Hoy comenzó el debate en la Cámara de Diputados para la aprobación del proyecto de presupuesto 2023, que Sergio Massa ideó con el FMI. La semana pasada, cuando se consiguió el dictamen para el tratamiento de la ley de leyes, conjuntamente con el recorte presupuestario en términos reales del 15% a la educación -entre otras áreas claves como vivienda, asistencia alimentaria y salud-, se conoció que un artículo establecía que, a partir del próximo año, los jueces, los fiscales y los empleados judiciales pagaran el impuesto a las ganancias.
Como era de esperar, con el aval de la Corte Suprema de Justicia, los jueces enrolados en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) empezaron a mover sus influencias políticas para que no se vean afectados sus privilegios. En el día de ayer fueron recibidos por la Comisión de Presupuesto de Diputados, donde esta vez tuvieron una respuesta negativa a la idea de eliminar el artículo que obliga a que paguen ganancias. Sin embargo, no todo termina allí, ya que también pautaron una reunión con Cristina Fernández de Kirchner para el próximo miércoles, día en donde la Cámara baja ya va tener media sanción o no del presupuesto. Reunión que puede ser el inicio de una negociación de la vicepresidenta con este poder, ya que la votación final del presupuesto en el Senado recién estaría pensada para mediados de noviembre.
El articulado que apareció en el proyecto de presupuesto muy lejos está de ser una medida progresiva con la que el Frente de Todos buscase, al menos, limitar el poder de los magistrados. Las palabras de Marcelo Casaretto, diputado entrerriano por la coalición de gobierno, en la Comisión de Presupuesto de Diputados deja a las claras que esto no es más que un pedido para que los jueces sean “solidarios”. Con la obligación de cumplir con el Fondo, las restricciones fiscales que el organismo impone para el país, también provocan rispideces hacia el interior del régimen político local y esta es una de las muestras.
Privilegios versus salarios
Por estas horas se suscitan debates acerca de lo que es un salario y lo que es un privilegio. Mientras los trabajadores argentinos, hoy subsumidos en el fenómeno de estar empleados y ser pobres no llegan con sus ingresos al valor de la Canasta Básica de $ 128.000 calculada por el INDEC; ala vez, en una realidad paralela dentro de la Argentina acuciada por la miseria, los jueces muestran ingresos onerosos. Como lo indica la Corte Suprema de Justicia, el ingreso básico de uno de sus integrantes equivale a $1.113.000. En tanto que un juez de Cámara y de Cámara de Casación percibe entre $ 920.000 y $ 960.000 mensuales. Tales datos, que corresponden a septiembre de este año, se pueden corroborar aquí y aquí.
Marcelo Gallo Tagle, presidente de la AMFJN y amigo de sectores ligados a Juntos por el Cambio es quien está saliendo al cruce y apuntando contra la medida por su falta de “marco legal”. Entre los argumentos que se esgrimen desde esta casta, está que los ingresos que perciben son los que garantizan la independencia del Poder Judicial, que hoy en día es de lo más putrefacto y adicto a los negociados. Son los millones mensuales los que generan una situación social y económica propicia para que los jueces y fiscales se vuelvan un engranaje más de los negocios capitalistas.
Dentro de esta discusión vale hacer una distinción. Como era de esperar, con esta medida los diputados del Frente de Todos aprovecharon para gravar con el mismo impuesto a los trabajadores del Poder Judicial. El argumento para que ingresen es que los demás trabajadores lo pagan. Sin embargo, el impuesto a las ganancias, que surgió como medida apuntada hacia los gerentes empresariales y aquel que cumpla alguna función jerárquica en alguna patronal fue aplicado de manera regresiva a los trabajadores. Los salarios no representan ningún tipo de ganancia, que es lo que las empresas generan con el trabajo que no es remunerado a los trabajadores que tienen empleados. En este sentido, hay que rechazar la afección contra los empleados del Poder Judicial, como así también impulsar la eliminación de este impuesto al salario para todos los trabajadores en actividad y jubilados.
Cambiar algo para no cambiar nada
La pelea por parte del gobierno con el “partido judicial” ya se resume a un pedido para que sean más generosos en tiempos de crisis. Que los funcionarios y jueces de la Justicia hayan cobrado tal nivel de autonomía y hoy presenten tal nivel de resistencia ante una medida mínima, no solo es responsabilidad de Juntos por el Cambio, quien directamente se jacta de haber armado mesas judiciales. Durante los gobiernos peronistas, este es uno de los ejemplos, no se ha hecho nada para cambiar esta matriz. Los proyectos de reforma tampoco apuntaban a terminar con los privilegios de esta casta e incluirlos en el cobro de ganancias, algo correcto; tampoco significa impulsar una política para que los jueces y fiscales cobren los mismo que una directora de escuela.
Todo el presupuesto 2023 va a seguir abriendo debates sobre las desigualdades manifiestas que cada vez se tornan más burdas. En este caso, desde el MST en el FIT-Unidad entendemos que la manera ir contra la casta judicial es con una reforma que aplique la elección de los jueces por vía del voto popular, y que a la misma vez sean cargos revocables ante algún tipo de incumplimiento en su función. Como así también nos llama a un debate sobre el régimen impositivo actual, donde los que más pagamos somos los que menos tenemos por vía de impuestos como el IVA, mientras que sectores millonarios como los jueces permanecen con sus privilegios intactos. Este debate justo, entre otras cosas, también buscó opacar la necesidad de rechazar un presupuesto de ajuste diseñado por el FMI, para que todos nuestros recursos generados estén destinados para el pago de la fraudulenta deuda externa.