Nosotres, estudiantes de las carreras de Letras, Bibliotecología y otras carreras de la FAHCE UNLP, impulsamos esta declaración e invitamos a nuevos sectores a sumarse. Queremos expresar nuestro más enérgico rechazo ante el desmantelamiento de la biblioteca ubicada en la planta baja de la Casa Rosada, perpetrado el 17 de junio de 2026, noticia que trascendió a la sociedad ante el espanto de trabajadores que observaron cómo se desechaba el acervo bibliográfico de la Secretaría Legal y Técnica de la Nación, arrojando libros al piso en lo que se convirtió en una imagen de destrucción del patrimonio documental del pueblo argentino.
Lo que ocurrió
la semana pasada, un video que se viralizó en redes sociales mostró cómo el gobierno de Javier Milei procedió a vaciar una biblioteca de referencia jurídica que funcionaba en el corazón mismo del Poder Ejecutivo. Los libros fueron retirados a toda velocidad y apilados de manera precaria, mientras trabajadoras y trabajadores del organismo se mostraban visiblemente consternados ante la escena. La justificación oficial no tardó en aparecer: el material “será digitalizado” y guardado bajo la custodia del Boletín Oficial, y el espacio podría destinarse a reforzar la seguridad del edificio. Sin embargo, hasta la fecha no existe ninguna comunicación formal, ningún plan concreto de digitalización, ninguna garantía de acceso futuro a esos materiales.
Esta biblioteca no era un depósito ornamental. Albergaba antecedentes legislativos, compilaciones jurídicas, decretos y reglamentaciones que las y los trabajadores de la Secretaría Legal y Técnica consultaban cotidianamente para la redacción y revisión de normas. Era, en términos propios de nuestra disciplina, una colección especializada viva, funcional e irreemplazable en soporte físico.
Antecedentes: una política que no es nueva
Esta acción no puede leerse de manera aislada. El ataque a las bibliotecas públicas y populares como política de Estado tiene antecedentes claros en Argentina, que es necesario señalar para entender la dimensión de lo que ocurre hoy. Durante la gestión de Mauricio Macri, en 2018, la Biblioteca del Congreso de la Nación fue utilizada públicamente como chivo expiatorio del “mal gasto estatal”. El propio presidente la señaló con nombre y apellido para justificar recortes en la administración pública.
El resultado fue concreto: en apenas seis meses, la institución redujo su planta de personal en casi 300 empleados y recortó un 13% de su presupuesto anual. La que hasta entonces era la biblioteca más grande de Sudamérica, con seis sedes y servicio las 24 horas del año, fue sometida a un ajuste que la debilitó estructuralmente.
Más tarde, el gobierno de Alberto Fernández no deshizo ninguna de estas medidas, por el contrario, desatendió la problemática de las bibliotecas nacionales, generando un periodo de estancamiento en el que tampoco se revirtieron las medidas anteriores y las bibliotecas siguieron enfrentándose a los problemas que ya arrastraban, desamparadas por el gobierno nacional. Ese era el modelo: atacar simbólicamente una institución cultural para hacer del ajuste algo que suene razonable. La lógica no ha cambiado.
El gobierno de Milei, profundizando esa orientación política, fue más lejos desde el inicio de su gestión. En enero de 2024, el proyecto de Ley Ómnibus del Ejecutivo incluyó entre sus artículos la derogación del Fondo Especial de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP), que sostiene a más de 1.500 bibliotecas en todo el país. Eso implicaba también la eliminación de las tarifas reducidas en servicios públicos para las bibliotecas populares, la franquicia postal, los beneficios impositivos y el financiamiento para mantenimiento, personal y actualización de colecciones. En otras palabras: la muerte anunciada de cientos de instituciones culturales, fundamentales en pueblos pequeños y sectores populares urbanos, donde muchas veces la biblioteca es el único espacio gratuito de acceso al conocimiento.
La digitalización como mentira
Ante cada cuestionamiento, la respuesta del poder es la misma: “se va a digitalizar”. Quienes estudiamos Letras, Bibliotecología y Ciencia de la Información y otras carreras afines, sabemos que esa promesa, cuando no viene acompañada de un plan técnico, presupuestario y de acceso concreto, no es una solución: es una excusa.
La digitalización responsable de un acervo especializado requiere personal capacitado, equipamiento adecuado, metadatos normalizados, plataformas de acceso público, políticas de preservación digital a largo plazo y marcos legales que garanticen la consulta. Nada de esto fue anunciado. Lo que sí se sabe es que el espacio físico donde funcionaba la biblioteca ya tendría una nueva función asignada.
No se digitalizan bibliotecas para preservarlas. Se las vacía para liberar espacio, y se dice “digitalización” para que nadie proteste. Es una estrategia que hemos visto antes: usar el lenguaje de la modernización tecnológica para encubrir la destrucción de bienes comunes.
Por qué nos importa
Preservar esta biblioteca no es un capricho. Es una fuente clave para la defensa de los derechos consagrados en la legislación vigente y para la preservación de la Memoria, justamente en un país donde aún sigue pendiente el reclamo -tras 50 años del Golpe cívico-militar- de la apertura de los archivos del Estado, la iglesia y otras instituciones responsables.
La pérdida de acceso físico e inmediato a ese acervo afecta directamente estas causas. Pero más allá de lo funcional, lo que se destruyó el miércoles 17 de junio fue un espacio de trabajo colectivo, de consulta cotidiana. Eso no se recupera con un PDF.
Las y los estudiantes de Letras y Bibliotecología sabemos que las bibliotecas no son simplemente depósitos de libros. Son instituciones de memoria, de acceso igualitario al conocimiento, de soberanía cultural. Cuando un gobierno las cierra, las financia menos o las vacía con la excusa de digitalizarlas, no está siendo eficiente: está buscando el camino de la consolidación de la des-memoria, el negacionismo.
Exigimos:
- La restitución inmediata del acervo de la biblioteca de la Secretaría Legal y Técnica en un espacio de acceso público.
- La presentación de un plan concreto y auditado de digitalización, con plazos, estándares técnicos y garantías de acceso público.
- El abandono de toda medida de desfinanciamiento de la CONABIP y las bibliotecas populares del país.
- La reparación presupuestaria de la Biblioteca del Congreso de la Nación y de todas las instituciones bibliotecarias públicas que sufrieron recortes desde 2015.
- El reconocimiento explícito del patrimonio documental del Estado como bien común inalienable, no como activo a rentabilizar ni como costo a eliminar.
Las bibliotecas como trinchera
Quienes formamos parte de estas disciplinas tenemos una responsabilidad específica: nombrar con precisión lo que ocurre cuando se destruye infraestructura de conocimiento. No es modernización. No es eficiencia. Es desinversión en el Estado, en la cultura y en los derechos de todas las personas a acceder al conocimiento colectivo. Nos solidarizamos con las trabajadoras y los trabajadores de la Casa de Gobierno que vivieron con dolor ese desalojo. Y reafirmamos que las bibliotecas, todas las bibliotecas, son territorio que no cederemos.
Lautaro Gaia
