A pesar del incesante trabajo de las autoridades para demostrar que el conflicto universitario estaba desactivado, en base al autoajuste y la perdida del 50% del poder adquisitivo del salario docente, la docencia universitaria está de pie y lanza un plan de lucha que comienza con la no toma de exámenes en las mesas de julio.
El jueves 4 de julio una masiva Asamblea Extraordinaria de Afiliados/as aprobó por unanimidad las resoluciones de suspensión de las mesas de examen de julio posteriores al receso de invierno y el no inicio de clases (con diferentes modalidades). La asamblea fue el colofón de una serie de definiciones que se venían gestando desde la base docente. En las semanas previas diversas asambleas y reuniones docentes en las unidades académicas expresaban claramente la necesidad de poner en pie un verdadero plan de lucha que superara los paros esporádicos que, a pesar de la alta adhesión, fragmentaban la pelea y eran claramente insuficientes para expresar el reclamo salarial.
Tras el contundente paro nacional universitario del 11 y 12 de junio, el gobierno decidió -en forma unilateral- una actualización salarial del 4% para junio, consolidando un golpe inédito al bolsillo de las y los trabajadores docentes de las universidades nacionales. Desde principio de año el salario docente ha perdido entre el 40% y 50% de su poder adquisitivo.
El deterioro salarial es una arista más del ajuste brutal que el gobierno de Milei descarga como política consciente contra las Universidades nacionales y sus trabajadores. Bajo el gobierno de Milei, se estableció un plan de desmantelamiento presupuestario que colocó a las Universidades al borde de la parálisis absoluta, dejando un escenario de incertidumbre con la prórroga del presupuesto 2023 en medio de una inflación insoportable, cifrada en un 257% interanual.
Este diseño de reestructuración capitalista, forjado desde las altas esferas del gobierno libertario, arroja serios interrogantes sobre los cimientos de la Universidad masiva que conocimos. El sistema universitario nacional alberga a más de dos millones de estudiantes y cuenta con cincuenta mil docentes y veinticinco mil no docentes. A pesar del progresivo deterioro al que fue sometida durante los gobiernos anteriores, esta institución persiste como una fuente de pensamiento crítico que naturalmente es resistente a la corriente reaccionaria que lidera Milei.
De su plan inicial de guerra contra la Universidad Pública el gobierno tuvo que retroceder parcialmente ante las históricas e hiper masivas movilizaciones del 23 de abril, que dejaron claro que no sólo la comunidad universitaria sino la sociedad en su conjunto estaban dispuestas a enfrentar y derrotar los planes del Gobierno.
A partir de ahí, el gobierno cambió de táctica y concedió un magro aumento que impacta en una porción cercana al 10% del total presupuestario. Algo totalmente insuficiente pero que contó con la complicidad de las autoridades universitarias (con las de la UBA a la cabeza) que salieron a instalar con todos sus recursos mediáticos e institucionales que la crisis presupuestaria estaba resuelta. Lo que ocultaba la maniobra era que los Rectores se encargarían de autoajustar sus universidades avanzando en un desmantelamiento del sistema universitario que, en el caso de la UNC, implica el desguace y cierre del Multimedio SRT.
Durante estos meses se intentó desmantelar el conflicto aislándolo y silenciándolo mediáticamente. Los paros posteriores, aislados y fragmentados, quedaron como medidas de resistencia que las conducciones de las gremiales universitarias nacionales lanzaban para descomprimir.
En Córdoba, la conducción del gremio local (ADIUC) está agrupado en el Frente de Asociaciones de Base, un agrupamiento que presenta diferencias con la conducción de la CONADU. Los cuestionamientos están centrados en la actitud conciliadora y entreguista de la conducción y prácticas antidemocráticas. A pesar de esto, este agrupamiento no ha sido totalmente consecuente con impulsar la lucha contra el ajuste y por los salarios.
Las semanas anteriores a la asamblea la conducción del gremio lanzó una consulta virtual, respondiendo a las claras exigencias que crecían desde la base docente, en reuniones y asambleas, para definir el plan de lucha. Los resultados fueron más que categóricos: sobre mas de 1300 docentes el 80% se pronunció por la no toma de exámenes y el 90% por el no inicio del segundo cuatrimestre. Una posterior plenaria entre el cuerpo de delegados y la Junta Ejecutiva ratificó estas definiciones y convocó a la Asamblea del 4 de julio.
Lo que viene es una pelea dura que, sabemos, tiene un componente crítico al ser una pelea nacional pero que con esta definición de la docencia universitaria de Córdoba, cobra un gran impulso. Es vital poner de pie al gigante dormido de la resistencia universitaria, unificando la acción de docentes, estudiantes y no docentes en un frente común que desafíe la vorágine neoliberal impuesta por Milei y su corte de odiadores seriales.
Para esto, es necesario impulsar con toda las fuerzas la movilización, tomando en nuestras manos las acciones de lucha. Y avanzar en acciones organizativas para recuperar los sindicatos para un programa político/sindical que enfrente el ataque del gobierno de manera consecuente. Es tiempo de alzar la voz, de construir juntos una hoja de ruta que proteja lo que tanto nos ha costado defender: la educación pública y el sueño de un país más justo y equitativo.