A cuatro años de la aprobación de la ley 10.694, por la mañana del lunes 20 marcharon organizaciones gremiales y de jubilados para reclamar la derogación de la ley 10.694, aprobada en 2020 en plena cuarentena, que recorta las jubilaciones provinciales a través de la modificación del cálculo jubilatorio. Al finalizar, Luciana Echevarría y otros legisladores de la oposición recibieron de los manifestantes un petitorio con los reclamos, que además de la defensa de los jubilados, exige la recomposición salarial de los empleados estatales.
Desde las 10.30 se concentró un numeroso grupo de docentes y estatales en la sede de la delegación capital de UEPC (Unión de Educadores de la Provincia). Luego marcharon hasta plaza San Martín donde confluyeron con las organizaciones de jubilados que se encontraban realizando la ronda habitual de cada semana reclamando por los derechos previsionales. La ruidosa marcha se dirigió luego a la Legislatura, a la que no pudo llegar por la custodia de un fuerte operativo policial con infantería y agentes de la división canes. “Yo sabía que a los ladrones los cuida la policía” cantaron las jubiladas y jubilados señalando cómo la Legislatura donde se votan leyes contra los trabajadores y el pueblo recibe a los jubilados como si fueran peligrosos delincuentes.
Luego se desarrolló un acto donde hablaron los secretarios generales de ATE y la UEPC Capital, y las agrupaciones de jubilados. También se leyó la adhesión de la UTS (Unión de Trabajadores de la Salud). Allí se reclamó la derogación de la ley 10.694 y la vuelta de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia a sus legítimos dueños, los trabajadores activos y jubilados. Todos los oradores resaltaron la necesidad de unir a los diversos sectores para darle fuerza al reclamo.
En el acto también se planteó el reclamo por el salario, luego de que hace menos de 15 días las conducciones burocráticas del SEP (Sindicato de Empleados Públicos) y otros gremios estatales cerraron una paritaria con aumentos miserables por la mitad de la inflación. El empobrecimiento del salario estatal arrastra a los jubilados, que además reciben los aumentos meses después que los activos por los diferimientos que impuso la ley 10.694. Por estos motivos ocurre que muchos trabajadores que llegan a la edad de jubilarse no realizan los trámites y deben ser intimados por el gobierno que los obliga a caer en la indigencia.
Finalmente, luego de varias dificultades con la guardia policial que no los dejaba ingresar, los representantes de las organizaciones entraron a la Legislatura gracias a las gestiones de la legisladora Luciana Echevarría (MST-FITU). Allí se entrevistaron con representantes de 6 bloques de la oposición a quienes le presentaron un petitorio con todos los reclamos y acordaron desarrollar una acción común tanto en la Legislatura como en las calles para avanzar en mejores condiciones para las y los jubilados.
Iván Sosa