Embarcarse en la lectura de las tenebrosas aguas del dictamen de la Ley de Bases da dolor de panza y corazón a cualquiera de nosotros que buscamos una Argentina justa e inclusiva. Desalienta la lectura el volumen de páginas que contiene, pero creo importante dar dimensión real de las implicancias de su aprobación, no para asustarnos y volver a nuestras casas, sino para radicalizar la pelea para dar de baja la totalidad de este proyecto de ley siniestro, antiobrero, cipayo y privatizador.
Esta vez encaré la lectura para rastrear los impactos de la ley en la ciencia y la técnica argentina y, más específicamente debido a mi inscripción institucional, en CONICET.
¿Qué me importa CONICET?
CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) es el principal organismo dedicado a la promoción de la Ciencia y la Tecnología en Argentina. Actualmente, se desempeñan en el organismo más de 11.800 investigadores e investigadoras, más de 11.800 becarios y becarias de doctorado y postdoctorado, más de 2.900 técnicos, técnicas y profesionales de apoyo a la investigación y aproximadamente 1.500 administrativos y administrativas. Trabajan distribuidos/as a lo largo del país -desde la Antártida hasta la Puna y desde la Cordillera de los Andes hasta el Mar Argentino- en sus 16 Centros Científicos Tecnológicos (CCT), 8 Centros de Investigaciones y Transferencia (CIT), un Centro de Investigación Multidisciplinario y más de 300 Institutos y Centros exclusivos del CONICET y de doble y triple dependencia con universidades nacionales y otras instituciones (Página oficial de CONICET).
A pesar del conjunto de mentiras y difamaciones que se oyeron en los últimos meses por parte del gobierno nacional, el trabajo de nuestro CONICET es reconocido internacionalmente.
El ranking Scimago 2024 nos ubica como la mejor institución gubernamental de ciencia de América Latina, reiterando una posición que viene ocupando desde hace varios años. El logro es todavía más significativo cuando se toma en cuenta que, además, el Conicet ocupa el 20° lugar entre 1870 instituciones de todo el mundo, superando incluso a organismos como la NASA, de los Estados Unidos.
Este respetado ranking mundial se basa en tres tipos de indicadores: el desempeño institucional, el grado de innovación alcanzado y el impacto social de su producción. Si observamos en detalle las posiciones alcanzadas en los 19 campos científicos evaluados, comprobaremos que el Conicet aparece siempre primero en América Latina, salvo en dos oportunidades en que logró el segundo lugar. Y, además, podremos ver que en las disciplinas más “blandas”, la posición mundial de la Argentina es todavía más destacada: 4° lugar en Artes y Humanidades, 6° en Psicología y 7° en Ciencias Sociales (Ozklack, O.; 2024).
Todo lo dicho no equivale a asegurar que nuestro querido CONICET sea perfecto. Aún quedan largas discusiones por dar y problemas por resolver respecto a la situación laboral de los becarios y personal administrativo, las condiciones de trabajo en los institutos, la verdadera federalización del conocimiento, y por supuesto aún no está saldada y se encuentra en disputa la discusión de la ciencia para qué, y quién se reditúa con el resultado de nuestros trabajos. Años y gobiernos de diferente color pasaron sin que se pase a planta permanente a administrativas y administrativos que realizan trabajos indispensables, por dar un pequeño ejemplo. No queriendo decir que lo urgente debe tapar lo importante, doy paso a hablar ahora sí, de lo urgente.
La siniestra Ley de Bases
Es claro que vivimos en nuestro país una situación crítica. Los niveles de pobreza, desempleo e inflación que empeoran mes a mes requieren soluciones urgentes. Dicho esto, no se entiende cómo otorgarle facultades extraordinarias en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año al presidente va a garantizar de alguna manera que la dramática situación del pueblo argentino se resuelva. ¿Milei y su séquito repleto de casta, empresarios y tarotistas saben cómo terminar con la pobreza? ¿Debemos delegar la soberanía y la democracia que tantas vidas nos costó conquistar con la esperanza que un déspota nos salve sin posibilidad de control por nuestra parte? Personalmente me parece un disparate. Esto no afecta directamente al CONICET como instituto, pero sí a cada miembro como ciudadano.
