En el día de hoy, martes 28, la legisladora Luciana Echevarría (MST- FIT-U) respondió la ofensiva contra la protesta social de la policía, el Poder Judicial y el gobierno provincial mediante una denuncia presentada en el fuero penal.
Hace pocos días se hizo público que a raíz de un hábeas corpus presentado por un centro vecinal un juez, pasando por encima de todos los mecanismos democráticos, acordó con las máximas autoridades de la provincia cambiar los lineamientos para la actuación en movilizaciones, pretendiendo avasallar derechos constitucionales básicos.
En las audiencias judiciales, funcionarios públicos hicieron gravísimas declaraciones, afirmando que es necesario «cortarles la cabeza a las organizaciones sociales«. Una frase digna de los peores años de nuestra historia. Particularmente en una de dichas audiencias, la jefa de Policía Liliana Zarate Belletti habría reconocido que en las marchas hay policías de civil cuya tarea es ir identificando personas, que las áreas de inteligencia de la Policía de Córdoba (área de Información criminal y antiterrorismo) realizan de manera activa inteligencia sobre organizaciones sociales y sus referentes, a los cuales ya tienen en muchos casos identificados y en otros están en proceso de identificación, a través de diversos medios tecnológicos. Incluso en la mencionada audiencia puso a disposición del juzgado todo el material recabado por las áreas de inteligencia de la policía provincial, que incluye datos personales, fotografías, etc.
De acuerdo a lo manifestado en tales audiencias, la jefa de Policía de la provincia estaría reconociendo que realiza inteligencia sobre organizaciones sociales y sobre sus referentes, de manera autónoma y sin orden judicial previa, que incluye la presencia clandestina de agentes policiales de civil en los espacios donde las organizaciones sociales desarrollan sus actividades. Algo contrario a los valores democráticos más básicos y expresamente prohibido por la ley.
La Legisladora afirmó: «El gobierno solo tiene oídos para escuchar a las cámaras empresariales, por eso no convocó a ninguno de los sectores que se movilizan, y que lo hacen justamente en contra de las políticas oficiales que generan hambre, pobreza, precarización y la destrucción del ambiente, la salud y la educación públicas. Si quieren ir contra los responsables de las movilizaciones deberían meter presos a quienes gobiernan».
Añadió: «Es inadmisible que en una provincia con el 40% de pobreza, casi 10% de desocupación y el 50% del trabajo privado no registrado, se pretenda que no haya reclamos, se criminalice a los sectores más vulnerables y se haga espionaje ilegal.”
“Por eso denunciamos penalmente a la jefa de Policía, al Ministro de Gobierno y seguridad de la provincia y al secretario de Seguridad por utilizar el aparato del Estado en contra de las organizaciones sociales, políticas y sindicales”, concluyó Echevarría.