Este 19 de julio se cumplen 100 años de la sanguinaria masacre cometida por el Estado argentino hacia las comunidades originarias Qom y Mocoví-Moqoit en la provincia de Chaco. Comenzó como una protesta por un salario justo y culminó como una de las masacres más ocultadas por la historia oficial, pero que ha salido a la luz gracias a historiadores como Juan Chico y al activismo que lograron poner en juicio a los responsables.
La masacre de Napalpi ocurrió en 1924 en el Reducto Indígena Napalpí, en Chaco. En ese entonces las comunidades que estaban empleadas en condiciones de semi esclavitud por terratenientes locales en la cosecha de algodón y en la tala de quebracho se declararon en huelga, uno de los desencadenantes del descontento fue la disposición del gobierno provincial liderado por Fernando Centeno que anunciaba una quita del 15% de la producción de algodón de las comunidades, denunciaron maltratos y la explotación a la que estaban sometidos. La versión oficial habla de “sublevación”.
Durante la mañana del 19 de julio, mientras las comunidades danzaban durante un ritual religioso, el campamento en el que se había instalado la huelga fue rodeado por miembros de la policía provincial, mercenarios, terratenientes, civiles armados con fusiles y hasta un avión, contratados por el gobernador bajo la supervisión y la aprobación del presidente Marcelo Torcuato de Alvear, quienes dispararon en mansalva luego que arrojaran alimentos y caramelos sobre el campamento desde la aeronave para descubrir a todos los miembros de la comunidad que se acercaban a buscar lo arrojado. La matanza dejó centenares de muertos, los heridos que quedaron fueron ultimados a machetazos, también hubo mutilación de genitales y orejas que fueron exhibidas más tarde como trofeos en la comisaría de Quitilipi. Fue una matanza a la población indígena, no hubo enfrentamiento ni ningún herido por parte de los atacantes, algunos de los terratenientes implicados tuvieron extensiones de tierra como parte del pago.
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98 años después de la masacre gracias a la lucha de las organizaciones de esos pueblos originarios y el activismo se pudo presionar para que el Estado argentino quede como el responsable de la matanza, que se deje de hablar de la versión oficial, relatada por los terratenientes que forzaron a los pobladores indígenas trabajar en condiciones de esclavitud y condicionar sus vidas al sistema de producción, versión justificada por el gobernador Centeno. Durante todo el periodo antes del juicio que comienza una reparación histórica, hubo perdones oficiales pero para las comunidades no era suficiente, no había justicia si siempre se siguieron las mismas prácticas de despojos de tierras, discriminación y negación de derechos como el agua y la educación.
Verdad
El juicio por la verdad realizado en 2022 dejó constancia que el Estado fue el responsable de la matanza porque la perpetración de esa masacre, por su complejidad requirió de la previa concepción de un plan. Entre los fallos se encuentra que el Estado debe proveer los recursos necesarios para restituir todos los restos a las comunidades y realizar las excavaciones que se requieran. También que los hechos de la masacre sean objeto de estudio en los niveles primario, secundario terciario y universitario. Otro de los fallos de este juicio es que se exhorta al estado nacional a implementar políticas públicas en pos de una reparación histórica que fortalezcan las políticas de prevención y erradicación del odio, racismo, discriminación y xenofobia garantizando la perspectiva de los pueblos indígenas en los ámbitos de salud educativos y culturales.
El otro Nunca más
Aunque este juicio representa un gran avance para las luchas de las comunidades indígenas en todo el país, por dejar expuesta la responsabilidad del Estado en la masacre y las prácticas discriminatorias, no se puede dejar pasar por alto que nunca mencionó ni hizo referencia a la restitución de los territorios indígenas despojado ni a la Ley 26.160 que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las Comunidades Indígenas Originarias, esta ley impide los desalojos y ordena un relevamiento técnico, jurídico y catastral de sus territorios. Ya se ha visto como siguen y se quiere seguir desalojando a las comunidades por la extracción de litio o por la producción de soja, en algunos casos utilizando a la policía o mercenarios armados. También se ve como los discursos de odio siguen ocupando lugares de poder en la política y los medios de comunicación Actualmente las comunidades se encuentran reclamando activamente la plena implementación de esta ley, que actualmente es una herramienta que tienen para hacer respetar sus territorios y las protege de desalojos, es una normativa ajena a los intereses de las corporaciones extractivistas porque permite a los pueblos originarios que puedan administrar sus territorios y sus bienes naturales, les da el derecho a la consulta previa, libre e informada. No puede haber una reparación histórica real si no se respetan los territorios indígenas, si se siguen reproduciendo las mismas prácticas extractivistas sobre sus territorios.
Fernando Figueroa