Nueve años, seis juicios. La causa por el femicidio de Lucía Pérez vuelve a exponer la violencia institucional del Poder Judicial que no sólo revictimiza, sino que parece alinearse con una política estatal que avanza peligrosamente: borrar la figura del femicidio del mapa judicial argentino.
Hoy 28 de mayo de 2025 comienza en Mar del Plata el sexto juicio por el asesinato de Lucía Pérez, la joven de 16 años que fue drogada, abusada sexualmente y asesinada en octubre de 2016. Pero más allá del proceso judicial, lo que está en juego en esta etapa es algo mucho más profundo: se pretende, en este caso, desestimar la figura de femicidio y reducir el hecho a un simple abuso sexual agravado, como solicitó el Tribunal de Casación bonaerense en una sentencia dictada el 14 de febrero, el día del natalicio de Lucía.
No es una decisión aislada. Es una señal política. En palabras de Marta Montero, la madre de Lucía, el mensaje es devastador:
“Nueve años, sexto juicio. Es terrible que se saque la figura del femicidio. El Estado no se hace cargo de nada. Si pasa esto la Ley Brisa ya no existe más entonces. Ya que es nada lo que hay, va a haber menos. Si un tipo mata a una mujer, parece justo. El mensaje es a las mujeres: esto es meramente político. El Poder Judicial toma el guante. Casación. Es patético. La sentencia seria una involución para las mujeres”.
El derrotero judicial: retrocesos y revictimización
En 2018, el primer juicio absolvió a los acusados Matías Farías y Juan Pablo Offidani de los cargos de abuso sexual y femicidio. El fallo causó un repudio masivo por su enfoque misógino: la defensa, avalada por el tribunal, centró sus argumentos en la vida privada de Lucía, culpabilizándola. Fue recién en 2020 que la Cámara de Casación anuló esa sentencia y ordenó un nuevo juicio.
En 2023, el segundo juicio culminó con una condena a prisión perpetua para Farías por femicidio y 15 años para Offidani como partícipe secundario. Sin embargo, en febrero de este año el Tribunal de Casación anuló esa sentencia y ordenó realizar un nuevo juicio sin aplicar la figura de femicidio, bajo el argumento de que “no se probó” que el abuso haya provocado la muerte de Lucía. La familia se enteró por los medios.
Una política de Estado que avanza sobre nuestros derechos
Este nuevo juicio, el sexto en casi una década, ocurre en un contexto de ajuste brutal sobre las políticas públicas con perspectiva de género. La desaparición del Ministerio de Mujeres, el vaciamiento de programas como la Ley Brisa, el cierre de espacios de acompañamiento y la desfinanciación del Poder Judicial en áreas sensibles marcan el escenario.
Lo que pasa con Lucía es lo que pasa con todas. El intento de desarmar la categoría de femicidio no es solo un tecnicismo judicial, es un acto político. El Estado da la espalda a las mujeres y el Poder Judicial, lejos de ser contrapeso, acompaña.
A las puertas del 10º aniversario de Ni Una Menos
Este juicio se inicia a pocos días de que se cumplan 10 años de la primera marcha de Ni Una Menos, aquel 3 de junio de 2015 en que cientos de miles de mujeres salimos a las calles tras el femicidio de Chiara Páez. Desde entonces, el movimiento feminista ha logrado instalar la violencia de género como una problemática social urgente y ha impulsado políticas públicas para su prevención y erradicación.
Sin embargo, el caso de Lucía Pérez evidencia cómo esos avances están siendo desmantelados. La revictimización de Lucía y su familia, la negación del femicidio y la falta de justicia son síntomas de una política de Estado que pretende retroceder en los derechos conquistados. Más que nunca tenemos que acompañar y no abandonar a la familia de Lucía en esta lucha.
Lucía puedes ser cualquiera de nosotras. Por eso, defender su memoria y exigir justicia es también defender nuestras vidas y nuestros derechos.