La que es calificado por muchos analistas como una operación “ruinosa” por parte del gobierno, al pretender cambiar bonos en dólares en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FSG) de la ANSES y de un total de 113 organismos estatales, que se cotizan al 25% de su valor nominal cuando sus vencimientos se producirán en los próximos años, es una maniobra que beneficia a bancos, aseguradoras y fondos financieros, en detrimento del patrimonio de todos los trabajadores y jubilados.
La operación, que es defendida por Máximo, Cristina, Alberto y con distintos argumentos por los funcionarios del Ministerio de Economía es justificada como una forma de frenar la escalada de los dólares financieros, en un momento en el cual debido a que las reservas líquidas habrían bajado hasta U$S 1.400 millones, podría generarse una corrida como la que contribuyó a la caída de Guzmán. Otros analistas amplían la explicación a la delicada situación de la economía, a la cual entrarán U$S 20.000 millones menos producto de la sequía, en momentos que se está desarrollando una grave crisis bancaria internacional, la inflación supera el 102% anual y el Fondo aprieta para que se cumplan sus tremendas metas de ajuste del déficit fiscal.
Algunos editorialistas se han acordado del título del conocido tango “donde hay un peso viejo Gómez” para describir una medida que significa pasarle a los bancos bonos en dólares en poder de organismos públicos que vencen en los próximos años –hasta el 2036- a un cuarto de su valor. Según una nota de Clarín del 26 de marzo, “esos organismos tienen bonos por un valor nominal de U$S 35.000 millones”, una cifra que da idea de los fondos en juego.
La operación ya estaría acordada con los representantes del poder financiero con los que Massa se reunió el pasado miércoles. Allí estuvieron los representantes de distintas organizaciones bancarias – ABA, ADEBA-; de los más importantes bancos –Santander, Macro, Galicia, BBVA; aseguradoras; bolsas y fondos de inversión que operan en el país, reunidos con el equipo del ministro –Rubinstein, Madcur, Setti, Cleri y Lavagna-, el presidente del Bco. Central, Miguel Pesce, Negri de la CNV y Torcassi, gerente general del BCRA.
También estuvo entre otros el ultra cristinista diputado y banquero del Credicoop, Carlos Heller, quien acaba de hacer declaraciones defendiendo la jugada financiera. No faltó ningún sector del gobierno a la cita.
Los mecanismos de la operación que se conocen y los argumentos del gobierno
Ya están publicado los decretos, pero aún falta su reglamentación. Según los mismos, el gobierno tomaría del ANSES y los distintos organismos públicos bonos en dólares bajo legislación extranjera (GB) para venderlos en el mercado. A cambio les entregaría nuevos títulos duales -se valorizan por la inflación o el aumento del dólar, según el que sume más alto- a trece años de plazo. Los bonos en dólares bajo legislación local (AL) deberán ser vendidos por los entes estatales en el mercado, el gobierno canjearía el resultado de su venta en un 70% por bonos duales y el 30% restante será retribuido en pesos para operaciones del propio organismo.
En el caso del FGS, el gobierno realizaría el recambio de bonos al 60% de su valor técnico favoreciendo, según anuncian los funcionarios, las finanzas del organismo. En el caso de los BONAR bajo legislación local (AL), la entidad posee unos U$S 13.500 millones a valor nominal, pero como se cotizan a un promedio del 26% resultan ser U$S 3.500 millones.
Lo cierto es que al FGS le sacan títulos en moneda dura por bonos pagaderos en pesos, lo que es, más allá de los vaivenes circunstanciales de los montos de sus valores, una descapitalización estratégica.
Continúan y agravan así una política que impide que el Fondo de Garantía pueda usarse para mejorar las magras jubilaciones, que tanto el gobierno de Macri, como el actual del Frente de Todos se han encargado de devaluar constantemente. En el caso del FGS, el mayor volumen de inversiones de estos fondos de los jubilados y los trabajadores está en títulos públicos que se devalúan constantemente, o sea que es usado para financiar las operaciones del Estado, entre ellas el pago de vencimientos de deuda, etc. Ahora con este canje obligatorio se consuma un nuevo latrocinio.
Los grandes beneficiarios: los bancos y el circuito financiero
Como señala Horacio Rovelli en su reciente nota para el Cohete a la Luna, “el Ministerio de Economía está privatizando deuda externa (títulos que tienen distintos estamentos del Estado) a precio vil (la lámina del AL 30 de 100 dólares, que vence el año 2030, se cotiza en torno a los 25 dólares), y se permite que quienes los compren (bancos, aseguradoras y fondos de inversión) giren sus utilidades a través del CCL con esos títulos.”
