El pasado miércoles, el Ejecutivo hizo público un nuevo decreto que modifica una reglamentación de 1995 que prohibía la compra y tenencia de armas semiautomáticas.
Mediante el Decreto 397/2025, publicado en el Boletín Oficial, el gobierno de Javier Milei desreguló la compra y tenencia de armas semiautomáticas para civiles y efectivos de las fuerzas de seguridad bajo un régimen especial.
Con la firma del presidente, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se derogó una prohibición vigente desde 1995, durante el segundo gobierno del menemismo. Según la nueva normativa, la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) habilitará el uso de este tipo de armas para actividades deportivas.
“Establécese un régimen de autorización especial para los actos de adquisición y tenencia de armas semiautomáticas alimentadas con cargadores de quita y pon, símil fusiles, carabinas o subametralladoras de asalto derivadas de armas de uso militar de calibre superior al .22 LR, peticionados por los legítimos usuarios de armas de fuego“. De esta forma, la ANMAC, organismo dependiente del Ministerio de Seguridad, podrá autorizar a legítimos usuarios, el uso civil condicional para la adquisición y tenencia de armas.
Pero este decreto también modificó la Ley de Armas y Explosivos, permitiendo que las fuerzas de seguridad, el servicio penitenciario y las FF.AA. autoricen la tenencia y portación de armas de sus efectivos, tanto en actividad como en retiro.
Esta nueva regulación no viene sola: desde 2024, el gobierno ha impulsado una línea de flexibilización en la obtención de armamento. El año pasado, redujo de 21 a 18 años la edad mínima para tramitar la Credencial de Legítimo Usuario de armas. Además, el mes pasado se habilitó un trámite de “Tenencia Express” para facilitar el acceso al permiso de tenencia de armas de fuego, aplicable tanto a civiles como a miembros de las fuerzas de seguridad que compren en armerías, ya sea armas o municiones de todo tipo.
Según datos oficiales, en el país existen 260.348 legítimos usuarios con 739.124 armas registradas. Al mismo tiempo, hay 479.225 permisos vencidos, que corresponden a 814.608 armas alguna vez registradas y cuyo paradero se desconoce. Es decir, de aproximadamente un millón y medio de armas en el país, más de 800.000 están en la clandestinidad.
La promoción de la venta de armas bajo un gobierno de ultraderecha dista de ser beneficiosa para los trabajadores y los sectores populares. Esta propuesta de Milei y Bullrich tampoco es la solución al problema de la inseguridad. Dicha desregulación debe analizarse desde otra óptica y en su contexto: una avanzada autoritaria que otorga nuevas atribuciones a las fuerzas federales, aumentando su discrecionalidad represiva.
Hace pocas semanas se registró un nuevo caso de gatillo fácil, donde un policía fuera de servicio asesinó a un niño. La modificación de la Ley de Armas y Explosivos en este decreto es otra flexibilización que ampliará la impunidad de estas instituciones armadas.
Sumado a estos casos, es importante señalar que esta desregulación se da en un momento donde el gobierno aplica una avanzada represiva, donde se habilitan las razias, y el espionaje digital sin la necesidad de órdenes judiciales. Medidas que ya se pusieron en marcha el pasado miércoles.
Si realmente se quiere combatir la inseguridad, como afirma el Ejecutivo, este no es el camino. Esta medida solo alimentará el aumento de acciones delictivas en una sociedad afectada por la crisis económica. Para desarticular la inseguridad, además de terminar con la corrupción entre fuerzas represivas, la Justicia y la política, deben atenderse los problemas que afectan a la población trabajadora.
Mantener los programas económicos impuestos por el FMI hace esto imposible. Reorientar los recursos que se fugan para garantizar salud, educación, vivienda y empleo es fundamental. Mientras no se aborden estas cuestiones integralmente, los únicos beneficiados con estas desregulaciones serán el gobierno, las organizaciones delictivas y el empresario de la industria armamentística.