Este jueves 8 de febrero, por la mañana, el gobierno nacional a través de un comunicado del Ministerio de Economía, que es conducido por Luis Caputo, anunció que se: “ha decidido disminuir el subsidio a las empresas prestatarias (oferta) de Jurisdicción Nacional”. Y además agrega que: “se elimina el Fondo Compensador del Interior, cuyas sumas también eran recibidas por empresas prestatarias de los servicios del resto del País, o sea, fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)”.
Luego de haber dado luz verde días atrás a un aumento del 251% del boleto, ahora tomaron esta medida que impactará en todo el interior del país. Las cámaras empresariales del transporte, ya amenazan con que el boleto en algunas provincias podría alcanzar el valor de $1.500.
Como venía amenazando Milei, esta es una medida que va en la dirección de “fundir a las provincias” por no haber aceptado en su totalidad la Ley Ómnibus que finalmente se vio truncada antes de alcanzar media sanción. Sin embargo, esto que dice el presidente, esconde la esencia de fondo. El tarifazo que pagaran todos los trabajadores y sectores populares del interior. Lejos de afectar a los gobernadores, el nuevo incremento en los boletos impactaría de lleno en las economías de las familias trabajadoras y para nada tocaría los privilegios de la casta, como le gusta decir a liberfacho. Este episodio, además, se da luego de otro aumento del 251% que afectó al AMBA.
Las ganas de afectar a los usuarios por parte del gobierno no son ilusiones de este medio, sino una confirmación de hecho por parte del vocero presidencial. Luego de darse a conocer la medida dijo: “Por supuesto va a repercutir en tarifas”. Y, cínicamente, remató: «el objetivo de todo esto es la equidad».
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Nada de lo planteado es una solución real para los usuarios y los trabajadores de conjunto. La solución en sí no es ninguna quita de subsidios, sino que esas partidas estatales son manejadas por los empresarios que usan al transporte como un curro. Paralelamente a los aumentos, todas las empresas redujeron sus flotas y cortaron la frecuencia. Esta política, hay que decir que no es nuevo ni ninguna ocurrencia de La Libertad Avanza, sino una conclusión de algo pactado por los anteriores gobiernos como lo remarca el comunicado de Caputo: “estas decisiones guardan coherencia con el Pacto Fiscal que Gobernadores Provinciales y Gobierno Nacional firmaron en 2017 y 2018, donde se comprometían a eliminar progresivamente los subsidios diferenciales en materia de transporte”.
La solución es directamente estatizar el servicio bajo el control de los trabajadores, usuarios y técnicos, para manejar los fondos de forma democrática, invirtiendo en infraestructura para el servicio, mejores salarios y condiciones laborales para garantizar realmente el derecho.
Por otro lado, vale destacar que esta medida también significará otro ataque más al bolsillo de las mayorías trabajadoras. Cuestión por la cual, urge que la CGT y las CTA convoquen a un nuevo paro general y un plan de lucha para enfrentar esta avanzada empresarial que el gobierno respalda y terminar con la destrucción de los salarios que, mes a mes, se van esfumando.