Mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía de Luis Caputo dio el paso formal para iniciar el proceso de privatizar el 90% de la empresa de agua y saneamiento. Se estableció un plazo de ocho meses para concretar la venta del paquete accionario principal, lo que revive el fantasma del fracaso del proceso privatizador de los 90.
El Gobierno nacional puso en marcha de manera oficial el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). A través de la Resolución 1198/2025 del Ministerio de Economía, firmada por Luis Caputo, se le encomendó a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas la contratación de un banco estatal para tasar el paquete accionario y se fijó un plazo perentorio de ocho meses para concretar la venta de, al menos, el 51% de la compañía a un “operador estratégico” mediante licitación pública nacional e internacional. Actualmente, el Estado nacional posee el 90% de las acciones.
La medida, que ya había sido autorizada por el DNU 493/2025 del 23 de julio, busca transferir el control de la empresa que provee agua potable y cloacas a 10 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense. De acuerdo con las palabras del vocero presidencial, Manuel Adorni, el objetivo para el gobierno, como sostiene en cada uno de estos procesos, es “modernizar el sector y mejorar tanto el precio como la calidad del servicio”.
Según la resolución, la valuación del paquete accionario quedará bajo la órbita de un banco público. En caso de que este no pueda hacerlo, se contratará a un privado, aunque este quedará inhabilitado para participar luego en la licitación. En el proceso de venta, la Agencia deberá vender un paquete mayoritario a un “operador estratégico” en ocho meses. El remanente de acciones se venderá en los mercados de valores locales. Por otro lado, la Secretaría de Obras Públicas será la encargada de elaborar toda la documentación licitatoria y el contrato de concesión. Además, según lo publicado en la resolución, la Secretaría, en este periodo, se encargará de asegurar la continuidad del servicio.
Todos estos cambios se enmarcan en el cambio regulatorio del DNU 493/2025, publicado en julio, el cual, no solo habilitaba la venta, sino que introduce modificaciones en la lógica del servicio.
- Cortes por mora: Se elimina la prohibición de cortar el servicio a usuarios residenciales morosos. Ahora, tras 60 días de deuda y una intimación, la empresa concesionaria podrá suspender el suministro por completo. Para usuarios no residenciales (comerciales, industriales) el plazo se reduce a 15 días.
- Aumentos tarifarios: Se establecen revisiones trimestrales automáticas para que las tarifas sigan la inflación, más la posibilidad de aumentos extraordinarios por costos imprevistos.
- Endeudamiento: Se permite a la empresa usar los ingresos futuros de la concesión como garantía para tomar deuda.
El fantasma de los 90
Durante el menemismo ya se llevó adelante una experiencia similar en el mismo rubro. Junto con el paquete de privatizaciones, en ese momento fue Obras Sanitarias de la Nación la que pasó de ser controlada por el Estado a quedar bajo manos privadas del grupo francés Suez, y pasó a llamarse Aguas Argentinas. Como todo proceso privatizador, la experiencia derivó en una combinación de tarifazos y un servicio deplorable que llegó a su fin en el año 2006.
El esquema planteado por este gobierno no dista en nada de la experiencia de los 90. La lógica libertaria busca consolidar un negocio privado a costa del acceso a un servicio público esencial, como lo es el agua potable. La conversión de este derecho humano en una mercancía sujeta a la lógica de la rentabilidad solo traerá aparejado un nuevo cuadro tarifario inaccesible para las mayorías, cortes por deudas y daño estructural en el acceso al agua, además de una ola de despidos en la planta de trabajadores de esta empresa.
Para enfrentar este modelo de desmantelamiento en sectores estratégicos, necesitamos un AySA 100% estatal bajo el control de sus trabajadores y usuarios. Solo de esta manera, una empresa encargada de algo tan esencial como garantizar el acceso al agua y su saneamiento, podría trabajar para que el servicio alcance a todos los rincones del país y no caiga en la lógica del mercado.
