Hoy el derecho al aumento salarial de les trabajadores del Estado se encuentra condicionado. El gobierno de Kicillof en acuerdo con los gremios estatales ataca el régimen laboral de 30 horas, ofreciendo una bonificación del 125% al salario solo a aquellas y aquellos trabajadores que acepten pasar al régimen laboral de 40 horas semanales. Es decir, que el aumento de salario está supeditado a la condición de trabajar más horas, lo que constituye no solo un acto sumamente extorsivo ante la necesidad de las familias trabajadoras, sino que también es violatorio de principios y derechos constitucionales.
Cabe recordar que el antecedente de esta medida se encuentra en el reclamo histórico de las y los trabajadores de los registros civiles de la provincia, quienes exigían el 125% de aumento salarial, y el gobierno termina ofreciendo como “premio” este aumento solo a las y los que se encontraban bajo el régimen de las 40 horas, ello en complicidad con ATE y UPCN que lo vendían como triunfo.
Con esta decisión ahora generalizada a todo el sector estatal de la Provincia de Buenos Aires, se intenta nuevamente “premiar” a quienes trabajen más horas, cuando en el derecho laboral rige un “principio de progresividad o no regresividad” que plantea la idea en la letra de la ley -más allá que dentro del capitalismo no se cumpla- que en materia de derechos laborales y sociales no se puede retroceder, sino siempre avanzar en mejores conquistas para les trabajadores. En este caso están incorporando una norma que está por debajo de la Constitución, de los tratados internacionales y recomendaciones de la OIT, porque fomenta que les trabajadores aumenten su carga horaria deteriorando su nivel de vida a cambio de más fomentos.
Además, el aumento que se propone tampoco alcanza para revertir la situación apremiante de las y los trabajadores estatales, no solo porque es falso ya que el porcentaje de aumento en términos reales en relación al aumento horario no es tal; sino que además se siguen manteniendo salarios por debajo de la canasta familiar básica.
Mientras en el mundo se debate ir hacia jornadas de trabajo más cortas, el gobierno de Kicillof impone la flexibilización laboral “premiando” a quien trabaje más, en un ataque abierto a las condiciones laborales y a la calidad de vida de quienes trabajan. No es un avance en materia de derechos laborales, sino un grave retroceso. Aquellas y aquellos que trabajen 40 horas van a tener más beneficios que los que trabajen 30 horas, quedando estos en condiciones salariales inferiores, lo cual vulnera el “principio de igual remuneración a igual tarea”, también de carácter constitucional.
Asimismo, es importante decir que el régimen de 30 horas está basado en la necesidad del Estado de organizar las tareas de manera tal que permita la rotación, evitando la superposición de estas y de las personas en los ámbitos laborales. Esto es muy importante, ya que veníamos de espacios y ámbitos laborales colapsados, haciéndose más evidente aún en contexto de pandemia donde se vuelve indispensable mantener el distanciamiento, la ventilación y la presencia mínima de trabajadores por lugar de trabajo.
Los sindicatos deben rechazar este laudo negrero y establecer ya una lucha contra este avance hacia nuestros legítimos derechos, completamente anticonstitucional y que viola tratados internacionales. Cuando hablamos de derechos legítimos, referimos a derechos adquiridos; la jornada laboral de 30 horas es uno de ellos. Por lo tanto exigimos que la bonificación 125 sea extensiva a quienes opten por mantenerse en ese régimen horario.
Esta propuesta es extorsiva y está implementada como un premio a la explotación, y no como el pago relativo a más horas trabajadas. La ministra Mara Ruiz Malec habla públicamente de su intención de reducir las jornadas laborales mientras ejecuta lo contrario, una doble moral constante del gobierno provincial y nacional.
Desde Alternativa Estatal creemos que las distintas juntas internas, cuerpos de delegado/as, trabajadores y los sectores combativos, deben convocar a todos los estatales de la provincia a realizar un reclamo común mediante un comunicado, conferencia de prensa, medidas de lucha, etc.
Reclamamos aumento salarial acorde a la canasta familiar, valuada hoy aproximadamente en $ 102.000 y rechazamos el aumento de la jornada laboral a 40 horas.
Entendemos que esta medida se da en el marco de un ajuste provincial, que ya se viene expresando en paritarias cerradas a la baja, achiques de presupuestos en salud, educación etc. para poder pagar la deuda que dejó el macrismo.
Un ataque realizado a espaldas del conjunto de estatales provinciales
Denunciamos que este acuerdo se consumó entre algunos gremios y el gobierno sin respetar la participación de las representaciones gremiales del sector.
La mayoría de las representaciones de la oposición y otras como el sindicato de salud del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad fueron directamente ninguneados y excluidos de la participación de las reuniones, lo que viola todos los derechos de representatividad sindical.
Rechazamos la forma en la que las conducciones gremiales se vienen manejando a espaldas de les trabajadores, sin convocar a asambleas generales o plenarios de delegados/as resolutivos para respetar la voz y decisión de las bases. En este sentido, exigimos que el CDP de ATE convoque a una asamblea abierta de trabajadores para debatir cómo enfrentamos este cercenamiento a nuestros derechos y qué mandato llevar a la próxima instancia de revisión paritaria.
Con esta lógica extorsiva, la bonificación 125 no representa un aumento salarial ni un pago justo por más horas trabajadas; sino una rebaja objetiva del valor hora en un 30% aproximadamente, y no impacta directamente en las jubilaciones, sino que deberán cumplirse los 3 años para poder percibir algún aumento.
Los salarios estatales son los más castigados durante la pandemia
Lo que realmente necesitamos es la incorporación de todas las bonificaciones al básico, terminar con las sumas no remunerativas, un aumento que recupere lo perdido ante la inflación y que se incorpore una cláusula gatillo ante la misma.
Ante el anuncio de regreso a la presencialidad, creemos que en este contexto de Covid y expansión de nuevas cepas no están garantizadas las condiciones sanitarias mínimas. Venimos denunciando hace años las pésimas condiciones laborales por el deterioro de edificios, la falta de ventilación, calefacción en invierno y refrigeración en verano. El deterioro de las condiciones laborales se incrementa en este contexto de pandemia y por el incremento horario.
El gobierno atenta contra la salud de miles de trabajadores que deben asistir sin el cumplimiento de ambas dosis de vacunas.
El incremento horario profundiza la disparidad de género
Una gran mayoría de estatales son mujeres, sobre las que por razones culturales recae la crianza y cuidado de adultes mayores y familiares enfermes, con esta recarga horaria salen completamente perjudicadas.
Denunciamos que mientras el gobierno se llena la boca hablando de derechos para las mujeres y disidencias, y de garantizar la igualdad, por otro lado atenta contra elles con decisiones concretas.
Y así como convocamos a la unidad de todos los organismos, juntas internas y delegados combativos a debatir medidas en común para que se revierta esta decisión, también decimos que les trabajadores somos los únicos que sabemos que esta crisis no la generamos nosotres, y que nos quieren hacerla pagar. Pero también nos animamos a hacer política para cambiar de verdad. Por eso hay que apoyar a la izquierda, que lucha y también se presenta a las elecciones. Estas propuestas forman parte de nuestro programa en el Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad.
Desde Alternativa Estatal y ANCLA queremos fortalecer y hacer más grande a la izquierda, sin sectarismos ni dogmatismos. Por eso decimos (R)Evolucionemos la Izquierda.
Alternativa Estatal, La Plata