Este articulo fue extraído del sitio web de la Liga Internacional Socialista
A pesar del desbloqueo de 14 procesos en la conferencia climática de Belém, los líderes indígenas exigen que el Gobierno de Lula actúe más rápido y critican el ritmo burocrático, al considerar insuficiente el compromiso ante la urgencia climática y los conflictos por la tierra.
El anuncio del reconocimiento de cuatro Tierras Indígenas (TI s) y la delimitación de diez nuevos territorios por la Ministra Sônia Guajajara en la COP 30 el martes (18), aunque un paso formal hacia adelante, no logró calmar la creciente frustración de los líderes indígenas con el ritmo de las demarcaciones bajo el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
La capital de Pará, escenario de la Conferencia sobre el Clima y de la presencia de cerca de 5.000 indígenas, fue testigo de un gesto del gobierno federal que, en la práctica, es visto por muchos activistas como insuficiente y lento en comparación con las promesas de campaña y la urgencia histórica de la causa.
Desde el inicio de su mandato, cuando Lula subió la rampa del Planalto junto al Cacique Raoni, las expectativas del movimiento indígena eran de un esfuerzo conjunto en las demarcaciones. Sin embargo, en actos cruciales como el Campamento de Tierra Libre (ATL), los anuncios no estuvieron a la altura de las expectativas. En Belém, la presión fue pública: la Marcha Global Indígena que precedió al anuncio del ministro exigió la demarcación urgente como política climática.
Burocracia y falta de voluntad política
Los 14 procesos desbloqueados suman más de 2,18 millones de hectáreas y son innegablemente vitales. La demarcación, como demuestran los datos del Observatorio del Clima -los Territorios Indígenas sólo han perdido un 1% de bosque nativo en tres décadas, frente al 20% de las áreas privadas-, es el mecanismo de protección ambiental más eficaz del país. Sin embargo, la lentitud del proceso tiene raíces profundas, pero se ve agravada por la percepción de que la voluntad política no se traduce en rapidez de ejecución.
«La Amazonia debe permanecer en el centro de la política de demarcación», afirmó Toya Manchineri, coordinadora general de la Coiab, reforzando el enfoque que el gobierno debería mantener, pero que se ha dispersado. Se critica al gobierno, que creó un Ministerio de Pueblos Indígenas, por mantener una «inercia» que devalúa el simbolismo inicial.
La lentitud no sólo frustra a las comunidades, muchas de las cuales llevan décadas esperando el reconocimiento de sus tierras, sino que alimenta los conflictos territoriales. En un escenario de «ajuste fiscal» y compleja articulación política en el Congreso, la promesa de «poner en cero» las demarcaciones pendientes choca con una supuesta «falta de recursos» para continuar los procesos y con la resistencia de sectores del agronegocio, a los que se acusa de alinearse en detrimento de la agenda indígena.
La historia de los retrasos
La Constitución de 1988 estableció un plazo de cinco años para que todas las demarcaciones del país estuvieran finalizadas, pero 37 años después, decenas de procesos siguen paralizados. Históricamente, la media anual de aprobaciones de Territorios Indígenas en los ocho años de los dos primeros mandatos de Lula fue de 10 al año, inferior a las 18 anuales del gobierno de Fernando Henrique Cardoso. Aunque el actual mandato señala un avance en relación con el gobierno ultraderechista del presidente Bolsonaro, el tiempo de espera y el número de territorios aún en fase inicial -con 255 Territorios Indígenas en proceso pero aún no finalizados- son vistos como un fracaso del Estado que el actual gobierno aún no ha conseguido revertir de forma decisiva.
El retraso es doblemente perjudicial: económicamente, el coste de la expropiación y la indemnización aumenta con la revalorización de la tierra; y simbólicamente, con la muerte de los líderes más antiguos y el vaciado de la memoria de las comunidades sobre sus límites ancestrales.
Las cuatro tierras indígenas reconocidas suman 2,182 millones de hectáreas y están situadas en los municipios de Faro y Oriximiná, en Pará, y Nhamundá, en Amazonas. Son:
- TI Kaxuyana-Tunayana (PA-AM)
- TI Manoki (MT)
- TI Uirapuru (MT)
- TI Estação Parecis (MT)
Las ordenanzas que declaran 10 Tierras Indígenas incluyen áreas en São Paulo, territorios guaraníes, que también fueron reconocidos en Mato Grosso do Sul; tres en el Nordeste, dos en Bahía y una en Pernambuco; y dos en el Norte, una en Pará y otra en Amazonas. Véase más abajo:
- TI Sawre Ba’pim (PA – Munduruku)
- TI Vista Alegre (AM – Mura)
- TI Tupinambá de Olivença (BA – Tupinambá)
- TI Comexatiba (BA – Pataxó)
- TI Ypoi Triunfo (MS – Guaraní)
- TI Pankará da Serra do Arapuá (PE – Pankara)
- TI Sambaqui (PR – Guaraní)
- TI Ka’aguy Hovy (SP – Guaraní)
- TI Pakurity (SP – Guaraní)
- TI Ka’aguy Mirim (SP – Guaraní)
Los líderes exigen demarcación inmediata y justicia en la COP 30
La manifestación de la Marcha Mundial de los Pueblos Indígenas transformó la COP 30 en un escenario de denuncia del asesinato de Vicente Kaiowá, utilizado como símbolo de la incapacidad del Estado para proteger territorios y vidas.
