En la sesión del 21 de agosto se aprobó en la Legislatura cordobesa la declaración presentada por Luciana Echevarría del bloque MST en el FIT-U que expresa “su repudio a la violencia de género ejercida por el ex presidente Alberto Fernández contra Fabiola Yáñez”. Y agrega “su rechazo a la utilización hipócrita de este hecho por parte del gobierno de Milei, a través de la cual justifica el desmantelamiento de las políticas de género existentes, dejando desamparadas a las víctimas”.
Como señalan los fundamentos del proyecto la declaración se presenta en el marco de la investigación por violencia de género contra Fabiola Yáñez, ex pareja de Fernández. La cual se inició por los chats que comprometen al ex presidente y evidencian situaciones de violencia de género, y que vieron la luz por la causa a cargo del fiscal Carlos Rívolo, que investiga casos de corrupción en al menos 45 contratos que diversos organismos del Estado firmaron con Nación Seguros, donde se habría favorecido a 25 brokers. Entre esos productores de seguros estaba Héctor Martínez Sosa, la pareja de la secretaria privada de Alberto, María Cantero.
A partir de ese momento, todos los sectores políticos burgueses dieron una enorme muestra de hipocresía. En primer lugar Alberto Fernández, que se había arrogado “poner fin al patriarcado” cuando se promulgó la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ignorando el esfuerzo y lucha del movimiento feminista. También todo el peronismo, con Cristina a la cabeza, que aprovechó la ocasión de la denuncia para alejarse del “cadáver político” de Alberto y de toda su pésima gestión. El gobierno dejó de ser del Frente de Todos y pasó a ser de Alberto, como si el PJ y sus aliados no tuvieran ninguna responsabilidad. Además, el peronismo señala a Fernández pero no dice una palabra sobre el ex gobernador de Tucumán Alperovich, condenado por abuso sexual y a quien hace poco menos de un mes se le negó la excarcelación, y el imputado intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. Otro que dio una masterclass de hipocresía fue el ultraderechista gobierno de Milei, que lo utiliza para tapar los desastres de su gestión, especialmente la grave situación económica, y que al mismo tiempo lo aprovecha para justificar el desguace de las políticas de género con el pretexto de que quien las defendía al mismo tiempo ejercía violencia de género.
La política de este gobierno de negar la existencia de la violencia de género, tal como lo dijo su vocero Adorni, y de desmantelar todos los programas, despidiendo al 85% de las trabajadoras y trabajadores del ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades deja más desamparadas a las miles de víctimas. Además del habitual trato violento del gobierno, en especial del presidente, hacia las mujeres y disidencias. Trato que naturaliza y legitima esas prácticas contra la integridad y la vida de las mujeres y disidencias.
Por eso es importante haber conseguido que, como dicen los fundamentos del proyecto: “la legislatura se pronuncie en defensa de los derechos de las mujeres y disidencias, que condene tajantemente la violencia de género sea ejercida por quien fuera, pero mucho más si se trata de personas con poder, como el caso del ex presidente o el actual. Y sobre todo que se posicione frente al uso hipócrita de nuestros derechos, tantos para lavarse la cara o para justificar sus ataques”.
Corresponsal