Estos bancos privados y fondos de inversión que empujan al Estado a desprenderse de bonos en dólares que dentro de pocos años se deben abonar al 100%cuando ahora se pagan al 25%, son los grandes beneficiarios del esquema financiero que tanto Macri como el gobierno del FdT han desarrollado. Según Rovelli, la renta que el BCRA le paga este año a los diez bancos privados más grandes es de 5 billones de pesos (unos U$S 20.000 millones); mientras que el FMI le exige al Banco Central no prestar al Tesoro más que el 0,6% del PBI ($ 883 mil millones según el presupuesto nacional sancionado en septiembre de 2022).
La estafa de la deuda intra- estatal
El kirchnerismo se ha caracterizado por subestimar el peso de la deuda en pesos. Lo cierto es que tanto en el grave endeudamiento en que incurre el gobierno del Frente de Todos, como en los anteriores gobiernos kirchneristas y de Macri, esta deuda ha hipotecado los saldos favorables de los organismos públicos, empapelándolos de títulos estatales y utilizando sus pesos para pagar obligaciones con acreedores externos e internos.
Este mecanismo de endeudamiento ya había aumentado la deuda pública en U$S 110.000 millones al 31 de diciembre de 2014: “(…)en gran parte, los vencimientos de deuda con los acreedores privados y organismos internacionales se pagaron con reservas del Banco Central y con préstamos de otros organismos públicos”. Por ejemplo, los títulos públicos que poseía el FGS de la ANSES representaban en ese momento el 64% de su cartera. Hoy son el 74% de la misma.
“Estos préstamos de la deuda intra-Estado usualmente se hacen contra letras/bonos que en la práctica equivalen a desvíos de fondos de sus destinos específicos y no tienen capacidad de repago demostrada”, precisaba el economista independiente Héctor Giuliano.
Es que la deuda “intra-Estado” no es neutra: “el costo financiero de la deuda intra-Estado conlleva la descapitalización del BCRA, el desfinanciamiento del sistema previsional que administra la ANSES, la merma de créditos prestables al sector privado productivo por parte del Banco Nación y un sistemático desvío de fondos presupuestarios de sus destinos específicos”, señala el economista.
En resumen, mientras los bancos y pulpos financieros hacen fuertísimas ganancias, nos hacen desarrollar un esquema económico funcional para pagar una fraudulenta deuda externa. Los fondos destinados a las jubilaciones, salud, educación, obras de infraestructura, etc. van a parar en gran medida al pago de deuda. Es un verso de Massa y los K que con esta operación se disminuye la deuda externa en U$S 4.000 millones, entre otras cosas porque gran parte de la deuda en pesas está atada a la evolución del precio de la divisa extranjera.
El cinismo de la derecha
La operación de canje en curso ha sido fuertemente criticada por la derecha de Juntos por el Cambio, incluso han presentado denuncias judiciales. Un gran relato electoral de aquellos que han contribuido junto a este gobierno a realizar reformas al sistema previsional que han llevado las jubilaciones a sus más bajos niveles históricos, y que hace apenas unos días, habían estado violentamente en contra de aumentar el gasto estatal, siguiendo la letra del FMI, para que 800.000 jubilados con pocos aportes puedan jubilarse.
Hay plata para mejorar las jubilaciones, prestaciones sociales y salarios
Para justificar sus constantes ajustes contra el nivel de vida de los trabajadores y el resto de la población, los funcionarios, con Alberto a la cabeza suelen hacer el listado de desgracias: pandemia, crisis de la guerra… ahora pueden sumar sequía, crisis financiera internacional, etc., etc. Intentan embellecer el desastre que vive la mayoría de los argentinos hablándonos de cifras de crecimiento del empleo y distintas mejoras, que no tienen nada que ver con la realidad, como ahora Massa pretende dibujar los beneficios de este canje a los bonos de los jubilados.
Lo cierto es que hay mucha plata en el país. Hay que buscarla en los pagos fraudulentos de miles de millones de dólares a los acreedores de la deuda externa, a las súper ganancias de los bancos y el sistema financiero, a la ganancia empresaria que en estos años del gobierno de Macri y del FdT embolsó U$S 87.000 millones extra a costa de una mayor explotación de los trabajadores o en las rentas extraordinarias de los agro exportadores de estos años.
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Para que esos capitales, producto del trabajo de los argentinos vayan a parar a mejores salarios y jubilaciones, a crear las fuentes de trabajo que una economía que está entrando en recesión necesita, hace falta romper con este modelo. Dejar de pagar la fraudulenta deuda, nacionalizar la banca y el comercio exterior, descargar fuertes impuestos progresivos sobre las ganancias empresarias y las fortunas de los ricachones.
Con las jubilaciones, no sólo hay que respetar el actual FGS; sino utilizar en lo inmediato sus depósitos para mejorar sustancialmente las jubilaciones. Que las mínimas alcancen a cubrir el costo de la canasta de jubilación y se garantice el 82% móvil, todo lo contrario a lo que está haciendo el gobierno “popular” y a lo que hizo y propone la derecha, medidas que nos recuerdan al remate de las “joyas de la abuela” del ex presidente Menem.