La COP 30, que se celebrará en Belém en noviembre de 2025, está siendo criticada por activistas ambientales y movimientos sociales. Lejos de representar una solución a la crisis climática, la conferencia es denunciada como una nueva oportunidad de negocios para el gran capital y un terreno fértil para la corrupción.
En medio del entusiasmo del presidente Lula (PT), del gobernador Helder Barbalho (MDB), del ex intendente Edmilson Rodrigues (PSOL) y del actual intendente de Belém, Igor Normando (MDB), por albergar la COP 30, la organización Revolução Socialista, sección brasilera de la Liga Internacional Socialista (LIS), denuncia que el evento ignora totalmente las demandas de los pueblos originarios, de las comunidades tradicionales, de la población pobre y de la clase trabajadora, privilegiando una agenda en favor de los capitalistas.
Mientras la burguesía, especialmente el sector de la construcción civil y el hotelero, celebra la oportunidad de obtener ganancias exorbitantes, una pequeñísima parte de la infraestructura de la ciudad se adapta para un evento de diez días, con gastos superiores a los 5 mil millones de reales.
La cantidad de dinero invertido en la realización de la COP 30 ha provocado una avalancha de denuncias por sobreprecios en las obras y desvío de recursos públicos.
Se creó una burbuja especulativa en el sector inmobiliario, que ha provocado el desalojo de familias que viven de alquileres. Esta burbuja se extiende también al sector hotelero, que está cobrando tarifas exorbitantes para alojar a los participantes de la COP 30. Todo esto ocurre en detrimento de la población pobre de Belém, que en su mayoría sobrevive con la mitad del salario mínimo nacional, sufre por la falta de saneamiento básico, recolección de residuos sólidos, transporte público precario, el deterioro de los servicios públicos y enormes desigualdades sociales.
La militarización como mecanismo de control de las manifestaciones
El discurso de que la COP 30 promovería un debate profundo y democrático sobre la Amazonía, con la participación de las comunidades locales, difundido por las direcciones tradicionales del movimiento de masas en Brasil —sobre todo el PT/CUT, sindicatos, movimientos sociales vinculados al gobierno y por la mayoría de la dirección nacional del PSOL— comenzó a desmoronarse.
La COP 30 será un espacio “ultra restringido y totalmente militarizado”, donde una minoría conspirará para hacer negocios, sin compromiso con el medio ambiente ni con detener la catástrofe climática.
La expectativa de que las movilizaciones puedan “acorralar” a los principales jefes de Estado del planeta está siendo tratada como un asunto de seguridad nacional por el gobierno brasileño.
Por eso, el presidente Lula editará una Garantía de la Ley y del Orden (GLO), transfiriendo a las Fuerzas Armadas y a la Fuerza Nacional de Seguridad la responsabilidad de la seguridad pública durante el evento, y construyendo un “cordón militar” que impida a activistas ambientales, sindicatos y movimientos sociales independientes acercarse a la “rueda del casino” en que se transformará el Parque da Cidade de Belém, escenario de los grandes negocios.
A diferencia del Foro Social Mundial, realizado en Porto Alegre y posteriormente en Belém, que fue un espacio —aunque limitado— de participación popular, la COP 30 y su agenda de capitalismo verde se desarrollarán sin escuchar siquiera las demandas de las poblaciones del campo, los ríos y la selva, cuyos territorios son invadidos para proyectos que saquean las riquezas naturales, pisotean tradiciones centenarias y dejan un rastro de muerte y destrucción.
La importancia de la Cumbre de los Pueblos y sus limitaciones
Para neutralizar el descontento social con los gobiernos de todo el mundo, el gobierno federal, en alianza con la burocracia que dirige gran parte de los movimientos sociales, secuestró la organización política intentando imponer límites a la rebeldía que dio origen a la Cumbre de los Pueblos.
El evento, que siempre se realizó casi en paralelo, esta vez tendrá lugar una semana antes de la COP 30, precisamente para evitar que durante la Conferencia se realicen manifestaciones que cuestionen también al gobierno del presidente Lula y su política ambiental de autorizar la explotación de petróleo en la margen ecuatorial, su lentitud en demarcar los territorios indígenas —lo que ha incrementado la violencia ejercida por usurpadores de tierras, mineros ilegales, sojeros y multinacionales—, todo para privilegiar al agronegocio.
Aun con estas limitaciones, sectores de la izquierda independiente pretenden utilizar la Cumbre de los Pueblos como un mecanismo para unir fuerzas, protestar contra el capitalismo global y construir una plataforma que denuncie la farsa de la COP 30. El objetivo es promover debates que puedan involucrar a la mayoría de la población que sufre racismo ambiental, en la perspectiva de elaborar un conjunto de propuestas e iniciativas políticas con una salida ecosocialista y con la movilización necesaria para superar la crisis sistémica del capitalismo.
Esta será la tarea de Revolução Socialista y de la LIS que participará con una delegación de otros países en esta cumbre. Entendiendo la necesidad histórica de enfrentar el negacionismo climático que encabezan Trump, Bolsonaro, Milei en la región, como también la mentira del “capitalismo verde” que pregona Lula, estaremos presentes para llevar nuestro programa y política en todos los espacios donde sea posible y fortalecer así una alternativa a la barbarie ecocida del capitalismo.
Por Douglas Diniz – Periodista, miembro de la Dirección de Revolução Socialista (RS) y de la Liga Internacional Socialista (LIS)
