Se abrió una nueva discusión entre los que ocupan la política y la Justicia de forma vitalicia. En el día de ayer la Corte Suprema de Justicia falló a favor de Luis Juez -senador del PRO- ante el amparo que él mismo y Humberto Schiavoni habían presentado. Estos integrantes de Juntos por el Cambio habían denunciado una maniobra que el Frente de Todos realizó para quedarse con un puesto más en el Consejo de la Magistratura. El cargo que reclama Juez para sí mismo y ahora la Corte respalda, es el que corresponde a la segunda minoría del Senado, puesto que había quedado en manos de la coalición oficialista, en la persona de Martín Doñate, tras partir el bloque de senadores en dos: Frente Nacional y Popular y Unidad Ciudadana.
La decisión de la Corte llevó los votos de Horacio Rosatti (presidente de la Corte y del Consejo de la Magistratura), Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, quien no acompañó fue Ricardo Lorenzetti. En la argumentación para dar lugar al amparo que presentó el senador del PRO se lee: “Resulta indiscutido que al momento de la notificación de la sentencia del 16 de diciembre –y aún después del vencimiento de los 120 días dispuestos para su implementación– la segunda minoría a los efectos de la conformación del Consejo de la Magistratura era el Frente Pro”.
En los hechos lo que se debate el Frente de Todos y Juntos por el Cambio es la posibilidad de ocupar más lugares en el organismo que digna, controla y remueve jueces, como así también funcionarios del Poder Judicial o servicios de justicia.
Los cambios en el Consejo
En diciembre de 2021 la Corte Suprema decidió que la última ley que reformó el Consejo de la Magistratura tenía un carácter institucional. Así, los magistrados le ordenaron al Congreso que remueva esa ley y sancione otra, pero en el mientras tanto quedaría en vigencia la anterior normativa de 1997. De esta forma la presidencia del Consejo quedaba en manos del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y volvía a imponer el número de 20 consejeros o consejeras, en vez de los 13 que promovía la ley de 2006. Esos 20 lugares se componen por:
- El/la presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
- Cuatro jueces/zas del Poder Judicial de la Nación
- Ocho legisladores/as nacionales. Cuatro en representación de la Honorable Cámara de Senadores y cuatro de la Honorable Cámara de Diputados
- Cuatro representantes de los/as abogados/as de la matrícula federal
- Un/a representante del Poder Ejecutivo Nacional
- Dos representantes del ámbito científico y académico
Las representaciones que corresponden al ámbito del Congreso son las que iniciaron por aquel entonces una carrera entre el FdT y JxC por el Consejo. Y, ante la posibilidad de que el gobierno quede en minoría en el mismo, fue que desde el bloque de los senadores oficialistas se decidió partirlo en dos. Eso fue lo que le otorgó uno de los cargos a Martín Doñate por la segunda minoría, en vez de ser otorgado para el candidato del PRO, Luis Juez. Esto fue lo que motivó a judicializar la acción al senador cordobés.
Por parte de Juntos por el Cambio ya había existido una maniobra igual a la cometida por el Frente de Todos y rechazada ahora por la Corte Suprema. De todas formas, no se develan más que diferentes intereses de poderes corporativos para poder tener amañadas las elecciones de jueces. Queda en claro que en este momento parte de los magistrados muestran una postura de aliado con la oposición de Juntos; sin embargo, la lucha del oficialismo no es para cambiar la matriz de la Justicia, sino para asegurarse poner nombres de su propio riñón en la justicia.
Lo que hace falta, otra justicia
Desde el MST en el FIT-Unidad, venimos dejando en claro que esta Justicia viciada no es más que lo contrario de lo que la palabra indica. Respaldando intereses tanto de los distintos partidos del régimen como de los empresariados, esta institución se revela como algo antidemocrático y con un carácter de clases, que nada tiene que ver con su supuesta función. Para que esto cambie, hace falta una reforma, un cambio profundo de la misma. Hay que eliminar los organismo antidemocráticos como el Consejo de la Magistratura. E insistimos en que es necesario elegir a todos los jueces y fiscales por voto popular, con cargos limitados, revocables y con igual remuneración que la de una directora de escuela. Claro, también con posibilidad de revocar a los mismos en caso de incumplimiento de sus funciones.
En tiempos de “lawfare”, el modelo propuesto, como la constitución de una comisión investigadora (integrada por personalidades de los derechos humanos y con plenos poderes para investigar) para grandes causas de corrupción política, pondría fin a todas las maniobras y operaciones de la corporación judicial.