Córdoba. Los trabajadores de la salud nos hacemos escuchar

El contexto pandémico nos puso a las y los trabajadores en el centro del debate público. La emergencia sanitaria hizo que el conjunto de la población revalorice nuestra tarea, lo que se expresó al comienzo de la cuarentena con los aplausos. Sin embargo, ese reconocimiento social nunca tuvo correlato en la política de los gobiernos. Ni en condiciones laborales y salariales, ni tampoco en una representación genuina en el diseño de la política sanitaria.

En nuestra provincia, el empleo público está regulado básicamente por dos leyes: la 7.233, que regula el escalafón general para las reparticiones de la administración central; y la 7.625, que establece el régimen del personal del equipo de salud e incluye a las diversas profesiones y tecnicaturas que prestan servicios en hospitales, centros de salud y demás dependencias del Ministerio de Salud en funciones asistenciales y sanitarias. Pero el personal administrativo y de mantenimiento de los hospitales, pese a que desarrolla tareas indispensables para el funcionamiento de la salud pública sigue encuadrado en la ley del escalafón general.

A la vez y contra buena parte de la legislación y los antecedentes judiciales vigentes, el único gremio reconocido por el gobierno para las negociaciones paritarias en que se discuten las condiciones laborales y salariales del personal de salud es el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), pese a que es un gremio sin especificidad y muy baja representatividad en los hospitales de la provincia. Partimos de señalar esta injusta situación para tratar de explicar la bronca y movilización que ha tomado forma organizativa en la Multisectorial de Salud de Córdoba, de la que desde UTS somos fundadores.

Historia y presente de una burocracia adepta al gobierno

Fundado en 1950, el SEP y sus conducciones han estado históricamente ligadas al PJ y siempre cercanas a los gobiernos, sin importar su signo político. Esa cercanía le valió una serie de prebendas consagradas desde 1985 en la Ley Provincial 7.233 de Empleo Público:

Se otorga una beca a los hijos de los empleados públicos para que puedan completar estudios universitarios. El SEP define quién recibe el 50% de ellas (artículo 37);
exime únicamente a sus delegados y miembros de cuerpos orgánicos de la obligación de devolver las horas de trabajo por las que se hubiere ausentado para cumplir tareas gremiales (artículo 98), lo cual legaliza una grave injusticia y una actitud antisindical de parte del Estado;
como dijimos, se trata del único gremio reconocido por ley como entidad representativa del personal comprendido en la Ley 7.233 junto con la UPS (de los puestos jerárquicos). Nuestra compañera Luciana Echevarría, desde su banca en la Legislatura, presentó un proyecto de ley para acabar con esta falta de democracia sindical.

Por si fuera poco, en los últimos 20 años en que Hacemos por Córdoba – PJ gobernó, transformándose en el principal sostén del régimen político burgués de la provincia, el SEP pegó un salto en su asimilación al Estado. El gremio tiene injerencia en los nuevos ingresos y por supuesto en la designación de cargos de responsabilidad. También condiciona a quienes estudian en la escuela de enfermería del SEP para asegurarse “lealtad”.

Hoy es prácticamente una agencia de empleo del gobierno. El extremo fue un aviso que recientemente hicieron circular por redes sociales para cubrir vacantes de contingencia en hospitales provinciales. En este aviso llamaban a enfermeros y enfermeras a anotarse para participar en la convocatoria… en la nueva sede del SEP.

Esta misma sede de calle Corro tiene una historia interesante. El terreno fue una donación al SEP de parte del Estado provincial que se realizó en 2006 en el gobierno de José Manuel De La Sota, con la autorización para utilizar la cesión de parte del terreno como forma de pago de la construcción del edificio. En esa parte del terreno hoy funciona una sede de Bancor, la banca oficial de la provincia. Por supuesto en la inauguración de esa sede en 2010 estuvo el gobernador Juan Schiaretti, también del PJ (valga la anécdota de que el propio Schiaretti fue delegado del SEP antes de asumir como ejecutivo para FIAT en Brasil donde se desempeñó varios años). Ahí entre abrazos y felicitaciones de los funcionarios, estaba también el histórico líder burocrático del sindicato, José Pihén.

Pihén lleva al frente del SEP casi 30 años, desde 1992. En ese año salió de Catastro, la repartición donde se desempeñaba desde 1967, para nunca más volver. Es también titular de la CGT regional Córdoba y legislador provincial por el PJ. Hace unos meses al concretarse la última reforma de ajuste sobre la Caja provincial de jubilaciones y pensiones, resuelta por el oficialismo entre gallos y medianoche en pleno ASPO, Pihén votó en contra. Aunque era algo testimonial ya que dio quórum y el oficialismo ya sabía que “le cerraban los números”. Lo verdaderamente llamativo fue que en junio se conoció por medios periodísticos que el legislador oficialista y jefe del SEP había tramitado su propia jubilación ¡dos días antes! de la reforma para salvarse de sus efectos nefastos, lo que le sirvió para asegurarse una jubilación de aproximadamente $ 250.000.

