Durante el pasado lunes, el ministro de Economía, Sergio Massa, se reunió con los representantes de los principales bancos del país y acordó un nuevo canje de deuda en pesos. A los vencimientos del segundo trimestre de 2023 -por títulos equivalentes a $ 7 billones- Massa estaría por patearlos hacia delante, el año próximo y el 2025, buscando ganar aire pero sin solucionar el problema de fondo. En concreto se sabrá si la maniobra del ministro se concreta luego de la apertura de licitación para los bonos que se hará entre los días 9 y 15 del presente mes.
Lo que el tigrense en este caso está negociando es una parte de la deuda pública en pesos. Se trata de dos canastas de bonos, una que incluye exclusivamente títulos ajustados por inflación (CER), y una segunda con una combinación de 70% ajustados por CER y 30% de bonos duales -que ajustan por inflación o tipo de cambio-. Por las informaciones oficiales del Palacio de Hacienda, los bonos que se buscarán renovar tienen como titulares a organismos públicos y entidades privadas, fundamentalmente bancos, aunque también hay otros inversores institucionales como fondos de inversión y empresas aseguradoras.
Con los siguientes nombres se titulará a los bonos a licitar: BONCER TX23, LEDES S31M3, S28A3, S31Y3 y S30J3, LECER X21A3, X19Y3 y X16J3, BONO DÓLAR LINKED TV23 y BONO DUAL TDJ23.
Massa argumentó esta nueva maniobra diciendo: “Bajar el gasto público de nuestra parte descomprime la idea de tener que andar permanentemente buscando financiamiento o buscando adelantos transitorios del Banco Central”. No es más que una muestra de partes. El titular de Hacienda busca reducir el déficit fiscal para cumplir una de las tres metas acordadas con el FMI tras el traspié en la acumulación de reservas. Con la nueva deuda se busca cubrir lo que no se alcanza a ajustar, pero asegurando cuantiosas ganancias al capital privado con tasas de interés inexistente en el mundo, como son los índices de inflación local o la tasa de devaluación mensual de esta moneda. De esta forma, alentando la timba financiera, se va generando una deuda imposible de pagar, que además funciona con vencimiento a muy corto plazo.
Para sintetizar, contrario a lo que el gobierno hizo con la nueva fórmula jubilatoria que estableció ni bien asumió, el Frente de Todos dispone darle a los bonistas títulos indexados a la inflación (bonos CER) y, por otro lado, también ofrece otros títulos que están atados a la inflación pero también a la devaluación del peso, haciendo valer para los intereses el índice que más incremente en el mes. En el último caso, por más que estemos hablando de deuda en pesos, la tasa de interés está prácticamente atada al valor del crecimiento del dólar.
El apalancamiento de la deuda, más allá de las reuniones de Massa y el guiño de parte de un sector del capital financiero, no esperan que sea del 100% en la próxima licitación. Si bien sí piensan que la mayor parte de los organismos públicos renovaran sus títulos, sólo esperan que participe entre un “entre un 45 y 50% de los bancos” para considerar exitosa la operación. Un número bajo, considerando la entrega del gobierno que además cuenta con la garantía de que los bonos podrán ser vendidos al BCRA en cualquier momento a precio garantizado; y de esta forma evitar para los bonistas pérdidas en caso de una espiral de crisis en la deuda local.
Mientras las paritarias se buscan cerrar a la baja, en un 60% y con un índice trucho de inflación, mientras los piqueteros son ajustados y los jubilados corren igual suerte, el Frente de Todos cierra su último año de gobierno con una práctica similar a la del Messi de las finanzas, Luis “Toto” Caputo.
Una muestra más del doble discurso del gobierno, que en este caso encuentra su literalidad en una de las tantas falsas promesas de Alberto Fernández: “Entre los bancos y los jubilados, yo me quedo con los jubilados”.