En un mal momento político para el gobierno por el escándalo de las vacunas VIP, encima le acaba de caer una dura sentencia de cárcel contra Lázaro Báez, uno de los grandes empresarios más amigos del kirchnerismo.
En una causa con 27 imputados, a Báez le dieron 12 años de prisión y una multa de 2.000 millones de pesos por el delito de lavado de activos agravado. La causa es por maniobras de lavado de dinero por unos 55 millones de dólares en la financiera ilegal SGI, conocida como La Rosadita, por la que además Báez quedó debiendo cuando la compró. Al “valijero” Leonardo Fariña, como colaboró aportando datos a la causa, le dieron una condena menor: cinco años. Además han condenado a los cuatro hijos de Báez y a varios colaboradores y asociados a sus empresas.
A partir del 26 de abril Baéz y los demás condenados podrán apelar las sentencias ante Casación y es probable que todo termine en la Corte Suprema.
El fallo del Tribunal Oral Federal Nº 4, de Comodoro Py, no fue unánime. Para el juez Costabel -ligado al macrismo- y la jueza Palliotti, el dinero lavado proviene de ilícitos en la obra pública en Santa Cruz, lo cual involucra directamente a Cristina Kirchner. En cambio para la jueza López Iñíguez, que también propuso penas duras pero algo menores, la plata proviene de evasión al fisco en IVA y Ganancias.
De lo que nadie duda es que Báez lavó dinero y que para ello montó empresas fantasma y “cuevas”. Su propia defensa admitió en el juicio que sacó fondos a Suiza a través de sociedades armadas en Panamá. Pero según esta versión, eran ganancias limpias que él retiró de su empresa, Austral Construcciones…
Investigación independiente
Los grandes medios amigos del macrismo lograron imponerle a la causa de Báez un nombre intencionado: “la ruta del dinero K”. Pero hay una base: si se sospecha que la plata lavada por un alto empresario K proviene de las millonarias obras públicas que le adjudicó el gobierno provincial K, tampoco zafan muy fácil.
Nombres aparte, en esta causa penal y otras similares se juegan fuertes intereses políticos. Del lado macrista, utilizando las presiones judiciales, de la AFI y mediáticas a su alcance, enchastrar lo más posible al kirchnerismo. Y del lado K, obviamente, salir de la imputación lo más airosos posible.
¿A quién creerle en estos casos? El Poder Judicial sabemos que no es independiente: a los jueces los designa el Consejo de la Magistratura, integrado y supeditado al poder político. Así, los lazos y compromisos mutuos entre política y justicia son múltiples. El llamado lawfare es la injerencia política en la justicia. Y en estos casos en general actúa además el aparato de servicios secretos, que espían y montan operaciones y carpetazos para presionar según tal o cual interés de turno.
En ese marco, la reforma judicial que propone Alberto Fernández busca reducir el poder de los jueces federales de Comodoro Py, que acumulan las causas por corrupción. Pero es sólo una descentralización organizativa, no una democratización real. La solución para transparentar todo es disolver la AFI y demás “servicios”; democratizar la justicia para que a los jueces y fiscales los elija el pueblo y así cortar su dependencia del poder político, y ante los casos de corrupción formar una comisión investigadora independiente, con personalidades intachables y plenos poderes para actuar a fondo.
La corrupción con la obra pública, que es un mal endémico del capitalismo, abarca a los K, a Macri y cruza todos los gobiernos. Ejemplos sobran. Y requiere al menos dos lados del mostrador: el empresariado adjudicatario y el funcionario político adjudicante. Una comisión investigadora independiente, sin compromisos con ninguno de esos sectores, es el único mecanismo democrático que permitiría llegar a la verdad y luego dictar las penas que correspondan para hacer justicia, sin impunidad, operaciones ni favoritismos políticos.