En la madrugada de este lunes, el Boletín Oficial confirmó la oficialización del Decreto 24/2026 que convoca a sesiones extraordinarias del Congreso desde el 2 hasta el 27 de febrero. Bajo la firma de Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Ejecutivo buscará imponer una batería de proyectos que, lejos de resolver la urgencia social, profundizan el modelo de entrega y precarización.
Como venimos viendo a través de toda la rosca de los libertarios con los gobernadores y otros opositores aliados, la reforma laboral será el núcleo de la convocatoria por su contenido anti obrero y esclavista. Pero, a su vez, también entran en agenda los cambios que el oficialismo propone en la Ley de Glaciares para responder a los intereses de las actividades de las corporaciones extractivistas. Todo esto se trata de un cronograma diseñado para avanzar sobre derechos históricos mientras la gente intenta sobrevivir a la carestía de vida que el propio gobierno fogonea.
Por otro lado, la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea incluido en el temario de las extraordinarias es una declaración de guerra contra la soberanía nacional y el medio ambiente. Este pacto, negociado durante dos décadas, se presenta hoy como una oportunidad comercial, pero oculta una asimetría devastadora que condena a la Argentina a la reprimarización económica y a la apertura indiscriminada ante productos industriales europeos.
La gira de Santilli para comprar votos
Durante estas semanas, la gira federal que encabeza el ministro del Interior, Diego Santilli, lo convirtió al ex-Pro en uno de los principales operadores de votos en las provincias. El objetivo del “Colo” es terminar de garantizar que la reforma laboral esclavista consiga luz verde en el Senado el próximo 10 de febrero, fecha prevista para su tratamiento.
Tras haber cosechado los apoyos de Alfredo Cornejo en Mendoza, Marcelo Orrego en San Juan y haber intentado limar asperezas con el pampeano Sergio Ziliotto, la agenda de Santilli para esta semana se traslada al norte y al litoral. Los encuentros programados con Gustavo Sáenz en Salta, Rogelio Frigerio en Entre Ríos y Rolando Figueroa en Neuquén buscan sellar compromisos a cambio de la reactivación de obras públicas frenadas o la transferencia de recursos a las cajas provinciales. Es un canje explícito en donde los gobernadores garantizan los votos para la reforma a cambio de asfalto para las rutas y parches fiscales.
Esta reforma no tiene nada de modernización y todo de retroceso colonial. El contenido del proyecto apunta a legalizar el despido barato mediante el fondo de cese laboral, la eliminación de las horas extras a través del banco de horas y la licuación de los salarios mediante la figura de los salarios dinámicos. Mientras Santilli peregrina por las provincias, la realidad de las fábricas es catastrófica: cierran 30 empresas por día y se producen 371 despidos diarios. Esta contrarreforma laboral es la más agresiva en cinco décadas para liquidar derechos conquistados, buscando que la crisis la paguen exclusivamente quienes sostienen el país con su esfuerzo. No hay libertad posible cuando se pretende que el trabajador esté a disposición absoluta de la empresa, desorganizando su vida y degradando su salario real bajo el falso verso de la productividad.
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En paralelo a la discusión laboral, el Ejecutivo impulsa la modificación de la Ley de Glaciares, una medida redactada a pedido de las multinacionales mineras que esperan con ansias la desprotección del ambiente periglacial. Al dejar en manos de las provincias los criterios de protección, el gobierno abre las puertas a la explotación en zonas críticas para la reserva de agua dulce, ignorando los fallos de la Corte Suprema y el rechazo unánime de la comunidad científica y ambientalista.
Esta entrega de nuestros bienes comunes se complementa con la urgencia por ratificar el acuerdo Mercosur-UE, donde Milei pretende que, con la sola aprobación del Congreso argentino y el Parlamento Europeo, el tratado entre en vigencia provisional. Es un esquema que favorece únicamente al agronegocio exportador y a las multinacionales europeas que buscan excedentes industriales, destruyendo lo que queda del entramado productivo nacional y las pymes locales.
Los fondos de la SIDE y el ajuste sin fin
Mientras el temario oficial se discute en los recintos, en los pasillos del Congreso se libra otra batalla por el control del aparato represivo. La vicepresidenta Victoria Villarruel y el titular de Diputados, Martín Menem, han impreso un retraso deliberado en la conformación de la Comisión Bicameral de Inteligencia. Esta demora no es casual, sino que permite que el DNU que otorga superpoderes y fondos reservados millonarios a la SIDE siga vigente y operativo.
