Mientras el gobierno de Javier Milei insiste con el relato del ajuste y la falta de recursos, salen a la luz créditos del Banco de la Nación Argentina otorgados a funcionarios y legisladores por cifras millonarias. Una postal que expone, una vez más, la brecha entre el discurso oficial y los privilegios de la casta que gobierna.
No hay libertarios gratis
En medio del discurso oficial de austeridad y recorte del gasto público, una nueva polémica sacude al gobierno de Javier Milei: funcionarios, asesores y legisladores oficialistas accedieron a créditos hipotecarios del Banco de la Nación Argentina por montos que alcanzan hasta los 350 mil dólares, según datos surgidos de registros oficiales del sistema financiero.
Lejos de tratarse de casos aislados, el listado incluye a figuras clave del equipo económico, como Federico Furiase y Felipe Núñez, junto a otros funcionarios y dirigentes del oficialismo que accedieron a préstamos millonarios en condiciones que ahora están bajo cuestionamiento. Mientras desde el banco aseguran que no hubo irregularidades y que los créditos siguieron criterios “homogéneos”, crecen los pedidos de investigación por posibles tratos preferenciales y conflictos de interés.
El escándalo expone una contradicción de fondo: mientras el gobierno insiste en que “no hay plata” para salarios, jubilaciones o políticas sociales, sectores de la propia administración acceden a financiamiento privilegiado desde una banca pública que debería estar orientada a resolver las necesidades de la mayoría. Para amplios sectores políticos y sociales, se configura así una verdadera “ventanilla de privilegios” para la cúpula del poder, en un contexto donde el crédito para trabajadores y pequeños productores sigue restringido.
Más allá de la legalidad formal de las operaciones, el problema es político y estructural. El uso de recursos públicos para beneficiar a quienes toman decisiones sobre el propio sistema financiero pone en cuestión la transparencia del Estado y refuerza un modelo donde la riqueza y las oportunidades se concentran en los mismos sectores que impulsan el ajuste. En ese marco, la exigencia de investigación no solo apunta a esclarecer responsabilidades, sino a desnudar un esquema donde la “libertad de mercado” convive con privilegios para unos pocos y ajuste para las mayorías.