Choque de agendas en Belém
La intensa movilización de líderes en la Marcha Mundial de los Pueblos Indígenas, celebrada el lunes (17) en Belém, puso de manifiesto el profundo abismo existente entre la retórica climática del gobierno de Lula y la COP 30 y la realidad de la violencia en los territorios.
La frase «Basta de matarnos» se convirtió en el principal eslogan con la denuncia del asesinato de Vicente Fernandes Vilhalva Kaiowá, de 36 años, ocurrido este domingo (16) en Mato Grosso do Sul.
El ataque armado a la retoma de Pyelito Kue, en el municipio de Iguatemi, causó la muerte de Vicente, que recibió un disparo en la cabeza, y dejó otros cuatro indígenas heridos, entre ellos adolescentes y una mujer, que fueron alcanzados por armas de fuego y balas de goma.
El relato de la comunidad de que los pistoleros intentaron llevarse el cuerpo de Vicente, pero los indígenas se lo impidieron, subraya la barbarie y la impunidad que caracterizan los conflictos en el campo.
Incompetencia e impunidad
La indignación por el asesinato era palpable. Vilma Vera Caletana Rios, del pueblo Avá Guarani, de la aldea de Guasu Gauavira (PR), exigió con vehemencia que se castigara a los responsables, vinculando directamente la justicia climática con la justicia por las vidas perdidas.
«Otro indígena, otro líder, otro hombre asesinado en su territorio. Cuando hablamos de justicia climática, no podemos olvidarnos de hacer justicia por las personas que ya han sido asesinadas en sus territorios. No podemos permanecer en silencio ante tanta violencia», afirmó Vilma.
Paulo Macuxi, coordinador del Consejo Indígena de Roraima (CIR), secundó el tono de crítica a la inercia del gobierno. «Nuestros familiares están siendo asesinados y esto no va a ser barato. No se puede permitir que esto continúe como si fuera algo común. Alguien tiene que ser responsable, alguien tiene que ser castigado porque se están perdiendo vidas, día tras día, y nadie hace nada al respecto. Los organismos son incompetentes, nadie hace nada para remediar nuestro dolor», se desahogó Macuxi, señalando la ineficacia de las instituciones de seguridad y justicia.
El grito por la vida y el territorio en la COP
El discurso de que la crisis climática no puede disociarse de la crisis humanitaria y territorial dominó las intervenciones de los líderes. Nadia Tupinambá, del territorio indígena de Olivença (BA), exigió que las autoridades reconozcan la «sangre derramada de todos los antepasados», dejando claro que la lucha medioambiental es ante todo una lucha por la supervivencia física.
La líder tupinambá criticó directa y enérgicamente el enfoque de la COP 30, vinculando la violencia a la falta de demarcación:
«Estamos aquí para decir: ‘Dejad de matarnos’. Dejad de matar nuestros bosques. Dejad de vender nuestros ríos. Nos hemos enfrentado a muchas luchas, pero no nos rendiremos. En la COP 30 se habla del clima, pero no se habla de la demarcación de nuestro territorio, donde nuestra gente está perdiendo la vida, donde los niños, las mujeres y los indefensos están siendo atacados, incluso por la policía, por el Estado, sin orden judicial. Pero no nos rendimos. Todos somos guaraníes kaiowá», añadió Nadia, uniendo la causa de su pueblo a la lucha de los guaraníes kaiowá.
El episodio de violencia en Mato Grosso do Sul, al ser llevado al centro de la COP, obligó a la conferencia a enfrentarse al dilema: no puede haber transición energética ni política climática justa sin garantizar la vida y los territorios de los pueblos indígenas, los verdaderos guardianes de la selva.
Las movilizaciones radicales de los pueblos indígenas -especialmente en la región del Tapajós- durante la Cumbre de los Pueblos se centraron enérgicamente en la demarcación de los Territorios Indígenas y en el rechazo a la privatización de los ríos Tapajós, Tocantins y Madeira, prevista en el Decreto 12.600 del presidente Lula. La presión hizo que el gobierno acelerara medidas, como las anunciadas por la ministra de Pueblos Indígenas, Sônia Guajajara, y acabó eclipsando la actuación del gobernador de Pará, Helder Barbalho, que desapareció de la escena política durante los días de la COP para preservar su imagen -ya muy cuestionada por los líderes indígenas desde la ocupación de la Secretaría de Educación en enero, que obligó al gobierno a dar marcha atrás en una ley que habría desestructurado la educación indígena.