La oposición en el Parlamento, referenciada en los partidos tradicionales como el PJ, asegura tener 123 voluntades listas para voltear el decreto, pero la desconfianza en estas herramientas institucionales tiene que ser absoluta. El prontuario de muchos legisladores demuestra que, a la hora de las votaciones decisivas, sus lealtades se tiñen de violeta para complacer a los gobernadores que negocian prebendas con el Ejecutivo. No se puede depositar ninguna expectativa en una oposición que ha sido cómplice silenciosa de la entrega o que especula con los tiempos del ajuste para su propio beneficio electoral.
A su vez, el panorama económico que rodea este inicio de sesiones extraordinarias es de una fragilidad extrema, a pesar de los festejos oficiales en festivales como el de Jesús María. El presidente Milei ya planifica su regreso a Davos con la expectativa de una foto con su nuevo jefe político, Donald Trump, mientras en la Argentina la economía no encuentra un punto de apoyo genuino. El ministro Luis Caputo intenta parchear la situación con la ayuda del carry trade, una timba financiera que solo beneficia a los especuladores pero que no genera un solo puesto de trabajo. Incluso el Banco Mundial ha actualizado de manera negativa las proyecciones de crecimiento del país. La inflación de diciembre, que alcanzó el 2,8% mensual, presiona directamente sobre las bandas de flotación cambiaria, lo que derivará en un aumento del dólar oficial que se trasladará nuevamente a los precios, castigando el bolsillo de los trabajadores mientras los exportadores celebran la devaluación encubierta.
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La crisis se manifiesta con crudeza en el desplome de la actividad industrial, que registró el número más bajo de utilización de capacidad instalada en ocho meses, ubicándose en apenas un 57,7%. Este escenario de máquinas apagadas y fábricas paralizadas, a su vez, deja en evidencia la paupérrima situación del sistema eléctrico nacional. En menos de 30 días, el AMBA ha sufrido dos apagones masivos que demuestran la falta de inversión de las empresas distribuidoras que, a pesar de haber recibido aumentos siderales en las tarifas, siguen prestando un servicio de cuarta. El gobierno, consciente de que la tensión social está llegando a un punto límite, ha tenido que retrasar la aplicación de la quita de subsidios eléctricos, una maniobra para evitar que el descontento se haga más tangible en las calles antes de que el Congreso trate la reforma laboral.
Organizar la lucha en las calles
Frente a esta compleja situación para los trabajadores, el único camino es la movilización y la organización. El contenido de estas sesiones extraordinarias es un intento de liquidar las conquistas obreras y los bienes comunes del país. El gobierno de Milei actúa como una gerencia de intereses extranjeros, dispuesto a regalar la Ley de Glaciares a las mineras y la soberanía laboral a las grandes patronales, mientras reparte embajadas como premios a personajes rancios de la política tradicional, como es el caso de Fernando Iglesias, hoy embajador de Bélgica y de la Unión Europea. El superávit fiscal que festeja el oficialismo está construido sobre el hambre de los jubilados, la desocupación masiva y el vaciamiento de la salud y la educación pública. No hay diálogo posible con quienes han decidido gobernar para Wall Street y el FMI bajo los dictados del imperialismo yanqui.
Es fundamental no caer en la trampa de la negociación institucional que proponen los partidos del sistema y las direcciones burocráticas de las centrales sindicales. La lucha debe darse en cada lugar de trabajo y en las calles para exigir un aumento salarial de emergencia que se equipare a la canasta básica total y se indexe mensualmente por inflación. La preparación de la ofensiva contra la reforma laboral el próximo 10 de febrero debe ser el punto de partida para un plan de lucha nacional que derrote el presupuesto de hambre y el desguace del Estado. Solo con la unidad de ocupados y desocupados, junto a los sectores ambientalistas y la juventud, podremos frenar este proyecto de miseria. La verdadera libertad no es la de las empresas para despedir o contaminar, sino la del pueblo para decidir su propio destino sin la tutela colonial de Trump ni las exigencias de los usureros internacionales.
