El cuarto mes del año comienza con incrementos en tarifas, transporte, prepagas y alquileres, en un contexto de caída del poder adquisitivo y creciente presión inflacionaria.
Precios que no dejan de subir
El inicio de abril trae consigo una nueva ola de aumentos que impactará de lleno en el costo de vida. Luz, gas, transporte, combustibles, alquileres y servicios vuelven a subir, configurando un escenario donde la inflación sigue golpeando mientras los ingresos permanecen rezagados. Lejos de ser un fenómeno aislado, estos incrementos reflejan el rumbo económico del gobierno de Javier Milei, que descarga el peso del ajuste sobre las mayorías.
En el rubro del transporte el golpe es directo. En el AMBA, el boleto mínimo de colectivo para usuarios con tarjeta SUBE registrada en la provincia de Buenos Aires pasará a costar $873,37, con un aumento del 4,9%. En la Ciudad de Buenos Aires, el valor será de $715,26 para usuarios nominados. Pero la situación se vuelve aún más regresiva para quienes no tienen la tarjeta registrada: en territorio bonaerense, el pasaje base saltará a $1.388,66 y puede alcanzar los $1.903,85 en los tramos más largos.
A esto se suman nuevos aumentos en los servicios básicos. Las tarifas de electricidad vuelven a actualizarse con subas en cargos fijos y variables por parte de las distribuidoras, mientras que en el área de Edesur un usuario residencial de altos ingresos deberá afrontar un cargo fijo de $1.393,73 para consumos básicos. En paralelo, el agua tendrá un incremento del 4%, según lo dispuesto por el ente regulador. Aunque se mantiene un descuento del 15% para sectores de menores ingresos, el impacto general sigue siendo una presión constante sobre los hogares.
El sector de la salud privada también suma su parte al ajuste. Las empresas de medicina prepaga aplicarán un nuevo incremento del 2,9% en sus cuotas —el cuarto en lo que va del año—, con firmas como OSDE, Galeno, Swiss Medical y Omint encabezando las subas. salud vuelve a encarecerse.
En el mercado inmobiliario, la situación no es menos grave. Quienes tengan contratos de alquiler bajo la ley anterior deberán afrontar aumentos anuales del 33,3%, impulsados por el Índice de Contratos de Locación (ICL). Esto profundiza una crisis habitacional que ya expulsa a miles de familias del acceso a la vivienda, en un escenario donde los precios están completamente desregulados.
El panorama se completa con los combustibles, que siguen marcando el pulso de la economía. En la Ciudad de Buenos Aires, la nafta súper ya superó los $2.000 por litro en algunos surtidores, y su evolución queda atada a las fluctuaciones del precio internacional del petróleo. Este aumento no solo impacta en quienes tienen vehículo, sino que se traslada a toda la cadena de precios, encareciendo alimentos y bienes esenciales.
El argumento oficial habla de “sincerar” la economía, pero ese sinceramiento tiene un solo sentido: trasladar costos a la población mientras se liberan precios y se garantizan condiciones de rentabilidad para las empresas. En este esquema, los servicios básicos dejan de ser derechos para convertirse en mercancías cada vez más inaccesibles.
Todo esto ocurre en un contexto donde los salarios siguen perdiendo frente a la inflación. La caída del consumo interno ya se refleja en la actividad económica, con comercios que venden menos, industrias que reducen su producción y un mercado laboral cada vez más precarizado. El ajuste no ordena la economía: la enfría a costa de las mayorías.
Los aumentos de abril son de un modelo que redefine quién paga la crisis. Mientras se multiplican los tarifazos y se encarecen las condiciones de vida, las grandes empresas siguen asegurando sus ganancias y el Estado actúa como garante de ese esquema.
Abril no es solo el inicio de un nuevo mes, sino la continuidad de una política que profundiza el deterioro social. Y frente a este escenario, queda cada vez más claro que la discusión no es solo cuánto aumentan las cosas, sino quién decide y a quién beneficia ese modelo económico.
