El fallo de la Corte santafesina, que vuelve atrás la condena a Manuel Mansilla, el femicida de la joven Chiara, provocó un lógico revuelo. Analizamos aquí las contradicciones de la justicia y aportamos algunas propuestas para que no se repitan estos hechos y la revictimización que provocan.
Por varias razones, este fallo no podía pasar desapercibido. Primero, porque el cruel asesinato a golpes de la joven Chiara, de tan sólo 15 años y embarazada, en 2015 en la ciudad santafesina de Rufino, fue el que desató el legítimo y poderoso movimiento por Ni Una Menos contra los femicidios y la violencia de género. Y segundo, porque unos días antes se conoció el repudiable fallo de la justicia brasilera que echó atrás la causa por el abuso de Juan Darthés contra Thelma Fardín.
En ese marco, la inmediata y lógica reacción ante el fallo del supremo tribunal santafesino fue de un fuerte rechazo al aparecer como una nueva expresión del machismo del sistema judicial, tan proclive a ser indulgente con los violentos. Es que aquí, como en Brasil y en todo el mundo, la justicia no sólo tiene un carácter de clase, al servicio de los capitalistas, sino también patriarcal.
Hilando un poco más fino
La Corte de Santa Fe anuló la condena a Mansilla en base a un argumento técnico: como al momento del crimen de Chiara su asesino tenía 17 años, debió ser juzgado según el régimen penal de la minoridad, regulado por la Ley 22.278, y aplicar una pena que según interpretan debió ser menor a la aplicada. Es que, para los mismos delitos, las penas establecidas para las personas menores de edad son inferiores a las de los adultos. En concreto, a Mansilla le habían dado 21 años y seis meses de prisión, pero según el reciente fallo podían haberle aplicado de 10 a 15 años.
En este aspecto, el fallo reconoce garantías vigentes. Como socialistas, opinamos que las personas menores no tienen la misma responsabilidad que los adultos, o, dicho de otro modo, son más recuperables y es preciso facilitar su reinserción social. Desde ya, esto no implica no juzgar o no castigar: si delinquió o asesinó, así sea menor, merece castigo. Lo diferente es el monto de la pena. Defender lo contrario sería caer en el punitivismo de derecha, que, entre otros puntos, plantea bajar la edad de imputabilidad a los 13 o 14 años. Así fueron las leyes Blumberg, basadas en que penas más duras reducen el nivel de delitos. Falso: fracasaron porque las causas son sociales.
Ahora bien; la condena original a Mansilla fue en setiembre de 2017 por el juez de menores Javier Prado. En marzo de 2018, un tribunal de alzada ratificó esa condena de primera instancia. ¿Y recién ahora, ¡cuatro años y medio después!, ante una apelación de la defensora de menores, la corte provincial “descubre” que se podía aplicar una pena menor al femicida y encima sin siquiera avisarle a la madre de Chiara que iba a anular la anterior? Una vergüenza, sin ninguna perspectiva de género, sensibilidad ni consideración por la familia y amigos de Chiara, y que de hecho les revictimiza.
Esta justicia no va más
Hace falta otra, distinta. Ante cada nuevo paso, queda más claro: denuncias sin respuesta o fallos injustos y tardíos así lo confirman. En cuestiones de género, dictan orden de restricción cuando el femicidio ya se consumó o la entrega de un botón antipánico, poniendo la responsabilidad en la víctima en vez de en el violento mediante una tobillera electrónica. Estos son sólo algunos ejemplos de lo que deben padecer quienes se animan a hacer la denuncia. Y ahora en el caso de Chiara, revictimizan a la familia y amigues de la joven víctima de femicidio. Siempre en nuestra contra.
Por esto no alcanza con reformar algunos temas, como propone el gobierno nacional: hace falta una reforma integral de esta justicia clasista y patriarcal, incluido terminar con todos sus privilegios. Estas son nuestras principales propuestas:
- Hay que poner fin a que los magistrados sean digitados por el poder político y sus pactos a través de los Consejos de la Magistratura: jueces, juezas y fiscales se deben elegir por voto popular, en fecha distinta a las elecciones políticas. También implementar los juicios por jurados populares, con vecinos y vecinas sorteados del padrón electoral.
- Los mandatos judiciales no deben ser vitalicios sino por períodos limitados, revocables en caso de mal desempeño de sus funciones y además percibir un salario igual al de una directora de escuela, no más. Cuando decimos poner fin a los privilegios, es también contra los de la justicia.
- Se debe cumplir de modo efectivo la Ley Micaela: todo funcionario/a público/a tiene que capacitarse en perspectiva de género y diversidad, articulando con las organizaciones sociales del sector. Integrar más mujeres al sistema judicial, incluida la Corte Suprema, y poner en pie fiscalías especializadas en materia de género.
- Asimismo, frente a los casos de violencia graves o de amenazas de muerte, establecer la detención preventiva del violento y un test diagnóstico psico-social inmediato para evaluar la peligrosidad.
Sólo con estas trasformaciones profundas podemos hablar de un cambio integral y real de esta justicia clasista, sexista y dependiente del poder político, como parte de la lucha contra este sistema capitalista y patriarcal, padre de todas las violencias.
Cele Fierro y Pablo Vasco