Hace un mes se dio a conocer el fallecimiento de 5 recién nacidos en el Hospital Materno Neonatal ocurridos entre marzo y junio, y otros 8 que sufrieron graves descompensaciones. La sociedad cordobesa aún atraviesa una conmoción sin respuestas.
Desde entonces fueron separados trabajadores y autoridades, mientras la falta de certezas alrededor del caso hizo notar la responsabilidad del Ministerio de Salud que por desidia, por ocultamiento o complicidad le costó la renuncia al ministro Diego Cardozo.
Mucho ruido y pocas nueces
Hasta el momento tenemos las mismas certezas que cuando comenzó la investigación: todas madres jóvenes, sanas, sin complicaciones congénitas y con embarazos controlados periódicamente que, en todos los casos, al momento del parto, las y los bebes nacieron sanos. Se encontraron pinchazos en los cuerpos, altos niveles de potasio en sangre, fallas fisiológicas inexplicables: pero sin ninguna explicación de cuál podría haber sido el motivo médico que causó los fallecimientos.
A cargo de la investigación está actuando el fiscal Raúl Garzón, de conocidos lazos con el oficialismo. Así es que el Ministerio fue el primero en conocer todos los indicios del caso que luego se hicieron públicos. Los primeros responsables a los que se apuntó, como no es de extrañar, fueron las y los trabajadores del hospital. Se trata de veintitrés integrantes del equipo de salud que estaban en funciones en el período investigado y podrían haber tenido contacto con los neonatos, entre ellos la única detenida hasta el momento, Brenda Agüero, enfermera sin elementos firmes que señalen su responsabilidad. Rápidamente el gobierno negó alguna falla con los medicamentos y sugirieron una posible infección intrahospitalaria, de nuevo se apuntó a los trabajadores.
La investigación también separó de sus cargos y sólo acusa de omisión deberes de funcionario público a la ex directora Liliana Asís, a la ex jefa de Neonatología Marta Gómez Flores y a la médica Adriana Moralez.
Violencia o contención: el Estado en la mira
Tres meses pasaron desde la primera muerte hasta la investigación judicial con un sumario interno resguardado bajo siete llaves. Todas las miradas se volvieron al Ministerio cuando se descubrieron las denuncias previamente realizadas, reuniones de las autoridades con el ministerio y procesos de investigación administrativos sin ninguna conclusión. Sólo se judicializó el caso cuando los trabajadores de la salud se negaron a firmar las actas de defunción, sin su determinación esta situación pudo haber continuado. Tal como lo expresó Gastón Vacchiani, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Salud, es necesario conformar una comisión independiente del gobierno, con participación de peritos expertos, trabajadores de la salud y familiares para que la investigación sea objetiva, se analicen todas las hipótesis y se pueda llegar a la verdad y hacer justicia.
en las penumbras.
Desde 2018 existe un memo firmado por el ex ministro Cardozo, en ese momento como secretario de Servicios asistenciales, que prohíbe a las autoridades y jefes de áreas de los hospitales hacer cualquier declaración pública sin que antes pase por el visto bueno del ministerio. Muchos elementos indican que la política del gobierno fue mantener en silencio una situación que conocían mucho antes de que se hiciera pública. Ante los cuestionamientos, los funcionarios plantean que “se falló en informar a la sociedad”. Y la oportunidad en que se cometió ese error habría sido “el momento en que los primeros casos fueron llevados a la Justicia, el 6 de junio”. De esta manera se quiere plantear que el problema en este caso sólo sería de estrategia comunicacional.
La responsabilidad de los funcionarios públicos ante semejante situación que aún continúa sin respuestas va desde la ineptitud hasta el encubrimiento. Quien debe garantizar el pleno acceso a derechos una vez más garantiza la violencia hacia los más vulnerables.
Los problemas estructurales del sistema de salud son consecuencia de una sistemática política de abandono y vaciamiento que lleva adelante hace años el gobierno provincial en la salud. Sin ir más lejos, en el mismo Neonatal a consecuencia de las auditorías, después de años compraron un mamógrafo, indispensable en cualquier maternidad.
Pero ante cada situación de gravedad se intenta colocar a las y los trabajadores como chivo expiatorio, haciéndolos responsables de problemas generados por las medidas y decisiones gubernamentales y de las direcciones. En los últimos años en la provincia hay casos como el de contaminación en la ropa de cama y otros elementos por la falta de control sobre el servicio de lavandería que se encuentra privatizada.
En este caso tampoco puede quedar fuera de investigación San Agustín, empresa privada responsable de la provisión de los fármacos como la vitamina K. A pesar de todos estos problemas, por la tercerización de algunas áreas que viene aparejada a la precarización laboral profundizan esta orientación ahora avanzado con las centrales de esterilización.
Verdad y justicia
Pasan las semanas y las familias desconsoladas siguen luchando en la búsqueda de justicia. Las y los trabajadores estigmatizados por los grandes medios de comunicación también buscan respuestas. En su reciente declaración Brenda Agüero, la enfermera detenida, señala haber cumplido los protocolos institucionales y hasta denuncia la presión por sostener el silencio y la negativa a profundizar las investigaciones.
Hasta el momento la investigación no aportó datos que aclaren la situación. Lo que sí queda a las claras es la responsabilidad del gobierno al no actuar a la altura de la gravedad de los hechos. Sin embargo, cuando los trabajadores impulsaron la investigación, con total hipocresía y frivolidad el mismo pidió ser querellante en la causa, como si sus funcionarios no hubieran obstruido la Justicia, cuando deberían ser los principales investigados. Garzón se lo negó por la crisis política que generó el caso, pero certezas hay de su dependencia al poder político.
En el mismo el gobierno políticos de la oposición de derecha -visita del derechista porteño García Moritán al Neonatal incluida- y algunas empresas mediáticas han desplegado una política de culpabilización y estigmatización de las y los trabajadores, que pone bajo sospecha a todo el personal y el trabajo de toda la institución, para que los funcionarios puedan desentenderse de sus responsabilidades.
Para que la sociedad pueda volver a confiar en el Hospital para el cuidado de las y los bebés, como para quienes trabajan cuestionados y estigmatizados puedan volver a la normalidad hace falta una investigación real y que desarme toda la cadena de encubrimientos que nos trajo hasta hoy. Tal como lo expresó Gastón Vacchiani, es necesario conformar una comisión investigadora independiente del gobierno, con participación de peritos expertos, trabajadores de salud y familiares para que la investigación sea objetiva, se analicen todas las hipótesis y se pueda llegar a la verdad y hacer justicia.
Alternativa Salud