El pasado 14 de Junio se cumplieron 2 años del asesinato de Ezequiel Castro. A sus 21 años fue detenido por la policía cuando tomaba una gaseosa con un amigo en la esquina de su casa. Y apareció días después deshidratado y muy golpeado en un hospital donde finalmente murió.
Todo fue ilegal por completo. Desde la detención de Ezequiel, pasando por su estadía en el servicio penitenciario, hasta llegar a su tratamiento en el CPA (Centro PsicoAsistencial) y finalmente su muerte en el Hospital Misericordia.
Hoy, dos años más tarde, aún está frenado el expediente que cuenta con más de una veintena de imputados, aunque faltan aún los responsables del centro de detención y los oficiales que se lo llevaron.
Los familiares de Eze, su papá Guillermo y su mamá Lorena, vienen desde el primer momento llevando adelante una lucha intensa reclamando justicia, solidarizándose con más familiares de víctimas de violencia institucional, impulsando junto a diversos colectivos la creación de un mecanismo local de prevención de la tortura en el marco del Comité Nacional y recibiendo el apoyo de sectores políticos como la legisladora Luciana Echevarría (MST- FITU).
Cómo parte de esta lucha, en la mañana del jueves 27 se hicieron presentes ante Tribunales I familiares y amigos de Exequiel para exigir una audiencia con el Fiscal General Juan Manuel Delgado con la intención de exigir celeridad en la causa para que avance y puedan investigar y castigar a los responsables. Sin embargo Delgado ignoró el pedido de la familia.
Mientras tanto, se realizó una radio abierta en las puertas de la institución con la participación de familiares de Matias Mariño, otra víctima de tortura, fallecido luego de su detención en el CPA, familiares de Rodrigo Sanchez víctima de gatillo fácil, entra varias organizaciones sociales y políticas.
Una vez más, se demuestra que la Justicia es cómplice de la violencia institucional y que el camino para enfrentarlos es la lucha.
Lautaro Allassia