El martes 9, con una fuerte adhesión, se realizó el paro en hospitales y demás reparticiones de la Salud. Luego de la convocatoria de la UTS (Unión de Trabajadores de la Salud), se sumó la ATE provincial y trabajadores de organismos de Niñez, el Polo de la Mujer y Desarrollo Social. Desde las 10hs, varios centenares de trabajadores se concentraron en el Polo Sanitario, frente al Hospital de Niños, y movilizaron hasta el Centro Cívico donde se realizó un acto.
Llaryora, alumno aplicado de Milei
Bajo la consigna: “En salud no sobra nadie”, el principal reclamo es la reincorporación de todas y todos los compañeros contratados despedidos. Desde UTS también se reclama la anulación del aumento compulsivo de aportes a la Caja y la APROSS (Administración Provincial de Servicios de Salud), que el gobierno de Llaryora hizo votar en la última sesión legislativa de 2023. Y se pide por la reglamentación de la ley 10.889, que mejora condiciones laborales y salariales del equipo de salud.
En un comunicado convocando a la acción, señalaron también la necesidad de una recomposición salarial acorde a la inflación. Mientras que, Gastón Vacchiani, Secretario General de la UTS, criticó en la prensa el comunicado del ministerio acusando al equipo de salud de “baja productividad y gran ausentismo”. Vacchiani denunció el cinismo y la mentira del mismo ministerio hace pocos meses les construyó un monumento en el Hospital de Niños, poniendo en valor a “un equipo de salud que siempre priorizó el bienestar de nuestra gente. Un equipo de salud que supo adaptarse y reinventarse a las diversas necesidades y modalidades de atención y abordaje hacia nuestra comunidad”.
Despidos y recorte de salarios
Pero ahora, el gobernador ha decidido aplicar un ajuste en toda la línea contra las y los trabajadores del Estado. Además de los despidos de más de 2.300 compañeros contratados, está el mencionado aumento de los aportes jubilatorios, un recorte salarial directo. Busca hacerle pagar a trabajadores activos el déficit generado por los desmanejos de más de 30 años, con intervenciones de los gobiernos del PJ y la UCR de la Caja de Jubilaciones y Pensiones.
Todos los gobiernos la han manejado discrecionalmente, en vez de hacer que esta Caja esté controlada por sus aportantes y beneficiarios como prevén la ley y los Estatutos del organismo previsional. Meten mano a esos fondos como si fuesen recaudación de la provincia, cuando son aportes de sus trabajadores, en actividad o jubilados.
Una situación similar se da con la obra social APROSS. Por eso aumentaron el porcentaje de aportes salarial de docentes, estatales y demás sectores. También han anunciado la implementación de un sistema para medir la productividad de las y los profesionales de salud, para que atiendan a cada paciente, en no más de 10 o 15 minutos.
Ajuste, palos y a llorar a la iglesia
Como tanto ajuste no pasa sin represión, cabe recordar que el PJ cordobés fue pionero en la aplicación de protocolos antiprotestas, al estilo Bullrich. Y que el gobierno de Llaryora fue el único en reprimir el cacerolazo pacífico del pasado 20 de diciembre.
Mientras tanto, la CGT regional y el SEP, Sindicato de Empleados Públicos, convocaron a una marcha de “cuerpos orgánicos” desde las sedes de los sindicatos estatales a la Catedral de la capital provincial para expresar la “tristeza y bronca” ante los despidos. Allí los recibió el sacerdote Munir Bracco, de la Pastoral Social quien ofició una oración pública pidiendo que “podamos ser capaces de levantar la mirada y orientar las legítimas diferencias en la búsqueda de soluciones viables para el bien común”. Y agregó: “En las crisis nos salvamos juntos o nos hundimos todos”.
Continuidad y defensa de la salud pública
Luego de la marcha desde el Polo Sanitario, en el acto frente a la sede de gobierno, tomaron la palabra desde la UEPC Capital y la Secretaria Adjunta de ATE, Gabriela Alcoba, quien denunció como el ajuste ataca especialmente a las mujeres. Mientras la Secretaria Adjunta de la UTS, Estela Giménez, destacó que la lucha es en defensa de la salud pública y del acceso a los derechos que garantizan los trabajadores estatales.
Al enfrentar a quienes, como el gobernador Llaryora y su ministro de Salud, Pieckenstainer, quieren someterlos a la lógica de la ganancia empresarial, bajo el eufemismo de lograr con “eficiencia”. En ese sentido, Giménez destacó que la salud no es una mercancía, sino un derecho y eso defienden.
El miércoles 10, en las asambleas que impulsa la UTS, las y los trabajadores debatirán las medidas para darle continuidad al plan de lucha. A la par que se prepara un parazo nacional con movilización, que debe tener continuidad en un plan de lucha nacional hasta derrotar el DNU y Ley Ómnibus de Milei y el ajuste de su buen alumno, Llaryora y el PJ.
Iván Sosa