El reinado de las agromilicias: el asesinato de Vicente Kaiowá y la guerra silenciosa en Mato Grosso do Sul
El asesinato de un líder indígena en una zona retomada pone de manifiesto la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad en Mato Grosso do Sul, donde grupos armados al servicio de los terratenientes actúan con impunidad en un conflicto por la tierra que dura décadas y roza el genocidio.
El enfrentamiento en la retoma de Pyelito Kue
El brutal asesinato de Vicente Fernandes Vilhalva Kaiowá (36 años) en la retoma de Pyelito Kue, en Iguatemi (MS), no es un caso aislado, sino un trágico síntoma de la guerra de exterminio emprendida por el agronegocio en la región.
Las agromilicias son grupos de seguridad privada -a menudo formados por pistoleros, ex policías o matones contratados por los ganaderos- que actúan con el objetivo de expulsar violentamente a las comunidades indígenas de territorios tradicionales que no han sido demarcados.
Vicente recibió un disparo en la cabeza durante un ataque que, según los guaraníes kaiowá, duró horas y fue perpetrado por un grupo de pistoleros que actuaban como una fuerza paramilitar. El ataque, que dejó otros cuatro heridos, tuvo lugar en la zona de la Tierra Indígena (TI) Iguatemipeguá I, que se superpone a la Granja Cachoeira y es un punto central en el conflicto de tierras del estado.
La lógica de la agromilicia: defender el latifundio a toda costa
En Mato Grosso do Sul, la actuación de las agromilícias está directamente vinculada al retraso crónico en la demarcación de tierras y a la elevada concentración de la propiedad de la tierra. El estado cuenta con una de las mayores poblaciones indígenas del país (cerca de 120.000 personas, principalmente guaraníes kaiowá y terena) en confrontación directa con la economía del agronegocio, basada en la producción de cereales y ganado.
- Vacío legal: la lentitud del gobierno federal en finalizar los procesos de demarcación crea un vacío legal que es aprovechado por los ganaderos. El territorio, reivindicado como tradicional por los indígenas, está ocupado ilegalmente por títulos de propiedad adquiridos por los ganaderos.
- Acción paramilitar: para defender su posesión de las tierras disputadas, los terratenientes contratan seguridad armada. Estos grupos, que utilizan tácticas de asedio, intimidación y violencia extrema, son el brazo armado de la presión contra las tierras retomadas. El Consejo Indígena Misionero (Cimi) y dirigentes denuncian que los agresores de Pyelito Kue actuaron con fusiles calibre 12 y 38, e incluso utilizaron balas de goma (munición restringida a las fuerzas de seguridad), lo que hace sospechar de la implicación de agentes de seguridad pública.
- Genocidio silencioso: La consecuencia es un ciclo de violencia ininterrumpida. Los líderes guaraní-kaiowá denuncian genocidio y terrorismo constante, con cientos de indígenas muertos en conflictos por la tierra en las últimas décadas (como el padre de la líder Valdelice Verón, el cacique Marcos Verón). El asesinato de Vicente es un nombre más en una trágica lista que se repite desde hace generaciones.
Omisión e impunidad: el fracaso del Estado
Las críticas de los líderes indígenas en la COP 30, como Vilma Vera Caletana Ríos y Paulo Macuxi, se dirigen a la omisión e incompetencia de los organismos estatales.
- Lentitud judicial: Aunque haya habido avances puntuales, como la conciliación en algunas áreas coordinadas por el STF, los tribunales federales y estatales han tardado en procesar y condenar a los autores de los asesinatos, permitiendo que las agro-milicias sigan actuando con impunidad.
- Actuación inadecuada: Se acusa al Estado de incumplir su principal obligación: garantizar la seguridad de las comunidades indígenas mientras no finalicen los procesos de demarcación. La actuación de la Policía Militar (PM) en los conflictos de la región también ha sido objeto de acusaciones de uso desproporcionado de la fuerza contra los indígenas.
La detención de un sospechoso en el acto por parte de la Policía Federal es un paso importante en la investigación, pero la comunidad y los activistas exigen que las pesquisas lleguen hasta los autores intelectuales y desmantelen el esquema de contratación de pistoleros, visto como la única forma de detener el ciclo de asesinatos.
La solución definitiva, como subrayan los dirigentes, es la demarcación inmediata de los territorios tradicionales. Es la expropiación de todas las tierras ocupadas ilegalmente por los latifundios agroexportadores que poco se preocupan por las necesidades de la población indígena.
Así lo exige también la Liga Internacional Socialista (LIS), organización política que se suma a la denuncia de este bárbaro asesinato y que, a través de la organización Revolución Socialista -su sección oficial en Brasil-, ha apoyado la lucha y las agendas de todos los pueblos y naciones contra el Estado y el latifundismo.
Por Douglas Diniz – Periodista, miembro de la dirección la Revolución Socialista (RS) y de la Liga Internacional Socialista (LIS), Coordinador del Portal Info.Revolução
(Artículo en proceso de actualización)
Fuentes: Portal G1, Agência Brasil, CIMI, Repórter Brasil.
