso común de enfermedad o problemas familiares. Solamente la izquierda se opuso.
Ante la magnitud de los hechos el macrismo y la UCR cambiaron su posición pública pero siguen protegiendo a González, porque así protegen también sus propios privilegios: tres de los nueve autos que el poder judicial le dio en guarda a la Legislatura, González los repartió con la UCR y Juntos por el Cambio. Pero se negaron a pedir su expulsión como hicimos desde el MST en el FIT-U, y solo pidieron su apartamiento temporal. Al punto que cuando Luciana pidió su expulsión de la Unicameral, no quisieron tratarlo y solamente le dieron 5 minutos para argumentar. Un tiempo que, como dijo en esa oportunidad nuestra compañera legisladora, no alcanza ni siquiera para nombrar los hechos en que está involucrado. Oficialistas y opositores patronales defienden sus privilegios y rechazan nuestra propuesta de que los funcionarios políticos deben cobrar como una docente, usar lo público y vivir como vive cualquier trabajador.
Un exponente de un sistema descompuesto
Es que González no es una excepción, es una expresión clara de la forma de hacer política que comparten tanto el PJ como el macrismo y la UCR. Es un engranaje en la maquinaria del llamado cordobesismo, un régimen construido a base de privilegios, corrupción e impunidad que condena al pueblo de una de las provincias más ricas del país, a vivir en la pobreza. En definitiva González encarna una expresión más de este sistema capitalista cada vez más decadente. Un sistema que no se puede reparar y hace falta cambiarlo todo.
Iván Sosa