La provincia mediterránea arrancó octubre con récords de números rojos en varios frentes: curva de contagios de COVID-19, la ocupación de camas críticas, el número de nuevos pobres y también el del balance de las arcas. Para una gestión que intenta mostrarse progresista, como el peronismo cordobés, la deuda tomada lejos está de reflejar inversiones en áreas sensibles como salud o desarrollo social.
El último informe del Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba da cuenta de una deuda de 208 mil millones de pesos al 31 de agosto pasado. Esto significa un ascenso de 50 mil millones en lo que va del año (monto que casi dobla al presupuesto anual de salud, por ejemplo), y una cifra once veces más alta (1094%) que al inicio de este último periodo de gestión de Juan Schiaretti, en 2015. Incremento que no es justificable desde el factor inflacionario, que ronda un 440% desde la anterior asunción del gobernador.
El crecimiento exponencial de esta deuda se explica, en primer lugar, por el hecho de que el 89% de ésta está en moneda extranjera, ya que cualquier variación respecto del valor de cambio impacta directamente tanto en el monto capital de deuda como en los intereses de la misma. En segundo lugar, se manifiesta la responsabilidad política del endeudamiento, mayoritariamente en dólares, que en el marco de una provincia en estado recesivo y teniendo en cuenta que la depreciación del peso en relación a la divisa estadounidense no ha hecho otra cosa que acelerarse en los últimos años, evidencia el deliberado mal manejo del gobierno que deja a las finanzas de la provincia en una situación de extrema vulnerabilidad.
¿En qué se gastó?
Cabe ahora preguntarnos si estos préstamos han sido al menos bien utilizados, pero es lícito decir que la respuesta es, a las claras, negativa. Tanto por el incumplimiento de las fantásticas obras anunciadas con bombos y platillos en campaña, a las que oficialmente se destinaron esos fondos (sírvase de ejemplo para esto, el caso de la nueva Maternidad Provincial, para la cual se tomaron 60 millones de euros de deuda a mediados de 2019, y sigue en veremos), pero también por todo aquello en lo que subejecutaron las partidas y que son, curiosamente, las problemáticas más profundas que tiene hoy la provincia.
Por ejemplo: no vemos medidas de fondo tomadas en relación al alarmante crecimiento de la pobreza en Córdoba, que según el último informe del INDEC (1), pasó del 30,3% en el primer semestre de 2018, al 40,7% en el primer semestre de este año. Valor que seguramente veremos aumentado en el próximo informe, teniendo en cuenta el agravamiento de la situación económica, producto de la desidia gubernamental para manejar la crisis socio-sanitaria en curso.
En sentido contrario, ni bien inició la cuarentena se anunció la suspensión temporal de los planes de empleo (PPP, PIP, Por Mi, PILA) que, aun siendo una herramienta altamente precarizante del Estado para generar una contención social, en muchos casos son el único ingreso de miles de familias.
El sector de salud es otro que mira desde afuera cómo se reparten la torta. Este mes comenzó con una ocupación de camas críticas del 80%, un conteo de más de dos mil nuevos casos diarios de coronavirus, colas interminables en los puestos de testeo y el gobierno provincial, en sintonía con el nacional, insiste en culpabilizar a la población por el incumplimiento de las normas de aislamiento social, sin dar cuenta de la desinversión en el área. La falta de personal, el pluriempleo, la escasez de insumos e infraestructura adecuada son patologías preexistentes en el sistema de salud cordobés, como denunció en varias ocasiones Gastón Vacchiani, el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Salud (2).
Al respecto, cabe mencionar que Córdoba tampoco tomó medidas para poner a disposición pública los recursos del sector privado de salud para hacerle frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. Medida que fue adoptada con éxito en Irlanda, por citar un caso.
