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En un giro retórico impresentable, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cargó contra supuestos “espías rusos” y hasta una “incidencia de Venezuela” como autores de las filtraciones en Casa Rosada. Al mismo tiempo, negó que haya solicitado un allanamiento al periodista Jorge Rial, pese a existir constancia formal de esa petición. Las estrategias del gobierno buscan desviar el foco del escándalo y criminalizar el periodismo, en un momento en que debería responder por las denuncias de corrupción.
“La culpa es de los rusos” (¿o de todos menos del oficialismo?)
Bullrich calificó las grabaciones filtradas como una “impresionante maniobra de inteligencia” y deslizó que Rusia, y posiblemente Venezuela, están detrás.
“Denunciamos a personas ligadas a servicios de inteligencia rusos. Sabíamos que podría haber incidencia de Venezuela”, dijo, agregando que la grabación “la pudo hacer cualquiera”
Lejos de explicar el contenido que compromete a funcionarios oficiales, eligió poner el foco en supuestos conspiradores externos, construyendo una narrativa de victimización política que evita corresponsabilidades internas.
Burlando su propia versión: el pedido de allanamiento
Bullrich negó en vivo haber solicitado el allanamiento a Jorge Rial, pero el hecho ocurrió y los periodistas lo leyeron en vivo dejándola en ridículo: su ministerio impulsó formalmente esa medida contra periodistas que difundieron los audios de coimas vinculados a Karina Milei y Diego Spagnuolo. La contradicción es evidente: un intento de censura judicial avalado por el Estado, luego negado públicamente.
Las declaraciones de Bullrich siguen un guión claro. Ante un escándalo de corrupción que involucra a la cúpula del gobierno, el plan es desviar la atención hacia supuestos enemigos externos y acusar al periodismo de operar en su contra. Esto, mientras gestiona una cautelar para bloquear la difusión de los audios.
El resultado es preocupante, se alimenta el autoritarismo y se habilita el avance sobre libertades democráticas fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a informar.
Las contradicciones de Bullrich no surgen del caos, sino de una estrategia política deliberada. En lugar de rendir cuentas, el gobierno carga culpabilidad sobre un fantasma geopolítico. Mientras tanto, el periodismo queda bajo presión judicial. Esto confirma el diagnóstico: el escándalo no es aislado, es sistémico, y apunta a preservar impunidad política y silenciar voces críticas.
Contra la corrupción de Karina y el régimen que la encubre
Ante el escándalo de corrupción que salpica directamente a Karina Milei y a la cúpula oficialista, resulta imprescindible conformar una comisión investigadora verdaderamente independiente del poder político, integrada por personalidades con probada integridad, que pueda llegar hasta el fondo de los hechos, identificar a todos los responsables y asegurar que reciban sanciones efectivas: cárcel e inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos.
Sin embargo, está claro que la presión institucional no alcanza sin la fuerza de la calle. Solo una movilización masiva, con millones de personas organizadas, puede torcer la impunidad de una casta que ajusta brutalmente a jubilados, trabajadores y áreas esenciales como discapacidad, mientras se disfraza de adalid del “equilibrio fiscal”. La realidad es que, detrás del discurso de austeridad, los libertarios usan el Estado como caja propia. Ninguna justicia ni democracia real será posible mientras esta camarilla siga saqueando al país en nombre de la “libertad”.
