En medio del debate legislativo por la habilitación del proyecto megaminero San Jorge (cobre) en Uspallata, las autoridades del CONICET Mendoza retiraron de su sitio oficial un comunicado científico institucional que advertía sobre los graves riesgos ambientales, sociales y patrimoniales del emprendimiento.
El documento no era una opinión política, sino un dictamen técnico respaldado por investigaciones científicas, elaborado por equipos interdisciplinarios del CONICET que participaron formalmente del proceso de evaluación de impacto ambiental.
Su eliminación no es neutral: es un acto de censura en un momento clave, cuando la sociedad mendocina discute si el proyecto tiene o no “licencia social”.
Qué decía el documento que fue bajado
El comunicado destacaba fallas graves en el informe de impacto ambiental presentado por la empresa minera y advertía que el proyecto no estaba en condiciones de ser aprobado. Entre los puntos centrales:
- Riesgo crítico para el agua
- Los caudales del arroyo El Tigre están sobreestimados en los estudios de la empresa.
- En contexto de megasequía, el proyecto consumiría prácticamente todo el curso de agua disponible.
- Existe riesgo serio de contaminación de aguas subterráneas que alimentan al río Mendoza.
- Los estudios hidrogeológicos son incompletos y técnicamente débiles.
- Daño a la biodiversidad
- Inventarios de flora y fauna insuficientes, desactualizados o erróneos.
- No se evaluaron adecuadamente los perjuicios sobre vegas de altura, ecosistemas clave.
- Falta de planes reales de restauración ambiental.
- Monitoreos mal diseñados y sin indicadores confiables.
- Impacto social y económico inflado
- Promesas de empleo sin sustento real.
- No se evaluó el impacto sobre otras economías locales.
- Datos sociales desactualizados.
- Ninguna evaluación seria sobre consecuencias en salud, vivienda e infraestructura.
- Daño irreversible al patrimonio cultural
- La mina afecta directamente sitios arqueológicos del Qhapaq Ñan (Patrimonio Mundial de la UNESCO).
- Riesgo de destrucción de bienes culturales no renovables.
- Violación de derechos de comunidades huarpes.
- Omisión del derecho a consulta previa, libre e informada.
- Riesgo de drenaje ácido
- Estudios de suelo insuficientes.
- Posibilidad real de generación de drenaje ácido minero, uno de los pasivos ambientales más destructivos de la minería metálica.
Una conclusión lapidaria… que quisieron borrar
El documento cerraba con una advertencia inequívoca:
El proyecto no tiene base científica suficiente para ser aprobado. El estudio ambiental debe rehacerse. Avanzar así pone en riesgo el agua, la biodiversidad, el patrimonio cultural y a las comunidades.
Eso fue lo que intentaron borrar de la discusión pública.
No es una baja técnica: es censura política
Que el comunicado se quite justo antes de la votación no es casualidad. No es desprolijidad administrativa. Es una forma de disciplinamiento institucional y ocultamiento de información incómoda.
Cuando silencias a la ciencia para facilitar un negocio extractivo: no gobernás… administrás un saqueo.
Pero no fue solo el CONICET quien se expidió en contra de este proyecto, además del rechazo de la población y organizaciones ambientales, se suman diferentes instituciones idóneas como la UNCuyo, la Facultad de Medicina, la Asociación de Médicos de Argentina, Oikos Red Ambiental y José María Cortés -doctor en Ciencias Geológicas, Investigador del CONICET y profesor retirado de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA- todo ellos han planteado su rechazo al Informe de Impacto Ambiental presentado por la empresa.
Por otro lado, la Fundación de la UNCuyo cuestiona las imprecisiones e información desactualizada en el Informe de Impacto Ambiental sobre el agua del arroyo El Tigre y sostiene que: “no se ha demostrado que, en periodos de estiaje, el caudal del A. El Tigre sea suficiente para abastecer los requerimientos operativos sin comprometer el caudal ecológico”.
Tampoco se escuchó a la población de Uspallata, ya que la audiencia pública que realizó el gobierno fue llevada a cabo a 2.600 metros de altura en un campamento de la minera, en un claro intento por evitar la participación de los vecinos de Uspallata y del resto de la provincia. Donde sí se pudo expresar el pueblo fue en la “Audiencia Pública del Pueblo” en la Villa de Uspallata, donde la abrumadora mayoría le dijo no al proyecto.
Por último, el Proyecto San Jorge viola el espíritu de la ley 7722 gracias a un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que señaló como inconstitucional un fragmento de la ley, justamente el que prohíbe la utilización de sustancias tóxicas.
Razones sobran para decirle no a todos estos proyectos, pero hay uno fundamental, no hay licencia social. Los pobladores no quieren megaminería contaminante que ponga en riesgo el agua, el suelo y todos los bienes comunes. Es por eso que el gobierno de Cornejo ha decidido perseguir a ambientalistas realizando detenciones arbitrarias, violando todo tipo de protocolo, porque quieren intimidar a quienes defendemos los bienes comunes. Por eso vamos a seguir insistiendo; no a la megaminería, no al Proyecto San Jorge, el agua de Mendoza no se negocia y la 7722 no se toca.
Mendoza responde en la calle
Mientras censuran informes, niegan audiencias públicas, y desoyen a la población, miles se movilizan. La provincia que defendió el agua vuelve a hacerlo. Porque no hay desarrollo sin agua. Porque no hay progreso destruyendo territorios. Porque la ciencia no puede ser censurada por intereses corporativos.
Nico Fernández
