Desde el Observatorio de Argentinos por la Educación se advierte que para garantizar el acceso al jardín de infantes faltan 24 mil aulas, y el mayor déficit se encuentra en la sala de 3 años, donde hacen falta 17.399 aulas.
En Argentina la educación es reconocida como un derecho y el Estado, tanto nacional como provincial, debe asegurar la igualdad, gratuidad, laicidad y el acceso a todos los niveles del sistema educativo en el ejercicio de este derecho para toda la población que vive en el país.
Sin embargo, nos encontramos ante un número alarmante: dos de tres niñas y niños son pobres o privados del acceso a la educación. Y si bien la sala de 3 años no es obligatoria, la Ley N° 27.045 de 2014 establece que los gobiernos deben garantizar su universalización, es decir, facilitar el acceso para la población que lo demande. De acuerdo a las estadísticas, el acceso a una educación temprana no está siendo garantizado, por lo que todo lo demás cae.
“La evidencia es contundente: la posibilidad de ir al jardín de infantes marca una diferencia sustancial en el futuro de cada alumno. Los datos muestran que garantizar el acceso al nivel inicial de todos los niños repercute en mejores trayectorias educativas, aprendizajes más robustos y habilidades sociales más desarrolladas. Por eso es tan importante invertir en el nivel inicial”, afirma Melina Furman, investigadora del CONICET y de la Universidad de San Andrés.
Si bien con la recuperación del rol principal del Estado como responsable y garante hubo avances cuantitativos y cualitativos en las reformas curriculares y formatos institucionales, aún nos encontramos en un contexto de retracción de políticas públicas y de ajuste económico, discutiendo, por ejemplo, la obligatoriedad de la sala de 3 y la profesionalización de la docencia.
La discusión compromete en gran parte al Estado como principal responsable, por eso es necesario preguntarnos cuál es el rol del Estado como garante del derecho a la educación inicial
Porque si repasamos la historia, nos damos cuenta de la larga desigualdad en el acceso a la educación inicial y el reconocimiento del docente como profesional que es necesaria revertir.
Es que más allá de la construcción de aulas, el impacto positivo de la educación temprana no radica solo en el acceso, sino en la calidad de la misma. Ahondar sobre el reconocimiento del docente como profesional y las cuestiones que surgen dentro de las salas, permiten poner en tela de juicio lo que subyace a la Ley N° 26.206.
Podemos puntualizar entonces tres cuestiones que hoy impactan de lleno en el nivel inicial: falta de infraestructura, violencia laboral, privatización.
La creciente comercialización y privatización del sector es la mayor amenaza para el derecho universal a la educación. Se está adecuando la misma educación a los principios y prácticas del mercado, generando importantes deudas en la regulación nacional para el nivel.
La controversia hoy, entonces, pasa también por reconocer que dejar la educación a merced de las fuerzas del mercado implica desconocer que ésta es un derecho reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En todo el mundo los intereses empresariales pretenden transformar todos los niveles de la educación, desde la primera infancia hasta la educación superior, en un mercado más con ganadores y perdedores. Las condiciones de trabajo en el sector se van deteriorando a medida que los modelos de gestión del sector privado se aplican a las instituciones educativas. Corriéndose el riesgo de que, a medida que las escuelas privadas de bajo coste y baja calidad se extienden rápidamente, los gobiernos se desentiendan de su responsabilidad de garantizar el derecho a la educación para todos y todas.
Luego de la pandemia de COVID-19 se ha exacerbado esta tendencia que amenaza con transformar la educación en una mercancía y dar prioridad a los beneficios sobre la calidad de la enseñanza.
“La educación es el punto en el cual decidimos si amamos el mundo lo suficiente como para asumir una responsabilidad por él”, escribió Hannah Arendt hace más de 60 años.
Es crucial que el nivel inicial pase a formar parte de la agenda educativa, que cuente con el financiamiento estatal que asegure no solo la creación de escuelas o aulas infantiles, sino que también se disponga de los espacios y materiales didácticos suficientes, una alimentación adecuada y, no menos importante, personal de apoyo suficiente, condiciones laborales dignas, capacitación y formación amplia para les docentes del nivel.
Desde la perspectiva de Pablo Pineau, es indispensable poner el énfasis sobre los derechos de los sujetos antes que sobre los intereses de los sujetos.
Como educadores y educadoras, la prioridad es hacia nuestro alumnado por encima de los beneficios. Por ello, es necesario exponer y cuestionar las políticas y las prácticas de los gobiernos, las organizaciones intergubernamentales y las instituciones financieras internacionales que socavan la educación pública y los derechos y la condición del personal docente.
Desde Alternativa Docente venimos planteando la necesidad de eliminar los subsidios estatales a la educación privada y a la educación confesional, para redirigirlos a la educación pública. Asimismo, planteamos la necesidad de desconocer la fraudulenta deuda con el FMI y utilizar esos millones para impulsar la construcción de viviendas populares, escuelas y hospitales, para generar más empleo y poner en pie un plan económico al servicio del pueblo trabajador. Para llevar estas medidas adelante necesitamos más unidad por abajo, con la docencia combativa. Necesitamos más y mejor izquierda.
María Luz Vicente, docente de nivel inicial y precandidata del FIT Unidad (MST-PO) a Consejera Escolar de La Plata.