El sábado 29 de octubre pasado, el ahora ex-presidente provisorio de la Legislatura, Oscar González –el tercer cargo más importante de la provincia- protagonizó un accidente de tránsito en el Camino de las Alta Cumbres, mientras viajaba en un vehículo BMW X1 que chocó de frente con un Renault Sandero conducido por una mujer de 56 años y en el que iban, además, una hija de la conductora de 14 años de edad y una amiga de la adolescente de su misma edad. Como consecuencia del siniestro, falleció en el acto la conductora, la docente Alejandra Bengoa; mientras que las niñas que acompañaban se encuentran internadas en grave estado en el Hospital de Niños. Por su parte, González solo sufrió heridas leves.
Las investigaciones siguientes al accidente, destaparon un profundo entramado de privilegios políticos y corrupción que han significado un nuevo escándalo político para el frente de gobierno y que también pega en toda la vieja casta política cordobesa.
Los privilegios
El vehículo BMW X1 que manejaba González es uno de los 4 rodados de alta gama que le fueron otorgados por “depósito judicial” a nombre del legislador. Una camioneta Volkswagen Amarok, entregada el 17 de abril de 2017; una Land Rover Freelander otorgada el 12 de septiembre de 2018; y unAudi A5 , cedido el pasado 31 de mayo de este año forman el repertorio de para la movilidad de lujo de uno de los funcionarios más poderosos de Hacemos por Córdoba.
Otros dos legisladores del frente oficialista también fueron beneficiados con autos secuestrados por la Justicia y cedidos en guarda: a Dardo Iturria le asignaron Toyota SW4 SRV, mientras que Miguel Majul recibió un Jeep Renegade.
En la oposición tradicionaltambién hubo beneficiarios del “depósito judicial”:al legislador Orlando Arduh, un radical que juega en el bloque del PRO le asignaron el 3 de octubre de 2019 un Citroën C4, el macrista Darío Capitani recibió un Audi A4, mientras que al radical Juan Jure le aasignaro un Nissan Sentra.
La asignación de estos vehículos está amparada en la Ley provincial 8.550, que establece que pasados los 30 días de secuestro de los móviles, sin poder identificar ni posibilidad de devolverlos a sus dueños, quedan en disponibilidad para ser destinados a instituciones públicas u organizaciones que prestan servicios a la comunidad. Lo que no termina de explicar por qué y a través de qué mecanismos se le asignan los coches a la Legislatura, teniendo en cuenta que fueron cuatro los vehículos de alta gama otorgados para el “servicio a la comunidad” de González. A todo esto, se suma un desafortunado audio “esclarecedor” de la esposa de González, donde plantea que esa BMW era una de “las que me quería dejar para mí”, usan bienes públicos como si fueran propios.
La corrupción
Como si fuera poco, además de las prebendas particulares de la que gozan algunos funcionarios, se creen poseedores de una impunidad intocable por la que se manejan absolutamente fuera de la ley que ellos dictan o dicen defender. Veamos.
El vehículo BMW que manejó el legislador era un vehículo robado en la provincia de Buenos Aires que, además, es mellizo de otro vehículo idéntico. En consecuencia, tenía toda la documentación correspondiente falsificada, duplicada o modificada: patente, tarjeta verde, número de motor. Por lo general, a los autos bajo guarda judicial se les cambia la chapa, por otra en la que se lee “Ley 8550”, con la idea de evitar que circulen por fuera de la normativa vigente ¿Por qué la Justicia de Córdoba dispuso que un funcionario, en este caso legislativo, utilice un auto que había sido robado, adulterado y recuperado, antes que intentar devolverlo a su real propietario?
La Justicia a cargo de la causa del coche nunca investigó. Incluso el ex arquero de Vélez Sársfield, Gastón Sessa denunció que hace más de un año vendió una pick up BMW X1 color blanco, harto de que le lleguen multas cometidas en Córdoba. Sessa confió al canal de noticias Telefé que le llegaban multas por distintas infracciones de una camioneta BMW X1 patente AB 293 MY radicada en Córdoba: “Hicimos todas las presentaciones en los juzgados de Córdoba y seguían llegando multas. Puse un gestor y dedujimos que había una melliza color negro”, se quejó ante la TV. Efectivamente, la camioneta siniestrada en la que se movilizaba González es de color negro y tiene la misma patente que el vehículo blanco que vendió Sessa.
Al uso discrecional de un auto robado se le suma el otorgamiento irregular de su carnet de conducir. Con la quita de puntos por las infracciones cometidas, el legislador de 74 años tendría que tener restricciones para renovar su licencia de conducir. Sin embargo, otra vez hizo uso de su poder y la comuna de Las Tapias le entregó la nueva licencia y no computó las infracciones de tránsito que lo inhabilitaban.
La comuna de Las Tapias no integra el Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito (RePAT), por lo que González pudo renovar licencia sin mayores dificultadesapesar de que sus antecedentes en el RePAT se lo impedirían.
Basta de privilegios e impunidad
Frente a un hecho gravísimo como el que estamos relatando, los poderosos de siempre se ordenan por seguir protegiéndose entre sí. La unicameral decidió darle licencia por los daños leves a González hasta 2023.
“El pedido de licencia de González es una burla, debería renunciar y responder por su accionar criminal y corrupto. Hay sobradas muestras de la connivencia entre el gobierno y el Poder Judicial, por lo tanto, al tratarse de un alto funcionario, es inconcebible que sea esta Justicia adicta al poder la que investigue el caso, por eso proponemos la conformación de una comisión investigadora independiente, integrada por familiares de las víctimas y referentes de trayectoria intachable de distintos ámbitos de la sociedad. Solo de esta manera podremos llegar a la verdad y garantizar que haya justicia para Alejandra y las chicas”. Planteó la Legisladora y referente del MST en el Frente de Izquierda Unidad Luciana Echevarría
Luciana este miércoles pidió una cuestión de privilegio en la unicameral para destituir al legislador del PJ cordobés: “Oscar González es un legislador que viola cotidianamente las leyes y eso ya es razón suficiente para pedir esta moción. La muerte de Alejandra y el grave estado de salud de las menores es una muestra extrema de a dónde conduce este accionar irresponsable, temerario y corrupto. A Alejandra la mató la impunidad y a González lo salvaron los privilegios y la corrupción con la que se maneja.Los privilegios de la casta gobernante son un insulto para toda la sociedad. Y al igual que en los principales problemas de nuestra provincia, en esto tampoco hay grieta. Hay un acuerdo entre Hacemos por Córdoba, la UCR y el PRO, del que se benefician todos. Por eso todos tenían autos de alta gama y se cansaron de dar vueltas para tratar de afectar lo menos posible a González”.
Hace falta cortar con todos los privilegios, que ningún funcionario cobre más que una maestra, que estén todos obligados a utilizar la escuela y el hospital públicos y que sean revocables en cualquier momento por el voto popular, para que no haya más políticos que vivan por encima de la gente a la que representan.
Lautaro Allassia