Con este brevísimo resumen vemos que lo de la conducción del SEP es una larga historia de connivencia con la patronal. Y de una vida transcurrida en los despachos gubernamentales, más que en las calles junto a las y los trabajadores. Por eso reitero lo expresado en el acto luego de la histórica caravana de salud del 10N: no puede ser Pihén, que hace años que no pisa ni la vereda de un hospital, el que cierre nuestra paritaria.

Ante los ataques del gobierno, más organización y lucha

En contra de la opinión de numerosos especialistas, el gobierno autorizó una apertura casi completa de las actividades comerciales e industriales. Esto dejó el control de la situación librado a la responsabilidad individual, mientras se aprovechó para privilegiar la ganancia de los grandes empresarios por sobre la salud de la población en general y de los trabajadores de salud en particular. Durante el transcurso de la pandemia el personal de salud soportó una serie de maltratos: contratos basura para el personal de contingencia, falta de elementos de protección en cantidad y calidad, exclusión de las y los trabajadores de los COE, salarios de pobreza y postergación de nuestras paritarias, entre otros.

Y ante los reclamos, obtuvimos ataques. Los casos extremos son los despidos y rescisiones de contratos de Mariana Jumene, médica gastroenteróloga y hepatóloga del Hospital Arturo Illia de Alta Gracia y única especialista en esta zona del interior provincial; y en el Hospital Domingo Funes de Punilla, el despido del licenciado en enfermería Pablo Mercado y el enfermero profesional Facundo Paredes que se desempeñan en la Unidad de Terapia Intensiva COVID adultos.

A todo esto se sumó la vergonzosa paritaria que el gobierno cerró con el SEP por un 9% de aumento salarial entre octubre y enero de 2021 totalizando alrededor del 26% anual, muy por debajo de la inflación^[1].

Todos estos hechos nos pusieron frente a un desafío: ¿cómo construir fuerza para pelear y torcerle el brazo a un gobierno que nos dice esenciales, pero nos trata como descartables? Por eso desde UTS dimos un fuerte impulso a la conformación de la Multisectorial, un verdadero hito en la lucha de las y los trabajadores de salud cordobeses. Este espacio desde su conformación expresó su rechazo al acuerdo de Schiaretti y el SEP y reclamó que el gobierno se siente a discutir las demandas del personal de salud, con las organizaciones verdaderamente representativas de las y los trabajadores de los hospitales y una paritaria específica de salud. Creemos que este último reclamo es fundamental ya que, como colocó en debate la pandemia, hay especificidades en nuestra tarea (diagramas de guardias, protocolos de bioseguridad, reconocimiento a las diversas profesiones, desgaste laboral, tarea insalubre, etc.) que hacen imprescindible un espacio donde se puedan discutir con las organizaciones del sector las problemáticas; y terminar con el unicato de Pihén y el SEP.

Redoblar la apuesta, para que nos escuchen

El plan de lucha que impulsamos desde la Multisectorial empezó la mañana del 4 de noviembre con cartelazos, ruidazos y asambleas preparatorias del paro en hospitales de toda la provincia. El 10 continuamos con un contundente paro de características históricas y una enorme caravana en las calles de la capital y acciones similares en las principales ciudades del interior. También recibimos numerosos apoyos de las y los trabajadores de la salud privada, que por el corsé que les impone la burocracia de ATSA tienen más dificultades para organizarse, pero sufren las mismas situaciones que nosotros y nosotras en el sector público y también el abandono gubernamental que apaña a las patronales en lugar de ejercer contralor.

Lamentablemente el gobierno siguió haciendo oídos sordos a nuestros reclamos, por lo que el 20, en la previa del Día de la Enfermería, fuimos a un nuevo paro. Otra vez contundente y con asambleas en muchos hospitales que nos dieron el mandato de profundizar el plan de lucha.

Así lo debatimos en la CDP abierta extraordinaria de UTS del día y en su Congreso Provincial de Delegados y Delegadas. La Multisectorial tomó la propuesta de nuestro gremio y vamos a una protesta de 48 horas, una jornada de lucha el 2 de diciembre y un nuevo paro con movilización en todo el territorio provincial el 3 de diciembre, en el Día de las y los médicos. Las y los trabajadores de salud alzamos nuestra voz y nuestros reclamos. Sigamos en la calle con fuerza, para obligar al gobierno a que escuche nuestros reclamos y conquistar de una vez la tan necesaria y urgente paritaria de salud.

Gastón Vacchiani, Secretario General de UTS, dirigente de ANCLA y el MST