El artículo 3 faculta al Poder Ejecutivo nacional para disponer la “modificación o eliminación de las competencias, funciones o responsabilidades dispuestas legalmente cuyo mantenimiento resulte innecesario”. La primera pregunta que me planteo es ¿innecesario para quién? Para tener una idea, algunas de las funciones (determinadas en el decreto 1661/96) que entran en riesgo son la determinación del número y tipo de becas (art. 25); las prioridades por disciplina; la distribución por regiones; los reglamentos de admisión; los montos para el funcionamiento de institutos, centros y laboratorios (art. 28); los requisitos mínimos para la existencia de institutos (art. 31); la designación de directores de institutos por concurso público, que son quienes determinan las prioridades de trabajo y los lineamientos generales de funcionamiento; la determinación de los sistemas de evaluación (art. 34) y la garantía de evaluación respetando las características propias de cada área de conocimiento (art. 35).
¿Cuál de estas funciones es innecesaria? ¿Qué parámetro tomará el Poder Ejecutivo libertario para estipularlo?
Este mismo artículo 3 de la Ley de Bases faculta al Poder Ejecutivo para la reorganización, modificación o transformación de su estructura jurídica, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial. Simpático artículo. En las negociaciones hasta el momento se agregó una aclaración final que indica que respecto a CONICET “El Poder Ejecutivo nacional no podrá disponer la disolución”. Pero no dice nada de la fusión, escisión ni la transformación de su estructura jurídica. Se deja a disposición de Milei la estructura jurídica y organizativa del principal organismo dedicado a la promoción de la Ciencia y la Tecnología en la Argentina.
El artículo 5 autoriza al Poder Ejecutivo nacional a modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos. Volviendo a lo anterior, no se disuelve, pero sí faculta al gobierno a desfinanciarlo. Que es un fenómeno que ya estamos viendo: aprobación de equipos y proyectos de investigación, pero no designación de fondos; lo que en términos prácticos implica la imposibilidad de trabajar.
El artículo 52 modifica el artículo 11 de la Ley 25.164, facultando al Poder Ejecutivo a poner en situación de disponibilidad a todo empleado público, entre ellos a los integrantes del Sistema Científico y Tecnológico Nacional. Luego del año de “situación de disponibilidad” se puede prescindir de ese personal. En criollo, te quedás sin trabajo. Otra vez, no se disuelve, pero CONICET sin trabajadores no puede sostenerse, y este artículo faculta al gobierno a disponer de la totalidad de los trabajadores de la ciencia. El rey a dedo puede indicar quién sigue y quién no. Es incluso un contrasentido con la meritocracia que dice guiarlo, ya que el personal científico es evaluado periódicamente bajo criterios internacionales, mientras que con esta ley no se especifica ningún criterio.
Ciencia y soberanía
Insisto que el panorama puede parecer (y es bastante) tenebroso, pero no escribo estas líneas para “ver qué hacemos cuando se apruebe”, como oí por parte de sectores peronistas en la última instancia de debate que tuvimos como comunidad científica de Córdoba. Quienes estudiamos ciencias sociales, y los socialistas fundamentalmente, sabemos que históricamente el debate de las leyes sucede en parte en las cámaras legislativas, pero fundamentalmente la disputa se da en el terreno de la lucha de clases.
El presidente, con pretensiones mesiánicas, habla de las fuerzas del cielo y desde los sectores en lucha respondemos con la fuerza de la calle. En la historia de nuestro querido CONICET hemos tenido muchos ataques, y a cada uno de ellos hemos sabido responder con movilización, tomas de institutos, acampes, semaforeadas, carteleadas, licuadazos… y hasta hoy seguimos resistiendo. Incluso, no es necesario hacer profundos análisis históricos, en los últimos meses de gobierno el presidente ha tenido que recular en todas sus pretensiones, y la masiva marcha Universitaria del abril pasado le puso freno a parte del ajuste que ya se daba por hecho. Nada está resuelto, pero en la experiencia concreta se marca el camino.
