La decisión judicial que prohibió la difusión de audios vinculados a la investigación por coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) desató un fuerte repudio en el Congreso y reactivó el debate sobre los límites a la libertad de expresión. Legisladores de distintos bloques, organismos de derechos humanos y asociaciones periodísticas denunciaron la medida como un acto de censura previa impulsado desde la Casa Rosada para frenar la investigación.
Alerta en el Congreso
En la Cámara de Diputados, la Comisión de Libertad de Expresión —paralizada hace más de un año y medio por decisión de su presidenta, la libertaria Emilia Orozco— se reunió de manera autoconvocada a instancias del diputado Christian Castillo, (PTS – Frente de Izquierda Unidad), con Vilma Ripoll (MST- Frente de Izquierda) y la participación también representantes de la mayoría de los bloques opositores, además de referentes de organismos de derechos humanos. El oficialismo y el PRO se ausentaron.
Periodistas bajo presión
Durante el encuentro, los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico denunciaron presiones del Gobierno y confirmaron que cuentan con más pruebas que comprometen a exfuncionarios en un sistema de “premios y castigos” para recortar subsidios a personas con discapacidad. Rial relató un episodio de intimidación con un Falcon verde estacionado frente a su casa, mientras Federico rechazó las acusaciones oficiales sobre supuestos vínculos con servicios de inteligencia y afirmó: “No vendemos silencio”.
El repudio a la censura se amplificó más allá del Congreso. Organismos de derechos humanos, asociaciones de abogados, gremios y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) advirtieron que la prohibición de difundir los audios desde Casa Rosada constituye un grave retroceso en materia de libertad de prensa.
#Congreso | Reunión autoconvocada por miembros de la Comisión de Libre Expresión 👇🏼 pic.twitter.com/HjESOwPM9o
— Vilma Ripoll 💚 (@vilma_ripoll) September 3, 2025
Un caso que compromete al Gobierno
La medida judicial fue dictada tras una presentación de Karina Milei, luego de la difusión de audios atribuidos a la secretaria general grabados en la Casa de Gobierno. El Ejecutivo denunció un supuesto “espionaje ilegal” y promovió allanamientos a periodistas. La maniobra se inscribe en el marco de la investigación por presuntas coimas en la Andis, que involucra al exdirector Diego Spagnuolo y a la empresa Suizo Argentina en millonarias contrataciones irregulares.
Esta Justicia cómplice actúa, como en otras instancias, para salvar los negocios del gobierno. Es por eso, que se necesita una Comisión Investigadora Independiente, conformada con personalidades intachables, que vaya hasta el final, e impulsar una enorme movilización para que se vayan estos coimeros y ajustadores.. Los funcionarios involucrados deben dejar su función pública para no entorpecer la causa y tienen que ser castigados con todo el peso de la ley. Basta de impunidad.
