Este jueves por la mañana se presentó una denuncia penal por incumplimiento de deberes de funcionario público contra el gobernador Juan Schiaretti y los ministros de Salud Diego Cardozo y de Educación Walter Grahovac.
La denuncia se realiza por el accionar de las autoridades de la provincia frente a la segunda ola de contagios de coronavirus; en la cual, pese a que la experiencia internacional y la evidencia científica preveían un escenario complejo, sumado a un contexto nacional donde faltan vacunas y su aplicación es lenta, el gobierno de Hacemos por Córdoba alentó la apertura de actividades económicas no esenciales y la vuelta a clases presenciales, forzando a la circulación y exposición al conjunto de la población.
La denunciante, Luciana Echevarría, legisladora del MST en el FIT-Unidad, expresó: “La situación de la provincia es dramática, el aumento incesante de los casos y las muertes evidencian que el colapso ya llegó, aunque se nieguen a asumirlo. En ese contexto, la política del gobierno se torna criminal. En su afán de conseguir votos, Schiaretti está arriesgando la vida del conjunto de la población. Y son numerosos los hechos que dan cuenta de incumplimientos sistemáticos de los deberes de funcionario público en los que incurre el gobierno, quizás el más evidente es la presencialidad forzada en las escuelas, violando los acuerdos establecidos de acuerdo a ciertos parámetros epidemiológicos; pero también la apertura de prácticamente todas las actividades económicas no esenciales en el pico máximo de contagios, lo que demuestra que lo único que quiere cuidar el gobierno es el bolsillo de algunos empresarios. La recaudación provincial récord debe destinarse a ayudas sociales para que se pueda volver temporalmente a fase 1 con contención real a los sectores que lo necesitan”, dejando en claro que, en sus palabras, “las muertes tienen responsables políticos”.
La provincia de Córdoba es escenario de una escalada de contagios, poniendo sobre las cuerdas a todo el sistema de salud que está a punto de alcanzar el 80% de ocupación de camas de Unidad de Terapia Intensiva (UTI) por COVID, sumado al agotamiento y condiciones de trabajo del equipo de salud, nos lleva al borde de la saturación.
El otro denunciante, Gastón Vachiani, secretario general de la UTS, dijo: “El equipo de salud está agotado y en una situación dramática. El incremento de camas y la falta de inversión nos obliga, por ejemplo, a tener que elegir a quién darle oxígeno y a quién no. Con ese nivel de tensión es imposible trabajar. Y el ministro Cardozo reconoce cínicamente que estamos colapsados, pero no hace nada para cuidarnos ni reconocer nuestra labor. Por el contrario, sigue maltratándonos como sucedió recientemente con el intento de traslados compulsivos a los residentes. Tenemos que frenar este desastre y por eso acompañamos esta denuncia”.
Con más de 320.000 contagios en lo que va de la pandemia, con récords diarios de alrededor de 5.000 nuevos contagios y más de 2.500 internados actuales por COVID en terapia intensiva, Córdoba se ha convertido en la capital nacional del COVID-19. Esta denuncia llega en el momento justo, marcando que si se ha llegado hasta acá ha sido por la decisión política del gobierno de Hacemos por Córdoba de cuidar las ganancias de un sector empresario que se enriquece a costa de la salud de todos los cordobeses, en lugar de destinar la recaudación récord que tiene la provincia para garantizar contención social para volver a fase 1 y detener la circulación del virus.
Lautaro Allassia