Esta semana Verónica Reyes, vocal de la Unión de Trabajadores de Salud (UTS), bioquímica y trabajadora del Hospital Domingo Funes de Santa María de Punilla, recibió una notificación sin firma de parte de las autoridades responsables a través del sistema Empleado Digital. La instan a rectificar las declaraciones que había realizado anteriormente a un diario, del que citan el enlace a la nota, sobre la crítica situación del hospital, bajo amenaza de sancionarla.
Estas actitudes gubernamentales contra representantes sindicales no son novedosas, particularmente con la UTS ya hay antecedentes desde el inicio de la pandemia de intentos de traslados a delegados gremiales, modificación de condiciones de trabajo a activistas y el inicio de un juicio de desafuero a Estela Giménez, secretaria adjunta del gremio.
En una gacetilla firmada por el secretario general Gastón Vacchiani y Giménez, la UTS señaló: “Las autoridades quieren acallar a quienes venimos señalando desde hace 15 meses las graves deficiencias de falta de personal e infraestructura que desde antes afectaba al sistema de salud y se agrava en el marco de una emergencia sanitaria como la actual. Y advertimos también que vamos a realizar todas las acciones gremiales y judiciales para que el gobierno cese en esta actitud persecutoria”. Y agregan: “No sirve querer esconder los problemas para resolver la crisis sanitaria. En vez de atacar a los trabajadores, lo que el gobierno debe hacer es priorizar la salud pública, aumentando el personal con correctas condiciones laborales y salariales y mejorando la infraestructura, para asegurar una correcta asistencia a la población”.
La situación sanitaria de la provincia es grave, con 3.552 nuevos casos y 52 muertes en el día de ayer; y en lo que va del mes de junio ya se cuentan 697 víctimas fatales, entre ellas varios agentes de salud. La ocupación de camas críticas asciende al 80,2% según datos oficiales, el “techo” que las autoridades se habían impuesto para disponer restricciones estrictas. Sin embargo, el gobierno de Schiaretti ha hecho trascender el levantamiento, a partir del sábado, de la mayoría de las pocas restricciones que hoy existen, como reclaman desde el gobierno de la capital provincial a cargo del también peronista Martín Llaryora.