El derrumbe de parte del casco histórico del Hospital Misericordia y la renuncia de la directora del IPEM 332 vuelven a poner en evidencia el estado crítico de desfinanciación en el que se encuentran no solamente los nosocomios, sino también escuelas, y muchos edificios públicos, reavivando el interrogante: ¿En qué prioriza invertir el gobierno provincial?
Lo que vemos
El pasado martes se desplomó el techo de un pasillo del Hospital Misericordia, afectando a un paso de personal y pacientes, así como a parte de la farmacia interna, debido a la falta de mantenimiento de la instalación, que presentaba filtraciones de aguas en las vigas de madera de la estructura. Solo por haber ocurrido el derrumbe una hora de la apertura de ese sector, afortunadamente no hubo víctimas.
El nosocomio ya cuenta con un vasto historial de reclamos por parte de sus trabajadoras y trabajadores, quienes denuncian que existen muchas filtraciones y sectores con humedad, mangueras de incendio que no funcionan, no cuentan con escaleras de emergencia y que incluso el nuevo edificio no cuenta con la habilitación de Bomberos (1).
No se trata de la única institución sanitaria con historial de falta de mantenimiento y claramente los problemas en el sistema de salud no se restringen únicamente a lo edilicio. En 2016 colapsó el cielorraso de una sala de internación del Hospital Rawson, en 2019 se inundó el quirófano en donde se estaba realizando una cirugía cerebral en el Hospital de Niños (2). En octubre pasado se inundó el Hospital Elpidio Torres, que había sido inaugurado en abril (3) y es motivo de reclamo permanente el estado de deterioro de los neuropsiquiátricos en distintos puntos de la provincia. A eso se suma la constante falta de personal, de insumos y los salarios insuficientes que perciben quienes trabajan en el área, como viene denunciando desde hace años la Unión de Trabajadores de la Salud (4).
El sistema de salud no es el único desfinanciado. El sector educativo otro de los grandes perjudicados de la gestión schiarettista. En días recientes vimos el caso de la directora del IPEM 332 que renunció ante la falta de respuestas y soluciones a numerosos reclamos realizados por el deterioro del inmueble y 36 escuelas en la provincia no están en condiciones de arrancar las clases el próximo lunes por problemas estructurales graves (5). Pero en las escuelas que están supuestamente en condiciones de arrancar, las medidas estructurales para prevenir el contagio del Covid-19 ya se saben insuficientes, lo cual es una realidad que atraviesa al país por completo.
Lo que no vemos
Rápidamente, los defensores del gobierno provincial podrían esgrimir como argumento que la gestión del PJ cordobés invierte en muchísimas obras, como las que podemos ver en los anuncios pagados con pauta oficial en cualquier red social. Pero ante ese alegato comenzamos a descubrir varias interrogantes, como la utilidad real de esas obras, la participación social en la decisión de llevarlas a cabo y a quienes realmente se beneficia con las mismas. El Faro del Bicentenario es un ejemplo de aquellas obras de cuestionable utilidad, cuyo costo fue de 2,25 millones de dólares. Viniendo más acá en el tiempo nos encontramos con el caso de la Autovía de Montaña, que sin dudas sería de gran utilidad, pero al proyectarse sin mediar estudios de impacto ambiental o con participación popular, debió cancelarse la obra por pretender atravesar con la misma zona que deberían estar protegidas realmente por su valor ecosistémico, lo cual también ocasionó gastos innecesarios para la cartera cordobesa. Los grandes ganadores son siempre los empresarios a quienes se concesionó las obras.
Otro problema que recién aparece al hacer una observación más profunda es la subejecución del presupuesto. Teniendo en cuenta que la sucesión de mando entre el difunto ex gobernador Juan Manuel De La Sota y Juan Schiaretti lleva más de 21 años, no puede negarse que se trata de una decisión deliberada, por lo recurrente de la situación.
En salud, por ejemplo, tan solo en los cuatro programas con mayor subejecución en 2017, no se ejecutaron alrededor de 370 millones de pesos (6).
En el mismo sentido, la Legisladora por el MST en el FIT Unidad, Luciana Echavarría, reveló en los fundamentos de un proyecto presentado para declarar la emergencia edilicia y sanitaria escolar, que la subejecución infraestructura para el área en 2020 fue de aproximadamente 311 millones de pesos, sumando casi 1.400 millones en los últimos 10 años (en los cuales el Ministro de Educación ha sido el mismo: Walter Grahovac). La legisladora aclara en el proyecto también: “El cuadro se agrava si tenemos en cuenta que el ministro Grahovac y el gobernador Schiaretti anunciaron irresponsablemente el retorno a las clases para el 1 de marzo, y -como es de público conocimiento- se deben extremar las medidas sanitarias de cuidado para evitar los contagios, cuestión de dudosa implementación si tenemos en cuenta todo lo dicho con anterioridad en relación al estado de las unidades educativas.”
¿A dónde va?
Como está mencionado más arriba, el sector empresarial es el más beneficiado con las políticas de Hacemos por Córdoba, en varias maneras. La primera es por las concesiones otorgadas a las constructoras, también aparece la cantidad de subsidios que se otorgan a escuelas privadas, siendo Córdoba la provincia que mayor porcentaje de su presupuesto a ello, con un 21% de esa cartera, lejos del promedio nacional, que es del 13% (7).
Pero un verdadero agujero negro en el balance provincial y el aspecto en el que más se beneficia el sector privado, pero extranjero en este caso, lo compone la deuda pública.
La misma tuvo un incremento del 1094% en los últimos seis años, en los que estuvimos bajo el mandato de Schiaretti, llegando a los 208.000 millones en agosto pasado.
Esta deuda se contrae con la Nación en pesos por un lado pero principalmente (un 89%) con entidades extranjeras en dólares y euros, siendo lo último un factor determinante al explicar el crecimiento descontrolado de la misma, evidencia el deliberado mal manejo del gobierno si tenemos en cuenta que la depreciación del peso en relación a la divisa estadounidense no ha hecho otra cosa que acelerarse en los últimos años, dejando a las finanzas de la provincia en una situación de extrema vulnerabilidad, como está explicado en esta nota: https://periodismodeizquierda.com/cavando-para-salir/
Todo lo anterior pone en relieve la desidia de una gestión que no prioriza lo público en los hechos y por esto urge levantar una política elaborada por y para las mayorías, con la que asistir a una escuela u hospital que cuente con personal trabajando en buenas condiciones, con los insumos necesarios y la infraestructura en buen estado no sea un privilegio, porque como reza el eslogan del gobierno provincial “A Córdoba la hacemos entre todos” pero definitivamente no es para todos.
Nacho Márquez