Corriendo la tercera semana del mes de mayo, se han cumplido 100 días de la toma por parte de les trabajadores de la Clínica San Andrés. Tras la muerte del dueño, les herederes decidieron cerrarla y vaciarla, pero encontraron una gran resistencia que desencadenó una lucha que ya superó el centenar de días.
Historia de un vaciamiento
La pandemia de Covid-19 que se desató con fuerza a principio del año pasado en el país comenzó a exponer una realidad que venía bastante escondida para muches, pero bastante a flor de piel para otres. Si bien no sorprende a nadie la desidia dentro del sistema sanitario tanto público como privado, hoy con la crisis sanitaria y la necesidad de atención inmediata, ponen esta situación en el centro del debate.
A principios de este año el dueño de la Clínica San Andrés, Atilio Surachi, falleció, dejando así el futuro de la clínica en manos de sus hijos Hernán y Dante, y su hermana Adriana. Estos no quisieron hacerse cargo de la clínica y decidieron deliberadamente vaciarla y dejar a sus trabajadores en la calle. Por eso desde el 1 de febrero comenzaron a derivar a sus pacientes, al mismo tiempo que intentaban sacar material e instrumental de la clínica. Les trabajadores rápidamente decidieron tomar la clínica y no dejar que se lleven todo lo que había dentro, protegiendo su fuente de trabajo.
Al día de hoy, la clínica sigue tomada y se han realizado incontables acciones. Desde cortes de avenidas, movilizaciones al municipio de Tres de Febrero, movilizaciones al Ministerio de Trabajo, un corte en la General Paz y un gran acampe en las puertas del PAMI central. La clínica funcionaba como prestadora de obras sociales, pero esencialmente trabajaba con PAMI, básicamente era el único centro de atención de PAMI en la zona. Su cierre no solo dejó a la deriva a sus trabajadores, sino también a los miles y miles de ancianos que perdieron un lugar donde poder ir a atenderse en las cercanías de la zona.
La lucha se mantiene con firmeza, en resistencia y pie de lucha, con unidad entre les trabajadores y siempre buscando nuevas acciones de reclamo y para visibilizar el conflicto, no bajan los brazos y siguen al frente por recuperar su fuente de trabajo.
Alguna vez charlando con la delegada del conflicto Alicia Rey -o como le gusta que la llamen, la pequeña gigante- nos decía: “Yo ya estoy grande, me queda poco para jubilarme, pero me empujan las ganas de enseñarles el camino de la lucha a mis compañeros, enseñarles que no hay que bajar los brazos”.
Un Estado que no ve y promesas que no llegan
Desde el inicio del conflicto a hoy, nadie se hizo responsable de la situación que están atravesando les trabajadores de la clínica. Comenzando por los dueños, la familia Surachi, quienes quisieron desentenderse rápidamente del conflicto y nunca se presentaron a las audiencias en el Ministerio de Trabajo, solo hubo promesas falsas de reapertura que nunca se llevaron a cabo. Por otro lado, el mismo Ministerio de Trabajo en ningún momento tuvo determinación alguna en favor de les trabajadores, solo se limitaron a “mediar” algunas cuestiones, pues claro, es el rol que juegan estos organismos: mantener las ganancias y los intereses patronales por sobre la situación de les trabajadores.
En otro lugar se encuentra el PAMI, que utilizaban la clínica mientras esta funcionaba, siendo el principal prestador en la zona. Se intentó llevar a cabo un encuentro con sus responsables, en especial con la interventora Luana Volnovich para que ellos se hagan cargo de la clínica, generando la continuidad tanto laboral para las 144 familias de trabajadores de la clínica, como para los miles y miles de afiliados a PAMI que quedaron a la deriva. Estos no solo negaron todo tipo de audiencia o negociación, sino que tomaron el camino del chantaje y luego el del desconocimiento cínico en el que siguen hasta hoy; porque, aunque parezca mentira, siguen llegando ambulancias con pacientes derivados del PAMI a la puerta de la clínica, así como se siguen acercando abuelos y abuelas buscando atención por parte de PAMI. Cuando les trabajadores llevaron adelante un acampe en las puertas del PAMI fueron chantajeados por parte de las autoridades, quienes decían tener interés en una audiencia, pero que con esos métodos se negaban a dialogar. De esta manera rechazaron los petitorios que intentaron presentar delegades del conflicto.
En tanto el poder político, tanto municipal como provincial, se lavaron las manos rápidamente. El municipio de Valenzuela dice no tener los fondos necesarios para hacerse cargo de la clínica y sus trabajadores, excusándose en que la provincia no le destina los fondos y su única respuesta al conflicto es dar bolsones de comidas, en cuotas y para una porción de lxs trabajadores. Por otro lado, las autoridades provinciales no escatiman en cinismo, como el ministro Daniel Gollan, quien en un programa de radio y ante la pregunta sobre la situación de la Clínica San Andrés exclamó: “Estamos al tanto, pero no podemos hacer nada, porque es un conflicto entre privados”.
De una manera u otra todos patean la pelota y nadie se hace cargo de esta situación.
Sin una verdadera respuesta a la crisis
Estamos atravesando una segunda ola de la pandemia que puso en jaque a todo el sistema de salud, tanto el público como el privado. Hospitales colapsados, récord de contagios y muertes y al día de hoy no hay ninguna medida real para paliar esta crisis, que explota tanto desde lo sanitario como desde lo económico. Las medidas anunciadas por Alberto Fernández en la última cadena nacional llegan a destiempo y siguen siendo insuficientes; si bien se anunció un confinamiento por nueve días, esta medida por sí sola, sin ninguna otra política complementaria a favor de los trabajadores y el pueblo, reposa en lo inútil. Sin la expropiación del laboratorio mAbxience no podemos pensar en un verdadero plan de vacunación. Sin una contención económica para los más de nueve millones que percibieron el IFE y muchos más que lo necesitan, acorde a la canasta básica en un país donde la pobreza escaló al 45%, no podemos pensar en un confinamiento que no ponga a el pueblo en la disyuntiva de morir de Covid o morir de hambre. Sin una política de unificación del sistema de salud, declarando de utilidad pública a todas las clínicas y sanatorios privados, no podemos pensar en una respuesta a la falta de atención médica y los colapsos sanitarios.
Se multiplican las clínicas y sanatorios privados que cierran sus puertas, dejando trabajadores en la calle. Es urgente estatizarlas y ponerlas a trabajar bajo control de sus trabajadores. La Clínica San Andrés permanece cerrada en plena crisis sanitaria, donde ya hay una ocupación de las UTI del 72,6%. Un nosocomio con doce camas de UTI preparadas con respiradores, más de noventa camas de internación intermedia, un quirófano y uno de los pocos tomógrafos del municipio de Tres de Febrero aún no abre sus puertas. Es criminal que esto siga sucediendo: trabajadores en la calle, vecinos sin atención médica y medios para dar respuesta a la crisis sanitaria totalmente desaprovechados.
Si bien existen rumores de negociación entre algunos privados y los herederos, hoy dueños de la clínica, no hay respuestas claras y firmes que le den una salida a este conflicto que sigue golpeando a más de 144 familias. Por eso desde Alternativa Salud y el MST en el FIT Unidad seguiremos apoyando y acompañando a les trabajadores en su lucha por la reapertura de la clínica, y seguiremos exigiéndole a las autoridades del PAMI y al poder político municipal y provincial que le den una solución al conflicto, garantizando los 144 puestos de trabajo.
Sasha Lyardet