Casi como uno de sus últimos actos en la cúpula de Seguridad, antes de asumir como senadora, Patricia Bullrich, presentó junto a su sucesora, Alejandra Monteoliva, el proyecto de creación de una Policía de Fronteras que concentraría las funciones migratorias que actualmente desempeñan Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Este anuncio, realizado en medio de una nebulosa de detalles concretos y sin respaldo presupuestario evidente, busca establecer la quinta fuerza de seguridad del país bajo un modelo calcado del Homeland Security estadounidense.
La nueva estructura, bautizada como Agencia Nacional de Migraciones, implicaría según Bullrich un “cambio de paradigma” en el tratamiento de las fronteras. La ministra saliente argumentó que “las fronteras deben estar protegidas” y que “esta realidad nos sobrepasa”, casi que un reconocimiento al fracaso de su propia gestión en materia de control fronterizo. Sin embargo, el anuncio carece de sustento legal inmediato, ya que no se acompañó de ningún decreto que formalice la creación de esta fuerza, ni existen partidas específicas en el presupuesto 2026 para financiar semejante empresa.
El modelo ICE: deportaciones y violaciones a derechos humanos
Lo alarmante de esta iniciativa es su clara inspiración en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Esta agencia cuasi fascista, ha tomado mucha relevancia durante el gobierno de Donald Trump a causa de sus métodos brutales contra migrantes. La ICE acumula un prontuario siniestro que incluye desapariciones forzadas, deportaciones exprés y redadas que violan sistemáticamente los derechos humanos más básicos.
Bullrich pretende replicar este modelo represivo en Argentina, utilizando como justificación la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. A pesar de este discursito de la ultraderecha, se oculta el verdadero objetivo de criminalizar a los migrantes y convertirlos en chivos expiatorios de los problemas de seguridad. La experiencia del Plan Güemes, impulsado por Bullrich, demuestra que la militarización de fronteras no reduce el narcotráfico, sino que sirve para violentar a los trabajadores fronterizos y comunidades originarias.
El engranaje represivo que se busca consolidar
Lo anunciado por la ministra no es una cuestión que este por fuera de los planes de este gobierno, sino que se inscribe en una especie de escalada autoritaria, la cual incluye el reciente nombramiento de Carlos Alberto Presti, como ministro de Defensa —el primer militar en ese cargo desde la dictadura—y las declaraciones del canciller Alberto Baños en la ONU justificando políticas de mano dura. El gobierno de Milei está construyendo un andamiaje represivo destinado a enfrentar la conflictividad que generará el ajuste fiscal contemplado en el presupuesto 2026 y las reformas; laboral, tributaria, previsional y penal.
Te puede interesar: Designación de Presti en Defensa Un hijo de genocida como ministro
La creación de esta quinta fuerza aparece como un eslabón más de esta estrategia centrada en fortalecer el aparato represivo del Estado, al mismo tiempo que se recortan derechos sociales y se profundizan las consecuencias de la recesión económica. La reforma del Código Penal que se discute en paralelo, completa este cuadro al pretender criminalizar la protesta social y habilitar la persecución política de opositores.
Un proyecto inviable y sin sustento
Más allá de su gravísimo significado político, la implementación concreta de esta Policía de Fronteras se topa con obstáculos prácticos insalvables. Fuentes de las fuerzas de seguridad consideran “impracticable” la idea de fusionar efectivos de Gendarmería, Prefectura, policía Federal y Aeroportuaria. Cada fuerza tiene formación, doctrina y convenios internacionales específicos que hacen inviable su reconversión genérica.
Tampoco existe claridad sobre el financiamiento de este megaproyecto represivo. En un contexto donde las fuerzas de seguridad existentes están cubiertas de deserciones masivas por bajos salarios—con efectivos que deben trabajar como repartidores o conductores de aplicaciones para complementar sus ingresos— puede ser complicado que el gobierno pueda costear la creación de una quinta fuerza. El presupuesto 2026 no contiene partidas específicas para esta iniciativa, lo que sugiere que se trata más de un anuncio propagandístico que de un proyecto serio.
A pesar de los tecnicismos en los que se puede mover el funcionamiento de estas fuerzas, la verdadera función de este anuncio es el de enviar un mensaje de mano dura a la base electoral del gobierno, mientras distrae la atención sobre los fracasos en materia de la seguridad pregonada. Bullrich, deja una gestión marcada por el ingreso y egreso impune de criminales como los autores del triple femicidio de Florencio Varela o la visita no detectada del vicepresidente de Irán, por nombrar algunos de los casos más resonantes.
Frente a esta avanzada autoritaria, se vuelve imprescindible la unidad de todos los trabajadores, sean migrantes o no, para rechazar una iniciativa que busca dividir a la clase trabajadora y normalizar prácticas represivas propias de regímenes fascistas. La defensa de los derechos de los migrantes y la oposición a esta nueva fuerza policial son parte inseparable de la lucha contra el ajuste y por las libertades democráticas. La más amplia movilización puede detener este proyecto que, de concretarse, significaría un retroceso histórico en materia de derechos humanos.
