Comenzaron a debatirse dos proyectos en la Legislatura cordobesa, uno de la UCR y otro de Hacemos Por Córdoba que tienen por objetivo limitar por la vía punitiva las manifestaciones y reclamos en la provincia mediterránea.
Que para ajustar y reprimir no hay grieta entre las alas bipartidistas de la política cordobesa y nacional es algo de lo que no quedan dudas, y en esta ocasión esa realidad se manifiesta de la mano de los proyectos de ley presentados por el schiarettista Juan Manuel Cid y los radicales Dante Rossi y Verónica Garade Panetta en la unicameral de Córdoba.
La iniciativa de la UCR pretende una regulación de las concentraciones y marchas, que deberán notificarse con una anterioridad de 48 horas a su realización y, en el caso de la capital cordobesa no podrán efectuarse en el área central, lo cual responde a pedidos explícitos de la Cámara de Comercio y el Centro Vecinal del sector.
El proyecto de Hacemos Córdoba va aun más lejos, buscando modificar el Código de Convivencia, imponiendo multas, trabajo comunitario o arrestos en los casos en los que “se vean afectadas la transitabilidad y el uso de la vía pública”, agravando las sanciones si las manifestaciones se producen en avenidas o puentes u obstaculizan el transporte público y, para coronar la torta, si en las mismas los participantes son empleados o funcionarios públicos.
En este último proyecto cabe mencionar también que se sancionará a quienes hurguen la basura de los contenedores. Otra medida que busca tapar la creciente pobreza, que en nuestra provincia alcanza a alrededor de 700.000 personas, y en cuyo marco la indigencia también creciente empuja a muchos a tener que sobrevivir consumiendo los desechos urbanos.
El peronismo provincial muestra los dientes una vez más para tranquilizar a su base más conservadora, sus amigos del empresariado y aportantes para la campaña de cara a las próximas elecciones, desmintiendo el discurso progresista con el que intentan llegar al resto de su base.
En ese sentido, hace tiempo que pueden presenciarse también en los debates legislativos las vehementes respuestas por parte de la jefa de su bloque, Nadia Fernández, a cada reclamo contra el gobierno presentado por la izquierda, minimizando o ridiculizando los reclamos, defendiendo el ajuste y la depredación ambiental de la manera más reaccionaria.
Una realidad que se les escapa de las manos
Estos intentos de acallar la protesta social aparecen como respuesta a un clima de malestar social creciente, para el cual los partidos de casi todo el arco político no pretenden dar soluciones de fondo y para el pueblo trabajador, sino para el sector al cual responden, que es el empresario.
Y esto, lejos de ser una especulación, queda en evidencia si tenemos en cuenta que uno de los actores en el conflicto es la Cámara de Comercio de Córdoba. Este organismo menciona las supuestas cifras millonarias en pérdidas que sufre su sector, pero que es uno más de los que precariza a sus trabajadores, con un alto porcentaje en negro y salarios de los más bajos aun para quienes están en condiciones regulares, y para quienes el gobierno no tiene ninguna respuesta ante sus reclamos.
Lo que preocupa también a los partidos patronales es la creciente organización de los sectores de desocupados que ahora pueden nuclear y articular sus reclamos con mayor efectividad, los triunfos obtenidos por los sectores sindicales como se vio recientemente en el caso de los trabajadores del neumático, la oposición a los proyectos desarrollistas que permite o impulsa el gobierno y destruyen el ambiente, el patrimonio arqueológico y la vivienda de quienes habitan en los espacios en los que dichos proyectos se planean, y el repudio a las acciones contra el gatillo fácil y la violencia institucional, que no merma en su ferocidad.
En este sentido existe una sintonía con la dinámica empleada por el kirchnerismo a nivel nacional, que lejos de escuchar los reclamos populares y dialogar para obtener soluciones de fondo responde con represión, como sucedió con el pueblo mapuche que reclama la usurpación de sus territorios ancestrales o los desalojos en asentamientos en La Matanza, por mencionar solo dos ejemplos de las últimas semanas.
Queda claro que la “doctrina Bullrich” que en su momento intentó aplicar fallidamente un protocolo antipiquetes a nivel nacional es continuada por el gobierno actual y emulada por los gobiernos locales con medidas desesperadas para intentar invisibilizar los reclamos que los desbordan y para los cuales casi todo el arco político pide mano dura, de manera más sutil en algunos casos y más explícita en otros.
Unidad para defender el derecho a la protesta
En la Legislatura de Córdoba las representantes de la izquierda expresaron su repudio a la iniciativa. La legisladora Luciana Echevarría participó de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos que comenzó a debatir ambos proyectos, y consultada por medios locales, manifestó: “Es realmente preocupante que, en este contexto de miseria y conflictividad social, la Legislatura -que no tomó ninguna medida para paliar la crisis económica- esté discutiendo como cercenar el derecho a la protesta. Se debate que esto es para hacer cumplir el contrato social, pero el Estado es el primero en incumplir cuando no es capaz de garantizar ni los derechos más básicos”.
Afirmó también: “Los ciudadanos que se movilizan no lo hacen porque les gusta, lo hacen porque se agotaron todas las instancias. Y el Estado, en lugar de dar respuesta, los culpa y quiere sacarlos de la calle. Es un círculo perverso que va en contra de la tan mentada convivencia pacífica que dicen fomentar, porque lo que hacen es enfrentarnos pobres contra pobres para evitar hacerse cargo del desastre que provocan con sus políticas”
Dijo sobre la inconstitucionalidad de las medidas: “Se habla de colisión de derechos, pero debemos marcar que deben prevalecer los derechos elementales y si una persona tiene cuestionada su subsistencia, si el monte arde y es arrasado, si nos mata la violencia machista, todo eso es sin dudas más importante”.
Y concluyó: “Para colmo le dan aún más poder a la policía del gatillo fácil para reprimir las movilizaciones. Se escucharon en la comisión las voces de los empresarios y comerciantes, pero quedaron afuera los sindicatos, las organizaciones sociales, de derechos humanos, feministas, los activistas ambientales. A todos ellos los convocamos a seguir defendiendo nuestros derechos en las calles y enfrentar esto que vulnera lo poco que nos queda”.
La conflictividad social se soluciona resolviendo los problemas de fondo, garantizando empleo pleno y en condiciones dignas, acceso a vivienda, destinando los presupuestos necesarios para salud, educación, programas para combatir la violencia de género, planificando el desarrollo urbano e industrial democráticamente, y no amedrentando a quienes reclaman las falencias en estas y otras áreas.
Si bien hay acuerdo entre oficialismo y oposición para atacar la protesta, y es posible que se negocie un proyecto consensuado que cuente con el apoyo de la mayoría de la cámara legislativa, es posible derrotar la iniciativa desde las calles, con la mayor unidad y articulación de las luchas posible.
En función de esto diversas organizaciones políticas, sindicales, sociales y estudiantiles han lanzado una convocatoria abierta a todos los actores políticos y sociales para conformar una multisectorial y organizar el rechazo a estos proyectos.
Nacho Márquez