En una sesión cargada de cinismo y discursos llenos de mentiras, el Senado de la Nación dio un paso más en la consolidación del régimen autoritario de Javier Milei. Tras un debate de más de seis horas, la Cámara Alta aprobó el nuevo régimen penal juvenil, cuya medida central es la baja de la edad de punibilidad a los 14 años. Esta ley, profundamente reaccionaria, no busca resolver el problema de la inseguridad —que las propias estadísticas oficiales muestran en descenso respecto a los delitos cometidos por menores— sino profundizar la estigmatización y el castigo sobre los jóvenes de los sectores más vulnerables.
Finalmente, el proyecto que busca encerrar a nuestros pibes fue convertido en ley con 44 votos afirmativos, 27 negativos y 1 abstención. Una vez más, el oficialismo no estuvo solo: logró imponer esta agenda gracias a la “mano” que brindaron sectores de la oposición dialoguista y de la bancada peronista que responde a los gobernadores, quienes garantizaron el número necesario para este ataque contra la juventud.
Este proyecto de “mano dura” es el complemento necesario del ajuste económico: el ataque a los derechos de los trabajadores y el saqueo de los bienes comunes no pueden pasar sin un fortalecimiento del aparato represivo. En un país donde el 60% de los niños y adolescentes vive en la pobreza y el gobierno desabastece los comedores, la única respuesta estatal para las infancias es más encierro y criminalización.
Esta votación es solo el primer capítulo de una sesión que busca sellar la ofensiva contra la clase trabajadora. Tras este golpe a la juventud, comienza ahora el debate sobre el proyecto de la reforma laboral esclavista, que busca legalizar la precarización y quitar multas por el trabajo no registrado. Es el mismo marco en el que ayer se dio media sanción al desguace de la Ley de Glaciares y se ratificó el pacto colonial Mercosur-UE, proyectos que también contaron con el apoyo de figuras como Corpacci y Uñac dentro del bloque peronista.
Frente a esta amenaza que representa la reforma laboral, la jornada de lucha comenzó temprano en las calles. Desde las 7 de la mañana, una fuerte concentración en el Obelisco desafió el protocolo represivo con un corte total de la 9 de Julio. La acción, impulsada en apoyo a los trabajadores de Fate, del Hospital Garrahan y otros sectores en lucha, contó con la presencia de Cele Fierro e Ingrid Urrutia (diputadas electas del MST-FITU), Myriam Bregman, Nicolás del Caño y otros dirigentes de ANCLA, el MST y el MAC PTS. La Policía de la Ciudad, en connivencia con el gobierno nacional, descargó una brutal represión para intentar desalojar la medida, pero no pudo detener la movilización que llegó hasta las puertas del Congreso para denunciar el contenido de esta sesión.
La gravedad de estos ataques pone de relieve el rol entreguista de las cúpulas sindicales. La CGT ha decidido, una vez más, darles la espalda a los trabajadores en el momento más crítico. Su estrategia de “no hacer nada” y dejar que las leyes pasen en el Senado para luego intentar judicializarlas es una tregua funcional al plan de Milei. Mientras la burocracia sindical se queda en sus despachos, la resistencia en el Obelisco demuestra que la única garantía para frenar este plan de hambre y cárcel es la movilización. Nunca en la historia los derechos se definieron en los recintos del Congreso; todo se define en la calle
