Córdoba se ha convertido en uno de los epicentros de contagios de COVID-19, la desidia estatal y el abandono de parte del gobierno nos ha traído hasta acá, en una situación agravada por el alto nivel de transmisibilidad de la variante Omicron.
Las patronales privadas cometen todo tipo de abusos, se multiplican las denuncias de trabajadores y trabajadoras de locales comerciales y gastronómicos donde se incumplen los protocolos, se obliga a trabajar a los contactos estrechos de casos positivos. Para eso cuentan con la complicidad de las autoridades y la falta de controles. El gobierno de Schiaretti fue el primero a nivel nacional en flexibilizar los protocolos y acortar los períodos de aislamiento. Evidentemente prima la ganancia empresarial (por ejemplo de la hotelería y el turismo) y la conveniencia del gobierno de turno por sobre la salud.
Jugando a los dados con la salud de la población
Los centros de testeo se encuentran desbordados para hacer frente al crecimiento de los casos; ayer jueves 30 de diciembre se registraron 11.820 nuevos casos, 6.104 correspondientes a Córdoba capital y 5.716 al resto de la provincia. El alto nivel de vacunación parece haber atenuado los efectos de esta nueva ola del virus y no hay una gran cantidad de casos graves sólo hay 221 enfermos en camas críticas lo que representa el 6,3% del total de las disponibles en la provincia. Pese a eso el crecimiento en el número de internaciones sigue y todavía estamos frente a una variante nueva con lo imprevisibilidad que eso significa. De continuar el crecimiento de contagios de esta manera, no se puede descartar el riesgo de estrés y hasta colapso del sistema sanitario.
El desgaste del personal de salud es altísimo y la respuesta del gobierno fue aprovechar los momentos en que la pandemia “aflojó” para reducir personal dando de baja contratos, trasladando a otras tareas parte del personal de contingencia y demás.
Ahora suben los contagios entre el personal de salud poniendo el riesgo la posibilidad de incluso sostener las guardias, por ejemplo en la Manzana de Salud Mental (donde funcionan el Hospital Neuropsiquiátrico, el Centro de Rehabilitación Socio Laboral, la Casa del Joven y el IPAD, Instituto de Alcoholismo y Drogadicción) se registran 40 casos activos y más 110 en el Hospital de Niños.
Frente a esto el gobierno llega al extremo de exigir a profesionales y trabajadores de salud que se presenten a trabajar incumpliendo los protocolos. Así lo denunciamos penalmente desde UTS, al saber que el martes 29 habían convocado a un médico a tomar guardia en el hospital Neuropsiquiátrico pese a que llevaba 6 días de aislamiento (los protocolos indican siete) el último test que se había realizado era positivo y aún tenía síntomas.
Esto no es un caso aislado, se trata de una muestra de la política gubernamental de maltrato a los trabajadores de salud y el nulo interés por la salud de la población. En el mismo sentido van los maltratos que denuncian los trabajadores y trabajadoras de los vacunatorios (mal llamados “voluntarios”) y el intento de establecer una guardia única de salud mental, debilitando la atención en el IPAD y el Neuropsiquiátrico las dos instituciones monovalentes de la ciudad.
En respuesta a estas medidas y frente a la falta de personal desde el área de salud mental hemos definido hacer un paro con jornada de protesta para el martes 4/1.
Cambiar de rumbo
Es necesario y urgente cambiar la política sanitaria poniendo el eje en preservar la salud de la población y los trabajadores de salud como venimos reclamando desde nuestro gremio.
Para eso hace falta tomar las medidas que venimos reclamando las y los trabajadores:
- un régimen de guardias con modalidad “espejo” en todos los establecimientos dependientes de este Ministerio, para reducir los posibles contagios de COVID-19;
- un protocolo de actuación y cuidados que se elabore con la participación de las y los trabajadores, que ponga en el centro el cuidado de trabajadores y usuarios del sistema de salud;
- incorporación urgente de personal para dar respuesta a las difíciles condiciones creadas por el aumento de contagios, continuidad laboral del personal de salud contratado para asistir durante la pandemia por Covid-19 y regularización con pase planta de todos los precarizados (incluido el personal de los vacunatorios).
Es necesario tomar este camino antes de que la situación se complique más, para enfrentar la realidad tal cual es y no de acuerdo a la conveniencia de algunos empresarios.
Gastón Vacchiani–Secretario General de la Unión de Trabajadores de la Salud.