El 5 de enero de este año se subió al Boletín Oficial el veto total de la Ley 6907 que creaba espacios seguros para niños, niñas y adolescentes en espacios de transporte en CABA y el veto parcial de la Ley 6900 que fijaba nuevos estándares para hogares convivenciales destinados a cuidados necesarios para estos.
Bajo argumentos técnicos silencian, y por tanto desaparecen derechos.
En diciembre del 2025 se derogó la ley que protegía a los pibxs que se encuentran alojados en hogares convivenciales. Está ley procuraba supervisiones sobre estándares dignos de ambientación menester para brindar cuidados integrales de calidad. Lo anterior garantizaba la satisfacción de necesidades cotidianas en sus condiciones de vida durante el tiempo que transiten dentro de estos dispositivos.
En este contexto, también se vetó en su totalidad el Proyecto de Puntos Seguros que permitía la participación directa de niñxs, para ser escuchadxs en sus necesidades por la línea 102 de asesoramiento y toma de denuncias sobre vulneración de sus derechos.
Este veto es una clara expresión más de la negación a que sean niñxs y adolescentes protagonistas políticos y actores principales de sus propias historias de vida.
No nos vamos a callar ante este avasallamiento
Cómo trabajadora social que ejerce su labor en el Consejo de Derechos de Niñas Niños y Adolescentes, de CABA, considero estos vetos, a leyes de protección de niñas, niños y adolescentes en hogares, ya sean parciales o totales, un ataque a los derechos de la infancia y adolescencia. Es una forma de perpetuar la opresión de clase.
Por otro lado, la falta de estándares de cuidado de calidad es una forma de abandono y explotación de los niños, niñas y adolescentes, especialmente aquellos provenientes de familias trabajadoras y pobres. Ya que la protección de la infancia es un derecho fundamental y no puede ser condicionada por intereses políticos o económicos.
Entonces la falta de regulación y supervisión de los hogares de cuidado puede llevar a situaciones de abuso y negligencia. Por lo que los estándares de cuidado de calidad son necesarios para garantizar la salud, la educación y el bienestar de los niñxs y adolescentes.
El veto a estas leyes es una forma de priorizar los intereses de la clase dominante sobre los derechos de la infancia y adolescencia. Son una manera de decir que los niñxs y adolescentes más vulnerables no merecen un cuidado de calidad, que no son importantes, que no son sujetos de derecho. Es un claro y llano retroceso en el camino ganado y propuesto por la Convención Internacional de los Derechos del niño, alineado con la directriz de la ONU.
Como socialista y trabajadora ética y políticamente comprometida, llamó a unirnos en la defensa de los derechos de la infancia y a luchar por un sistema de cuidado que priorice su bienestar y su futuro.
Rechazo absoluto a los vetos del Poder Ejecutivo.
Hay que sacar al retrógrado de Jorge Macri. Su impunidad es absoluta.
Natalia A. Marengo
Lic. en Trabajo Social del Consejo de Derechos de Niñas Niños y Adolescentes, CABA.
Especialista en Intervenciones Interdisciplinarias en violencia familiar y de género.
