Se registraron al menos 24 muertes y más de 75 internadxs, algunxs en estado grave, a partir de la venta y el consumo de cocaína adulterada. El gobierno lanza operativos policiales, penaliza el consumo, desfinancia el área de salud mental y no avanza sobre medidas de prevención. ¿Cuál es la mejor salida ante un hecho que se repite? ¿Desde qué perspectiva intentaremos solucionar esta situación?
El consumo, parámetro estigmatizador
La problemática del consumo de drogas no puede abordarse de manera aislada y como un hecho puntual. El conjunto de factores socioeconómicos que transitan los barrios empuja a la marginalidad y al consumo problemático a miles y miles de personas. Pensar que el consumo de drogas debe ser penalizado es una mirada que individualiza un problema político y ataca punitivamente las acciones derivadas del consumo.
Sin embargo, no alcanza a ver que dicha problemática tiene raíces en la desigualdad social, que aumenta por las políticas de un Estado capitalista de corte discriminatorio.
Debemos partir de una base: las drogas existen y son parte cotidiana en nuestras vidas, seamos consumidores o no, hablemos de las legales o ilegales. Y si hablamos del consumo de drogas psicoactivas debemos remontarnos a la historia misma de la humanidad, donde distintas sociedades las consumían.
Durante los últimos días, los hechos que se generaron a partir de la comercialización y el consumo de la cocaína adulterada que se cobró más de 24 vidas y casi un centenar de internados, nos puso en jaque en qué debate debemos llevar adelante sobre esta problemática y el abordaje que le damos a un hecho existente, con una perspectiva socialista.
El abordaje en las guardias
Durante los días anteriores vimos un aumento de consultas a la guardia por efectos adversos del consumo de cocaína adulterada. Aunque aún no se sabe la sustancia con la que se cortó la cocaína, lo más notorio de la situación en los hospitales fueron dos hechos: la gravedad del cuadro clínico y la poca respuesta sanitaria que alcanzamos a dar. Sobre este último nos detendremos a continuación. Aquel miércoles llegaban pacientes y familiares desesperadxs porque veían que sus familiares o amigxs podrían fallecer. La gravedad del estado era vista por todxs. Además de las largas horas que atendemos, el poco descanso en el medio, las condiciones y las pocas manos que trabajan en las guardias, también se suma el desgaste laboral por las tareas que realizamos. Una vez más quedó a la vista la situación precaria del sistema público de salud, con guardias incapaces de sostener una demanda elevada durante más de 12 horas. En lo inmediato estamos seguros de que faltan nombramientos, edificios en condiciones de poder recibir una alta demanda de pacientes y el equipo e insumos necesarios para poder brindar una atención de calidad.
¿Seguridad o salud pública?
Tras los hechos ocurridos se realizaron una serie de allanamientos que dieron con más de 20 mil dosis de la cocaína adulterada ¿Acaso la Bonaerense investigó muy bien y rápido donde se comercializa en los barrios? Claro que no, todxs saben dónde están los bunkers donde se vende, donde se fabrica y quiénes lo hacen. La propia Policía Bonaerense está completamente implicada en estos hechos, son ellos quienes avalan, promueven y son parte del crimen organizado que se mete en los barrios de las clases populares. En cada uno de los barrios de nuestro país, operan verdaderas redes criminales que captan a miles de pibes desamparados y los transforman en soldados de un ejército de muerte. Amparados y dirigidos por estructuras mafiosas imbricadas en las instituciones del Estado. Por eso es indispensable tomar medidas con perspectiva socialista, comenzando por desarmar el triángulo de complicidad narco: poder político, fuerzas de seguridad y aparato judicial. Es necesario avanzar en la depuración y juzgamiento a todos los miembros de las fuerzas de seguridad relacionados a casos de colaboración con el narcotráfico.
Expuesta toda esta problemática podemos afirmar que la discusión del consumo no puede ser puesta en el foco de un problema de seguridad, sino abordándolo como una cuestión de salud pública avanzando en la legalización del consumo, como una medida para correr el foco punitivo de los consumidores a los proveedores y redes de narcotráfico. Hoy en día en Argentina, el 70% de las intervenciones federales relacionadas con las drogas se orientan hacia los consumidores.
Es indispensable la legalización de las drogas, con un monopolio estatal de la producción. Y la Ley 23.737 se debe derogar inmediatamente por discriminatoria, estigmatizadora y punitiva a lxs consumidorxs.
La prohibición implica poner en el terreno de la marginalidad a la producción de ciertas sustancias psicoactivas lo cual se tradujo en serias consecuencias para la salud pública ya que es imposible el control de calidad de estos productos. Toda la cocaína que se produce o consume en el país tiene componentes químicos completamente desconocidos para el consumidor. ¿Qué significa todo esto? Las personas en realidad nunca saben qué es lo que verdaderamente están consumiendo, añadiendo vulnerabilidad a una situación que de por sí, ya lo es. Los medicamentos legalizados están acompañados de un prospecto, si las drogas se produjeran estatalmente, bajo estrictos controles de calidad, y son acompañadas también por profesionales y promotorxs de salud, sería otra la información sobre sus impactos en la salud física y mental. Y en situaciones como la descripta cualquier usuario podría llevar su sustancia y solicitar que se la analice sin el riesgo de ir preso por la ley 23737.
Esto anula las operaciones de la producción y comercialización en la ilegalidad, combatiendo verdaderamente al narcotráfico. Las políticas deben estar enfocadas en la reducción de daños y riesgos, financiando realmente a un sistema de salud pública que pueda abordar el acompañamiento de quienes padecen adicción y con grandes campañas de información para el consumo controlado. Por cierto, de todo el presupuesto en salud pública solamente el 1% está destinado a Salud Mental, cuando deberían ser al menos un 10%. La voluntad política de los gobernantes permite ver que hay una orientación punitiva más que preventiva.
Se sabe con claridad que algunas fiestas suelen ser ambiente de consumo, por lo que debería existir distribución gratuita de alimentos y agua en los lugares, así como control de cantidad y calidad al ingresar a las mismas (por poner un ejemplo). De todos los ángulos de la prevención, desde la primaria hasta la cuaternaria, pensemos colectivamente cómo mitigar los daños, prevenir nuevos episodios, disminuir la exposición y evitar la sobre-intervención médica farmacéutica. Si no se toman medidas reales, el resto es punitivismo, hipocresía y puro verso.
Raúl Laguna Bosch, Médico y dirigente de
CICOP, Intercentros, San Martín.
Nahuel Schiavoni, trabajador de la salud
Hospital de Tigre.