Desde hace seis días arden en la provincia distintos focos que afectan fundamentalmente a las zonas serranas, aunque también se desataron en departamentos del sur y el este. Actualmente hay cuatro focos activos uno en la zona de Capilla del Monte y San Marcos Sierras (Punilla), otro en Chancaní (Traslasierra), un tercero en Villa Berna (Calamuchita) y el cuarto en Ascochinga- La Granja (Sierras Chicas). Ya son más de 40 mil las hectáreas perdidas que se suman a las más de 500 mil que se quemaron en los últimos cinco años, lo que equivale a 10 veces la ciudad de Córdoba.
La historia de nunca acabar
Esta tragedia se repite porque el gobierno lo permite. Tanto Schiaretti como ahora Llaryora han desfinanciado el Plan de Manejo del Fuego e incluso tomaron decisiones como eliminar el cuerpo de vigías que funcionaba en cada cuartel de bomberos haciendo prevención. Hoy se llega tarde a actuar porque no funcionan las alertas tempranas y el gobierno, frente al hecho consumado dice que va a destinar recursos ilimitados, pero ya es tarde.
Esto no es casual ni fruto de la inoperancia, es adrede: pisan el presupuesto y después se hacen los preocupados cuando el daño ya está hecho. De la misma forma, cada vez que estamos frente a estas situaciones de desastre, demoran días muy valiosos en pedir ayuda, dejando más desamparadas aún a las comunidades. Al igual que Llaryora ahora, lo hizo Schiaretti en 2020, lo que le valió una denuncia penal, realizada por el profesor Raúl Montenegro (presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente) y el abogado Juan Smith, que obviamente no prosperó porque la Justicia cordobesa es totalmente adicta al poder político.
Donde hubo fuego, negocios quedan
Frente a esto algunos aprovechan para hacerse los críticos, aunque defienden el mismo modelo de saqueo y despojo que nos trajo hasta acá. Es el caso de Cristina Fernández, que en su cuenta de X (ex Twitter) dice que esto pasa porque la provincia no adhirió a la Ley que presentó su hijo para modificar la “Ley de Manejo del Fuego con el objetivo de ampliar las restricciones en el uso de las tierras afectadas”. Se ve que de nuestra provincia conoce poco Cristina, porque acá, gracias a la enorme lucha de las comunidades en los territorios, tenemos una ley que establece ese nivel de protección y mucho más, para las zonas rojas y amarillas de monte nativo. Pero no se cumple. No nos faltan leyes, nos sobran negocios que se priorizan para unos pocos en detrimento de nuestro ambiente, y en eso Cristina no puede hacerse la desentendida, porque en sus gestiones a cargo del país fue garante de ese modelo destructivo.
Otros usan el contexto para intentar avanzar aún más con la expansión de la frontera extractivista. Es el caso del presidente de la sociedad rural de Jesús María que dijo: “Quedó demostrado con el correr de los tiempos que la ley de ordenamiento territorial actual es una generadora de más material combustible”. Y agregó que: “la ley de ordenamiento territorial quemó todo el bosque, los campos, las chacras y los alrededores de las ciudades”. Por ridículo que suene, lo que están pidiendo las patronales agrarias, es que no se proteja nada, así ellos pueden desmontar y poner soja o maíz en esas zonas y claro, un monte que no existe no puede quemarse.
Esta declaración es una confesión importante: en Córdoba de cada fuego nace un negocio, sea un emprendimiento inmobiliario, la expansión de la frontera sojera o una megaobra, porque que la ley lo prohíba no quiere decir que no suceda. Por eso, no casualmente la zona que más se incendia es a la vez la de mayor crecimiento demográfico y la elegida por los countries y el desarrollismo inmobiliario, hablamos de La Calera, una ciudad a 10km de la capital cordobesa, que se quema año tras año. Hasta el propio gobierno infringe la ley, como bien denunciaron las asambleas ambientalistas, la Autovía 5 tiene un tramo construido sobre la cicatriz de los incendios del 2020.
Mayores penas ¿para quiénes?
El gobierno provincial ahora sobreactúa preocupación y dice a través de sus voceros que van a endurecer las penas por los incendios. Miguel Siciliano, legislador de Hacemos Unidos por Córdoba, dijo: “la actual situación requiere medidas contundentes. No podemos permitir que actos criminales queden impunes o reciban sanciones leves”. Como bien sabemos, cada vez que esto ocurre el que cae preso es algún perejil, nunca los verdaderos responsables que jamás se ensucian las manos, pero son los que se quedan con los negocios.
Si hay alguien a quien se debería sancionar duramente es al propio gobierno, que con su desidia permanente viene permitiendo que se nos prenda fuego la provincia y perdamos el poquísimo monte que nos queda.
Emergencia nacional ya
La situación es grave y mucho más si tenemos en cuenta que el gobierno nacional es un negacionista serial, que redujo drásticamente todos los presupuestos destinados a la preservación ambiental y a la prevención. Y para colmo, Córdoba, según refirió Llaryora en recientes declaraciones, está próxima a adherir al RIGI (Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones), si lo hacen, esos mega emprendimientos podrían venir a instalarse sin problemas sobre las cenizas de estos incendios, porque la adhesión implica la renuncia a todas las leyes protectoras, incluyendo la Ley de Bosques.
Estamos frente a una emergencia, en el territorio las comunidades apagan el fuego con lo que tienen a mano mientras pierden todo. Necesitamos que se declare de manera urgente la emergencia ambiental para que se destinen todos los fondos y recursos que hagan falta al combate del fuego para extinguirlo de manera urgente.
Que no se queme más
Además, es importante debatir otras medidas, para que se nos deje de quemar la provincia. Luciana Echevarría (legisladora MST-FITU) presentó un proyecto para aumentar sustancialmente el presupuesto del Plan de Manejo del Fuego y que sean las comunidades en los territorios quienes lo manejen y decidan su ejecución.
El proyecto contempla también la elaboración conjunta con expertos de un plan de remediación para todas las zonas afectadas. Y exige la actualización urgente georeferenciada y a escala del mapa de la ley de bosque, con énfasis absoluto en la preservación.
No es el clima, es el sistema
Mientras discutimos medidas de emergencia para superar esta situación crítica, necesitamos avanzar en un cambio profundo de modelo. El extractivismo capitalista es el que nos trajo hasta acá, ellos ven cada centímetro de nuestro territorio como una oportunidad de hacer ganancias, así nos dejaron apenas el 2% del monte nativo en pie y siguen avanzando, a este ritmo Córdoba se va a transformar en un desierto “verde soja” en muy poco tiempo. Por eso necesitamos poner un freno urgente y declarar también la Emergencia Ambiental en el territorio provincial, prohibiendo todas las actividades extractivas y dañinas para el medio ambiente y las comunidades. Sólo así vamos a poder empezar a recuperar lo que nos vienen robando y destruyendo hace años.
Viki Caldera