En educación, el presupuesto oficial para 2020 aseguraba un gasto en el área de 105.000 millones de pesos, es decir, un 31,4% de la partida (3). Difícilmente podamos apreciar dicha inversión, cuando la realidad muestra a miles y miles de chicas y chicos sin poder acceder a la conectividad adecuada para tener clases y docentes que no dan abasto. En este aspecto, un detalle no menor es el de los subsidios a la educación privada, que implican un 21% del presupuesto del área, ubicando a Córdoba como la provincia que más financia al sector privado, muy por sobre la media nacional del 13%, según el informe de la organización Argentinos por la Educación (4).
Discusión aparte merecen las maniobras de ajuste y entrega con las que se intenta recaudar la plata necesaria para satisfacer a los acreedores, como el ajuste a las y los jubilados provinciales tras la aprobación de la Ley 10.694 en mayo de este año, que cercenó derechos que décadas atrás se habían conquistado con la Ley 8.024 y que reduce aún más los haberes de las y los trabajadores pasivos.
Otras son menos evidentes, como los negociados con los sectores inmobiliarios y del agro, que literalmente nos están incendiando para pagar la deuda, mirando para otro lado mientras se lotean miles de hectáreas arrasadas ayer nomás por el fuego, incumpliendo la Ley de Bosques.
Una deuda ilegítima
De la misma manera que ocurre con la deuda externa nacional, jamás se consulta a la población si está de acuerdo en endeudarse y ni siquiera en qué usar la plata. Gobierno y empresarios negocian desde el Panal y nos mandan la cuenta al pueblo.
Como salida a semejante estafa, en junio, ante uno de los intentos de reestructuración de la deuda, la legisladora por el MST en el FIT Unidad, Luciana Echevarría, presentó un proyecto para suspender el pago de la misma, conformar una comisión independiente con participación popular para auditarla y desarrollar democráticamente un nuevo plan económico que priorice las necesidades e intereses del conjunto de la sociedad y no de los empresarios y organismos de crédito internacionales (5).
En su momento, dijo al respecto: “Hay que ser claros, hipotecaron el futuro de los cordobeses para cortar cintas en plena campaña electoral, por eso nos negamos a que sean los cordobeses los que deban pagarla. Y proponemos que se haga una auditoría popular de la deuda, a cargo de una comisión elegida por el voto directo de todos los vecinos. La única deuda que es realmente prioritaria es la que el gobierno tiene con el pueblo y que ya los trabajadores están reclamando en la calle”.
En el mes de agosto, Osvaldo Giordano, el Ministro de Finanzas provincial, anunciaba con entusiasmo la refinanciación de 1.600 millones de dólares de deuda, que estaba en tratativas con los acreedores, pero para la cual no se negoció siquiera quita de capital y solo se dilatan los plazos de pago. Solamente en 2021 vencen 12.600 millones de pesos, los cuales representan, por ejemplo, la mitad del presupuesto de salud, lo cual nos da una idea bastante clara de cuánto podríamos solucionar direccionando esos fondos a cubrir las necesidades de la población en lugar de un puñado de magnates prestamistas.
En este contexto de desconcierto para muchas y muchos sobre el futuro de sus ingresos, y de la economía en general, solo una cosa es clara y es que no podemos salir del pozo cavando. La necesidad de ejercer una verdadera soberanía popular sobre las finanzas se torna cada vez más evidente.
Nacho Márquez
- (1) https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/eph_pobreza_01_200703093514.pdf
- (2) https://www.eldestapeweb.com/sociedad/coronavirus-en-argentina/cordoba-equipos-de-salud-denuncian-falta-de-insumos-y-aprietes-202082019480
- (3) https://legistest1.legiscba.gob.ar/wp-content/uploads/2020/06/Ana%CC%81lisis-del-Presupuesto-2020-para-la-Provincia-de-Co%CC%81rdoba.pdf
- (4) https://argentinosporlaeducacion.org/ficha/C%C3%B3rdoba
- (5) https://mst.org.ar/2020/06/04/cordoba-luciana-echazo-la-reestructuracion-de-la-deuda-provincial-y-presento-proyecto-de-auditoria-popular/