Comienza un nuevo capítulo judicial. Inició el juicio oral de la denominada Causa Cuaderno, considerado uno de los procesos por corrupción más grandes de la historia argentina.
La causa tiene como principal acusada a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien enfrenta cargos por asociación ilícita y cohechos. En total son 87 los imputados que se sentarán en el banquillo incluyendo 22 ex funcionarios y 65 empresarios de primer nivel.
Los orígenes de esta causa se remontan a 2018, cuando el periodista Diego Cabot de La Nación entregó a la Justicia ocho cuadernos escritos por Oscar Centeno, chofer del ex secretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta. Estas anotaciones detallaban minuciosamente los traslados de bolsos con dinero desde empresas constructoras hacia despachos oficiales y domicilios de funcionarios durante los gobiernos kirchneristas. El caso salió a la luz pública el 1° de agosto de 2018, generando un importante impacto político.
Entre los ex funcionarios acusados figuran nombres importantes de aquella época. Julio De Vido, ex ministro de Planificación, y su mano derecha Baratta están señalados como organizadores de la presunta asociación ilícita. Completan la lista el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi y el ex secretario de Obras Públicas, José López, recordado por el escándalo de los bolsos con dinero escondidos en un convento.
El sector empresario presenta figuras igualmente relevantes. Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri y ex dueño de IECSA, aparece entre los imputados, habiéndose acogido a la figura del arrepentido. También están Aldo Roggio del Grupo Roggio, Gabriel Romero de Hidrovía SA, Cristóbal López del Grupo Indalo y Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Este último describió en sus declaraciones el mecanismo de funcionamiento, donde las empresas acordaban previamente las licitaciones y luego realizaban retornos a funcionarios que oscilaban entre el 10% y 20% del monto de las obras.
La ex presidenta Fernández de Kirchner enfrenta acusaciones como jefa de la asociación ilícita y coautora de diversos cohechos. Desde sus redes sociales calificó el proceso como un “show judicial” destinado a distraer la atención. Esta no es su única causa pendiente, ya que actualmente cumple una condena de seis años en prisión domiciliaria por el caso Vialidad.
Un aspecto que genera controversia, o por decirlo de otra manera, que demuestra el carácter de esta Justicia, es el tratamiento diferenciado hacia algunos empresarios de gran poder. Figuras como Eduardo Eurnekian y Paolo Rocca, quienes hoy impulsan la reforma laboral del gobierno de Milei, lograron quedar fuera de la causa. Sus casos fueron reinterpretados como “aporte electoral” o pago por repatriación de ejecutivos, demostrando cómo el sistema jurídico ofrece escapes para los más poderosos.
Durante la instrucción, 21 imputados firmaron acuerdos de colaboración bajo la Ley del arrepentido. Entre ellos se encuentran el propio Centeno, Claudio Uberti, José López y empresarios como Wagner, Calcaterra y Roggio. Recientemente, las defensas de 47 empresarios y 4 ex funcionarios presentaron propuestas de “reparación integral” que buscaban extinguir la acción penal mediante pagos económicos. Sin embargo, la fiscal Fabiana León, rechazó estas ofertas afirmando que “en esta fiscalía no se vende impunidad”, postura que fue respaldada por el tribunal.
A pesar de todo el show generado por los medios afines a los poderes más concentrados, el contexto político de este juicio no puede ignorarse. Se desarrolla en un momento donde muchos de los mismos empresarios involucrados en estos casos de corrupción hoy exigen reformas laborales que precarizan aún más las condiciones de los trabajadores. Esta coincidencia termina demostrando las profundas contradicciones de un sistema donde la corrupción y los negocios se entrelazan permanentemente.
Frente a esta realidad, se vuelve imprescindible denunciar el carácter selectivo de una justicia que actúa según conveniencias políticas del momento. La misma estructura judicial que hoy juzga a los funcionarios kirchneristas ha demostrado incapacidad (por decirlo de alguna manera elegante) para investigar a fondo casos de corrupción durante gobiernos neoliberales, como los Panamá Papers que involucran a la familia Macri o los escándalos de corrupción bajo el gobierno de Milei (la criptoestafa de $LIBRA o las coimas de ANDIS), por nombrar algunos.
La solución a este problema estructural requiere medidas de fondo. Es necesaria la creación de una especie de CONADEP de la corrupción, independiente de los poderes del Estado, con facultades para investigar todos los casos sin definición política. La elección directa de jueces y fiscales por parte del pueblo, eliminando los mecanismos de cooptación actuales, representaría un avance democratizador. Además, los delitos de corrupción deben ser imprescriptibles y acompañarse del embargo automático de bienes de los condenados.
Atado al contenido de este caso y algo que es moneda corriente de los empresarios a la hora de blanquear activos, resulta fundamental prohibir los aportes empresariales a las campañas políticas, principal mecanismo de retorno de favores entre el poder económico y político. Finalmente, el control social sobre licitaciones y contratos del Estado, con participación de trabajadores y usuarios, puede terminar con los negociados a puertas cerradas.
La corrupción no es un problema de la moral de tal o cual persona, sino que es una cuestión estructural de este sistema capitalista. Solo una transformación radical de todas las instituciones de este régimen y avanzando hacia un modelo, donde los recursos estén bajo control popular se va a poder terminar con estos comportamientos, hoy naturales, que drenan los recursos de los trabajadores.