El modelo de ciencia que se defiende desde los sectores reaccionarios es una ciencia que responde a un modelo productivo primarizado y dependiente, sin pretensiones de desarrollo de la industria nacional ni el pleno empleo. Por otro lado, marca como criterio la “utilidad” en términos de rédito económico. Uno de los argumentos libertarios es que si son tan buenas nuestras investigaciones, por qué no conseguimos financiamiento privado. Y puedo asegurar que no hay financiamiento privado para quienes queremos una ciencia al servicio del pueblo y para fortalecer nuestra soberanía. El único sector beneficiado con el desarrollo de muchas de nuestras investigaciones es el Estado argentino, y el pueblo trabajador en general ¿Serán los fondos de inversión que lucran con los intereses de deuda externa quienes financien investigaciones que indaguen sobre la legitimidad y legalidad de nuestra deuda? ¿Serán los supermercadistas quienes sostengan equipos a favor de la soberanía alimentaria? ¿Existe aglomerado agroexportador interesado en bancar la agroecología y el estudio del uso eficiente del suelo en términos de sustentabilidad? ¿Serán las petroleras las que busquen energías alternativas y no depredatorias? ¿O habrá por allí alguna industria farmacéutica deseosa de financiar trabajos de medicaciones y tratamientos que no busquen el lucro sino la salud? Por supuesto que la cuestión aquí planteada es de proyecto, que excede lo académico, y es fundamentalmente político.
Quienes bancamos la ciencia y la técnica con perspectiva soberana y al servicio de las grandes mayorías trabajadoras, no debe quedarnos duda que el proyecto de Ley de Bases sólo trae retrocesos para nuestro sector. Y quiero reafirmar que el problema no se resuelve excluyendo a CONICET de tal o cual artículo. No existe artículo de esa enumeración de porquerías que otorgue un derecho, una solución o una migaja a nuestra clase trabajadora. Y sí, dije nuestra, porque como trabajadores del sistema científico nacional somos trabajadores y es importante tener esa definición identitaria. Sabernos parte del pueblo trabajador que está atacando Milei y sus secuaces nos fortalece en tanto nos une con todos los otros sectores en lucha.
Ni CONICET ni ninguno de nosotros va a salvarse solo. Y no es sólo CONICET el que está siendo atacado por este proyecto. La unidad de todos los sectores que estamos luchando contra las medidas de ajuste y reprimarización de este gobierno es condición necesaria para tirar abajo la Ley de Bases. Y en esta tarea de agrupamiento la izquierda tiene una responsabilidad fundamental, ya que es el único sector que ha salido decididamente a luchar ante cada una de las ofensivas libertarias. Como dije más arriba, el problema (y la solución) es político, por lo que es necesario construir un polo alternativo donde podamos expresarnos todos los sectores en lucha, para construir la resistencia y también la transformación.
Sólo con los conocimientos acumulados por años de nuestras investigadoras e investigadores tenemos más que sobradas herramientas para construir una Argentina realmente libre y soberana. Ni hablar si unimos los conocimientos conseguidos en la lucha y organización de todo nuestro pueblo. Insisto en la importancia de reconocernos todos como trabajadores, de la misma clase, quienes tenemos la potencia de cambiarlo todo y transformarlo todo. Fuerzas sobran, organizarlas es la tarea.
Habiendo ya desembarcado de las tenebrosas aguas de la lectura de las páginas de este proyecto de Ley, la conclusión que se desprende es la necesidad de movilizarse para tirar abajo este proyecto íntegramente, en defensa de CONICET y todo nuestro pueblo.
Victoria Daghero, IDEJUS-CONICET